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El Cabildo de Lanzarote impugna la distribución del REF ejecutada por el Gobierno de Canarias

El Cabildo de Lanzarote ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicias de Canarias (TSJC) para solicitar la gestión del cien por cien de los fondos provenientes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y no del 42% como considera el Gobierno autonómico.

En concreto, la Primera Institución de la isla impugnó el pasado lunes, según se recoge en una nota de prensa del Cabildo, la Resolución nº 41 de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, del Gobierno de Canarias, de fecha 5 de agosto de 2010, relativa a la liquidación definitiva de los recursos que integraban el Régimen Económico y Fiscal de Canarias recaudados en el año 2009.

 

La posición de la isla de Lanzarote está basada en el artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Canarias el cual establece que “los recursos de las islas están constituidos por: c) los derivados del régimen económico-fiscal de Canarias”, por lo que se entiende que los tributos integrantes del REF corresponden íntegramente a las islas.

 Para el Cabildo de Lanzarote no existe lugar a dudas a la hora de afirmar que el Estatuto de Autonomía es una norma superior a la Ley autonómica. En este sentido se entiende que la segunda contradice a la primera por infringir el bloque de constitucionalidad y, en concreto, el Estatuto.

 Si se aplicara lo dispuesto en el artículo 50 c) del Estatuto de Autonomía la liquidación para el ejercicio 2009 correspondiente a Lanzarote ascendería a 59.250.619, 50 euros, y no los 34.365.359 euros como realiza la resolución del Gobierno de Canarias ahora impugnada. Desde la Consejería de Economía y Hacienda del Cabildo y sus servicios jurídicos se entiende que el Ejecutivo autonómico debió realizar un ingreso extra de 24.855.260 euros.

 Del mismo modo, el Cabildo de Lanzarote considera que la Resolución impugnada vulnera la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 9/2003 de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales de Canarias, al ser considerada como una garantía que trata de asegurar a las islas una asignación económica con la que hacer frente a los servicios que presta a los ciudadanos. A este respecto el Cabildo comprende que aplicando la mencionada Disposición la isla de Lanzarote debería percibir una liquidación de 43.819 euros y no, por el contrario, de 34.365.359 euros que es la que ha recibido al no aplicarse.

 

 

 

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