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"Cómo puedo haber tomado una decisión a sabiendas de que era injusta, si tanto el secretario como el asesor legal han declarado que se podía incautar"

Pedro San Ginés: "La incautación de la desaladora de Montaña Roja ha beneficiado a 5.000 vecinos y a las arcas del Cabildo, que ahora dispone de un canon de 400.000 euros". Recuerda que la entidad denunciante ha reconocido que su actividad era ilegal, retirándose del caso, y que la Fiscalía solicitó el archivo provisional de la causa. "Cierto es que tanto el secretario como el asesor legal actuaron también compelidos por el Diputado del Común y el Gobierno de Canarias, quienes venían anunciando su intención de llevarnos a la Fiscalía por inacción ante una actividad ilegal"

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, compareció hoy miércoles ante los medios de comunicación para explicar su postura ante el auto del Juzgado de Instrucción Número 2 que ha declarado abierto juicio oral contra el presidente del Cabildo y dos técnicos en relación con la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

San Ginés reiteró su intención de "defender mi inocencia en los Juzgados" y subrayó "los beneficios para el interés general que ha supuesto la incautación, como es que ahora haya 5.000 vecinos de Yaiza que cuentan con facturación legal y en igualdad de condiciones que el resto de vecinos de Lanzarote, y que gracias al convenio firmado con Club Lanzarote el Consorcio del Agua dispone ahora de un canon de 400.000 euros que nos ha permitido, entre otras cosas, subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera para que sea la más barata de Canarias".

Cargos públicos y orgánicos de CC estuvieron presentes en la rueda de prensa del presidente para mostrarles su apoyo.

Recordó además que en el citado convenio "la entidad denunciante reconoce tanto su retirada del caso como que su actividad era ilegal y que no podía vender agua, lo que provocó que la propia Fiscalía solicitase el archivo provisional de la causa" .

El presidente insistió en que adoptó "la decisión que consideré más justa y adecuada", y en este sentido se preguntó "cómo puedo haber tomado una decisión a sabiendas de que era injusta, que es lo que significa prevaricar, si tanto el secretario de la Corporación y del Consorcio como el asesor legal externo del Cabildo han declarado en sede judicial que se podía incautar sin necesidad de informes, aunque lo hubo verbal, ni de orden judicial".

"Cierto es -añadió- que tanto el secretario como el asesor legal externo actuaron también compelidos por el Diputado del Común y el Gobierno de Canarias, quienes venían anunciando su intención de llevarnos a la Fiscalía por inacción ante una actividad ilegal"; y concluyó que "de manera objetiva, si esta causa se mantiene es exclusivamente por una acusación política, la del partido Podemos".

Comentarios  

#1 Que gracioso 08-11-2018 06:27
El pobre , no sabe que dar una patada a una propiedad privada es ilegal, y cunado el juzgado ordenó que se restituyeron? Por qué fue? Ay ay ay
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