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El PP vuelve a quedarse solo en el Senado en su rechazo a dos mociones de CC-AHI para frenar las prospecciones

Narvay Quintero logra el apoyo del resto de los grupos para exigir la paralización del proyecto de Repsol. El senador critica "la doble vara de medir del PP al paralizar las prospecciones en Málaga y ralentizar el expediente de Baleares". Quintero vuelve a reclamar que el Gobierno dialogue con las instituciones canarias y autorice la consulta

 El Partido Popular (PP) volvió a quedarse solo en el Senado en su rechazo a una nueva iniciativa de Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente (CC-AHI) para exigir al Gobierno del Estado la paralización de las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Narvay Quintero logró el apoyo del resto de los grupos parlamentarios de la Comisión de Industria del Senado, pero el PP volvió a apoyarse en su amplia mayoría absoluta para bloquear las dos mociones defendidas por el senado herreño en la sesión celebrada hoy en la Cámara Alta.

Quintero lamentó durante su intervención que “ni las manifestaciones celebradas en todas las Islas, la última de ellas el pasado sábado, ni los pronunciamientos en contra del Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, los seis Cabildos, y todos los Ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, han impedido que siga adelante un proyecto que cuenta con la oposición de casi toda la sociedad canaria”.

El senador herreño subrayó, a este respecto, que “la indignación es aún mayor si tenemos en cuenta que la autorización de los informes de impacto ambiental en Canarias han coincidido con la declaración negativa de otros expedientes abiertos en Málaga y Granada, y la ralentización de los expedientes de Baleares”. 

“La sensación que existe en Canarias”, agregó, “es que el Gobierno del Estado aplica, al igual que en otras políticas, una doble vara de medir en función de sus intereses en cada uno de los territorios”.

Quintero destacó que “los canarios decimos no porque con la explotación de petróleo asumimos todos los riesgos y todos los perjuicios y, a cambio, no percibimos ningún beneficio, y decimos no porque no estamos dispuestos a poner en juego el futuro físico de nuestra tierra, ni el futuro vital de más de dos millones de canarios ni de las futuras generaciones que vivirán en Canarias”.

“Afectaría a un recurso vital como el agua”

Quintero añadió que “nuestra oposición no solo tiene que ver con la protección de nuestra naturaleza. En el caso de un accidente, tendría consecuencias no solo sobre los fondos marinos sino también afectaría a un recurso vital como es el agua. A diferencia del resto de las comunidades autónomas, el suministro de agua dulce en las Islas Canarias se ve condicionado casi en su totalidad por la existencia de plantas de desalación. Este factor aumenta exponencialmente en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, en el que el agua desalada representa más del 90 por ciento. Ante un vertido, dejaríamos a sus más de 200.000 habitantes, además de la población flotante, sin suministro de agua potable durante un periodo indeterminado”.

El senador herreño advirtió que “un derrame como el que ocurrió en el Golfo de México hundiría la economía de una Comunidad como la canaria y sería un golpe de muerte al único sector económico de Lanzarote y Fuerteventura y al principal motor económico de las Islas”.

“Faltan a la verdad” con sus promesas sobre el empleo

Quintero criticó al PP, al Ministerio de Industria y a Repsol por “faltar a la verdad con sus promesas sobre los puestos de trabajo que se crearían en Canarias. ¿Cómo pueden generarse 3.000 ó 5.000 puestos de trabajo para apoyo de un solo barco de perforación con una tripulación a bordo inferior a 200 personas? Los mismos trabajos que un complejo hotelero”.

Quintero concluyó señalando que “la respuesta que ofrecemos los nacionalistas canarios, la vía que pone el Parlamento y el Gobierno de Canarias, con el apoyo de la inmensa mayoría de las instituciones canarias, es que el Gobierno del Estado autorice una consulta al pueblo canario. Tiene amparo legal, estatutario y constitucional pero, hasta el día de hoy, a pesar de haberse hecho los trámites que establece la legislación española, sigue sin recibir una respuesta del Gobierno”.

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