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La aplicación de la Ley de medidas urgentes permitirá rehabilitar más de 16.000 camas turísticas en Canarias

La aplicación de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo de Canarias ha permitido legalizar 225 explotaciones ganaderas y, a través de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística, propiciará la rehabilitación de más de 16.000 camas y treinta establecimientos turísticos complementarios.

Estas cifras forman parte de la respuesta ofrecida hoy por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en su comparecencia ante el Pleno del Parlamento autonómico, en la que resaltó que la Ley "ha permitido que numerosos proyectos de utilidad pública encuentren acogida en instrumentos de planeamiento habilitados con celeridad". Berriel explicó que la Ley de medidas urgentes permite a las instituciones superar determinadas limitaciones que habían establecido las Disposiciones Transitorias del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias y de la de Directrices, y que impedían, por ejemplo, continuar con la tramitación de Planes de desarrollo, sus modificaciones, o la revisión de determinaciones en Suelo urbano no consolidado o consolidable de Planes Generales.

 

En el caso del desarrollo del sector turístico, el consejero recordó que la Ley de medidas urgentes moduló la moratoria turística, prohibiendo durante 5 años a partir de su vigencia, clasificar nuevo suelo urbanizable sectorizado con destino turístico, es decir, que concretó el objetivo de no consumir suelo que no estuviera ya clasificado previamente para el turismo durante el quinquenio siguiente. Aunque, eso sí, la propia norma articulaba una decidida incentivación a las iniciativas de rehabilitación y renovación de las instalaciones e infraestructuras turísticas y a la mejora de la calidad de las explotaciones turísticas, al ofrecer alternativas al destino del suelo de uso turístico que tuviesen derechos urbanísticos consolidados, y hubiesen visto aplazada su ejecución en virtud de la moratoria.

 

Esta alternativa se ha visto concretada con el desarrollo de los denominados planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística, que prevén la realización de más de 80 intervenciones de rehabilitación en colaboración con la iniciativa privada, con todo lo que esto supondrá para la reactivación económica de las Islas y, en especial, para un sector tan afectado por el desempleo como el de la construcción.

 

En cuanto a las instalaciones ganaderas, el consejero responsable de la Política Territorial concretó que las 225 explotaciones ganaderas legalizadas pertenecen a aquellas que se establecieron sin título administrativo con anterioridad a la ley 9/1999, de 13 de mayo, de ordenación del territorio y que se mantienen en explotación. Esta regularización tiene especial importancia porque, en palabras de Berriel, "permite a los ganaderos contar con una mayor seguridad jurídica, además de acceder a las subvenciones de modernización y mejorar la competitividad de sus explotaciones, con lo que esto supone para los primeros implicados en la conservación de nuestro territorio".

 

En otras áreas de actuación la comparecencia de Domingo Berriel sirvió para conocer además que los Proyectos de Actuación Territorial que propicia la Ley de medidas urgentes servirán para habilitar 16 de los 23 parques eólicos adjudicados en Gran Canaria y cinco de los nueve adjudicados en Tenerife. Todas estas actuaciones realizadas al amparo de la Ley se completan además con numerosas modificaciones o revisiones del planeamiento que han permitido ya acciones tan diversas como la mejora de las instalaciones de un archivo histórico, la construcción de un museo, la recuperación de bienes etnográficos, o la construcción de viviendas de protección oficial, entre muchas otras.

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