Berriel asegura que la construcción de Tindaya está sujeta a las máximas garantías jurídica y ambiental
La construcción del proyecto Monumental Montaña de Tindaya está sujeta a la necesaria seguridad jurídica y a las máximas garantías medioambientales. Así lo manifestó hoy el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Ejecutivo autónomo, Domingo Berriel, en el Parlamento de Canarias, donde detalló de forma exhaustiva los pasos que se han dado y que se ejecutarán para hacer realidad la obra arquitectónica que diseño el escultor Eduardo Chillida para este espacio natural de Fuerteventura. “El Gobierno de Canarias ha realizado un complejo y tedioso esfuerzo para corregir los errores y acciones inadecuadas que se llevaron a cabo en el pasado”, apuntó Berriel.
El consejero incidió especialmente a lo largo de su intervención en el hecho de que el Gobierno estableció en su momento una hoja de ruta, de cuya corrección y pertinencia estuvieron en su momento convencidas todas las fuerzas políticas, que esta se ha venido cumpliendo escrupulosamente y que su ejecución requiere tiempo para poder realizarse con rigor, seriedad y transparencia. “Todos los pasos que hemos dado, han sido pasos necesarios”, recalcó Domingo Berriel.
Durante su comparecencia en el Pleno de la Cámara regional, el titular del departamento autonómico subrayó que la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto arquitectónico y de las Normas de Conservación del Monumento Natural de la Montaña de Tindaya representan los títulos administrativos necesarios que avalan la realización de la obra diseñada por el escultor vasco en Fuerteventura.
El consejero hizo hincapié en que el propósito del Ejecutivo autónomo es conseguir, en el menor tiempo posible y con la debida seguridad, que el Monumento de Chillida sea una realidad, “con independencia de perseverar, de modo paralelo e independiente, en todas las actuaciones judiciales emprendidas en su día, en aras de lograr la devolución de las cantidades que el Gobierno sigue considerando indebidamente abonadas”, aseveró el responsable autonómico, quien insistió en la viabilidad de la opción que baraja el Gabinete de Paulino Rivero de proceder a una concesión privada para la realización de las obras y explotación del Monumento arquitectónico.
El titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente recordó que la Declaración de Impacto Ambiental a la que se sometió al proyecto monumental no es una exigencia legal, ya que se trata de un proyecto cultural, sino que responde al interés del Ejecutivo autónomo porque esta iniciativa se ajustase al máximo respeto ambiental. “Con esta declaración se ha garantizado la total transparencia y adecuada participación ciudadana”, matizó el consejero, quien aludió al más de un centenar de alegaciones que fueron analizadas. El resultado del estudio ambiental fue la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental favorable condicionada, “un requisito, este último, habitual en las evaluaciones de esta categoría”.
Los condicionantes más relevantes recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental se refieren al patrimonio arqueológico y se traducen en la realización de un estudio en el que se programen excavaciones arqueológicas sistemáticas en todos los yacimientos especificados. El fin de esta medida, explicó el consejero, es perfilar las soluciones de aquellas actuaciones del proyecto que puedan incidir de forma negativa en la conservación de estos yacimientos y facilitar el desarrollo de los trabajos, eliminado los riesgos que pudieran repercutir sobre las unidades arqueológicas descubiertas o que se puedan detectar en el futuro”, aclaró el consejero.
Este estudio se convertirá en la base para la elaboración de un Plan de Actuación Arqueológica, que recogerá las medidas de protección y rehabilitación necesarias para garantizar su conservación.
Otra de las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental es la presentación, antes del comienzo de las obras, de un Plan de Vigilancia Ambiental en aras de lograr la máxima protección de los valores etnográficos y naturales de la montaña que justificaron que fuera declarada Monumento Natural.
Respecto a las normas de conservación de este espacio natural, Berriel recordó que el documento aprobado en 1997 permitía la realización del proyecto monumental, previsión que también contempla el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, aprobado en 2001.
Durante su intervención parlamentaria, se refirió a la adaptación de las normas de conservación al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, una revisión que fue aprobada de forma definitiva por la COTMAC el 26 de febrero de 2010.
Estas normas, resaltó el consejero, contemplan las medidas necesarias para compatibilizar la seguridad de los valores naturales de la Montaña de Tindaya con el desarrollo controlado de actividades asociadas al disfrute público y la divulgación cultural. El responsable autonómico matizó que, según establece el documento, es perfectamente compatible la ejecución del proyecto Monumental Montaña de Tindaya con la conservación del Monumento Natural.
Domingo Berriel apuntó que, además de cumplirse las exigencias ambientales y de planeamiento, la hoja de ruta de este proceso se completa con otras cuestiones necesarias para que el Gobierno de Canarias proceda a la licitación de la obra. Se trata de la valoración del alcance y posibles efectos de las relaciones contractuales anteriores que pudieran retrasar o entorpecer la contratación o ejecución de la obra, de la obtención de la autorización de la familia de Eduardo Chillida para el uso de su producción intelectual, además de disponer de los terrenos necesarios para la realización de la obra y sus accesos.
Respecto al contrato establecido en su día con las empresas que conforman la UTE adjudicataria (FCC CONTRUCCION, S.A. y ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., antes denominada NECSO, NTRECANALES CUBIERTAS S.A.) y con la que el Gobierno mantiene un litigio por incumplimiento del acuerdo contractual, Berriel resaltó hoy su disposición y compromiso de no entorpecer las actuaciones que el Ejecutivo autónomo considera necesarias para la adjudicación y construcción de la Obra Monumental de Tindaya.
En cuanto a la autorización necesaria para el uso de la propiedad intelectual de esta obra, el consejero dijo que en la reunión del pasado 18 de enero con la familia de Eduardo Chillida, que “siempre ha reiterado su disposición a la cesión desinteresada de la misma a Canarias”, se acordó por un protocolo para el desarrollo de las actuaciones preparatorias para la ejecución material del Proyecto Monumental en la Montaña de Tindaya.
En este documento, suscrito por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y la familia del escultor vasco, se estipula la “firme intención de agilizar los tramites que permitan el inicio material del proyecto, mediante la adecuada programación de las actuaciones que restan por concluir. Además de proclamarse la intención de constituir una fundación o una institución jurídica similar, a través de la cual, en su caso, se acometa la gestión del proyecto”, indicó el consejero.
Los otros aspectos contemplados en este protocolo son la elaboración de un Plan de Viabilidad Económico del proyecto, tanto para la ejecución de la obra como para su posterior explotación, el compromiso de remover los obstáculos o incertidumbres técnicas, jurídicas y administrativas que puedan interferir en el adecuado progreso de la ejecución de la obra y la definición de la fórmula jurídica idónea para la licitación de la ejecución y posterior gestión de la obra escultórica, de modo que quede íntegramente garantizado el respeto a la voluntad y derechos de propiedad intelectual del autor.
Domingo Berriel dijo que, además de la rúbrica de este documento, se constituyó una comisión mixta, cuya función es la agilización y materialización jurídica y técnica, en su caso, de los acuerdos adoptados.
El consejero también se refirió hoy a que el Cabildo de Fuerteventura ya ha adquirido parte de los terrenos necesarios para la construcción del proyecto y que prepara actualmente el expediente expropiatorio del resto de fincas que se requieren para materializar la obra arquitectónica y los accesos a la misma.