El Juzgado de Instrucción Nº2 declara la apertura del juicio oral del presidente y dos técnicos por la desaladora Montaña Roja

Pedro San Ginés asegura estar "deseoso de sentarme cuanto antes, para aclarar cualquier duda".  La entidad Club Lanzarote, entidad que denunció, se retiró de la causa hace un año, admitiendo públicamente en convenio que era ilícita la actividad de venta a terceros y asumía su incapacidad para vender. También la propia Fiscalía ha solicitado el archivo provisional de la causa

El Juzgado de Instrucción N.º 2 declara abierto el juicio oral al presidente del Cabildo y dos técnicos en relación con la entidad CLUB LANZAROTE, S.A, (Urbanización Montaña Roja), incautación de la desaladora.

En el mismo auto se recoge que 'el Ministerio Fiscal interesó el sobreseimiento provisional de las actuaciones', ahora continúa solo con la acusación popular.

El Juzgado de Instrucción Número 2 no ha estimado o no ha considerado válidas las alegaciones que remitían a dicha jurisprudencia y ahora con independencia de cuál sea el siguiente paso que determine la estrategia jurídica de la defensa, el presidente declara que "por mi parte, de lo que estoy es deseoso de sentarme cuanto antes, para aclarar cualquier duda. Tomé la decisión que consideré más adecuada y justa. La qué el secretario de la corporación y el asesor jurídico me indicaron previamente que era posible, legal y sin orden judicial, tal y como declararon en sede judicial, esto es la incautación de la desaladora".

Por todo ello,  Pedro San Ginés considera que "es imposible que se nos condene, podemos habernos equivocado, pero jamás hemos actuado a sabiendas de una injusticia, que es por lo que se nos acusa, por prevaricación".  Además añade que "considero que las dos únicas consecuencias para el interés general son: primero que hoy hay 5.000 vecinos que cuentan con una facturación legal y en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos de Lanzarote; y segundo que el Consorcio del Agua de Lanzarote dispone ahora de un canon de 400.000 euros, fondos que nos han permitido entre otras cosas subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera para que sea la más barata de Canarias".

Además, el presidente recuerda que "en su día actuamos compelidos reiteradamente tanto por el Diputado del Común, como por el Gobierno de Canarias, quienes venían denunciando al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote por inacción ante una actividad ilegal, la venta de agua a terceros sin control". Hecho que incluso el propio denunciante reconoció en su día cuando firmó el convenio, que no era lícita la actividad de venta a terceros y asumía su incapacidad para vender; accediendo por ello al pago del referido canon a las arcas públicas.

"Por último, la propia Fiscalía terminó por solicitar el archivo provisional de la causa y es por lo que sostengo que esto es un juicio político que contra todo pronóstico -si se celebra- será solo a instancias de la formación política Podemos y del que más allá de la preocupación de pasar por este trance expreso mi plena confianza en los tribunales", concluye el presidente del Cabildo.