Toca catarsis
El actual mandato político emanado de las urnas en las elecciones locales y autonómicas de 2007 está finiquitado, muerto y enterrado en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo de Lanzarote desde hace muchos meses.
El óbito tuvo lugar exactamente en el momento justo en el cual los avariciosos dirigentes del Partido Popular y los responsables del sector ladrillero de Coalición Canaria decidieron hacer pinza con los corruptos para arrebatar al PSOE los gobiernos de las principales instituciones públicas de Lanzarote.
Tras el estallido de la “operación Unión”, sin duda una de las tramas de corrupción organizada más sangrantes de cuantas acontecen en la actualidad en España, los socialistas lanzaroteños empleamos setenta y dos horas en expulsar a los miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), el partido de Dimas Martín, de los grupos gobernantes de las corporaciones de la isla. Conscientes de nuestra nueva situación de minoría política, ofertamos pactos decentes al PP y a CC, con el objetivo de lanzar un mensaje de sosiego y de dignidad a los ciudadanos que consistía en reafirmar un compromiso cívico irrenunciable según el cual ni el PIL ni el PNL podrían disponer, bajo ningún concepto, de acceso político al dinero público.
El llamamiento del PSOE para recargar de fuerza moral a las organizaciones políticas insulares no fue escuchado. Pedro Sanginés, tercero en la candidatura de CC al Cabildo de Lanzarote tras previas renuncias de compañeros de partido que no estaban dispuestos a revolcarse en el fango de la corrupción, aceptó los votos de Dimas y se convirtió en presidente, autocalificándose, a mi juicio de manera certera, como el “nuevo cantinero del chiringuito”. Cándido Reguera, desesperado por desplazar a los socialistas de la alcaldía de Arrecife y sin el más mínimo escrúpulo moral, se abrazó a los corruptos para convertirse en alcalde y a día de hoy ejerce sus labores como gestor inmobiliario de un empresario que quiere hacer negocios con el Islote del Francés y como promotor musical de conciertos ruinosos que amenazan con descalabrar las finanzas municipales.
Los sujetos públicos de tan vil artimaña política tienen nombres y apellidos: Pedro Sanginés, Cándido Reguera, Astrid Pérez, Dimas Martín, Jesús Machín, José Manuel Soria… Cuentan con un formidable aparataje de lavado de imagen, costeado por el dinero público, consistente en televisiones locales, emisoras de radio, semanarios y diarios digitales, y en este contexto mediático es posible contemplar casi todos los días a una extensa nómina de opinadores y tertulianos esponsorizados que alaban ad nauseam a los corruptos e injurian y calumnian a los dirigentes socialistas. En esta cohorte de “blackwater” a sueldo es factible identificar desde un editorialista beodo hasta un exaltado Pío Moa local, pasando por un redactor-jefe especializado en pasear al perro de su director a orillas del océano.
Moviendo hilos, siempre en la sombra, señalando a sus particulares medianeros en las instituciones los caminos a seguir, maniobran los verdaderos muñidores de la corrupción en Lanzarote en las últimas décadas. Uno de ellos, en la sombra física, auténtica, la que le proporciona la penumbra de su celda en la prisión Tenerife II, adonde lo envió un juez por corrupto, por ladrón, por prevaricador, por chantajista, y de quien hemos sabido, sumario de la “operación Unión” mediante, que la película de Robin Hood era falsa, y que lo que robaba a los ricos no era para los pobres, sino para él, y que el resultado de la ecuación garrula “cebollas x votos” no fueron “telecluses y más telecluses”, sino más bien un enriquecimiento canalla a costa del pueblo y una metodología política abyecta para instaurar en Lanzarote unas formas de hacer política basadas en el latrocinio, en el saqueo de las instituciones, en la asociación ilícita de malhechores y en la exigencia de que, si quieres hacer carrera , es imprescindible que te doctores cum laude en teoría y práctica delincuencial.
Los otros artífices de las tramas corruptas que asfixian la vida democrática en Lanzarote desde hace décadas también son fácilmente identificables, pues no en vano hace escaso tiempo desfilaron por los juzgados de Arrecife imputados por la comisión de delitos tan graves como la prevaricación, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y otros. Se trata de individuos cuya máxima se resume de manera simple: todo se compra y se vende en Lanzarote, y en ese pack se incluyen terrenos que habrá que recalificar, prestigiosos abogados, alcaldes y concejales, hoteles ilegales, bodegas sospechosas, periodistas lametones, caballos pura sangre, funcionarios públicos, empresarios sin escrúpulos y ejecutivos bancarios. Sin embargo, últimamente han tropezado con varias piedras molestas que funcionan como obstáculos que frenan sus prácticas corruptas: el PSOE, la FCM, las plataformas ciudadanas anti-corrupción, los medios de comunicación decentes o determinados funcionarios excesivamente celosos de su trabajo. En ese punto, por ejemplo, se inscribe el desmantelamiento de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo, anunciada por Dimas y un fiel e imputado servidor suyo con lenguaje porno-gore en el sumario judicial de la “operación Unión” y ejecutada con diligencia por el presidente-cantinero.
Se trata, sin duda, de un panorama desolador, que contribuye decisivamente al alejamiento de los ciudadanos de la política y de sus representantes. Un gesto de contundencia por parte de CC y del PP, aceptando la oferta socialista y desterrando a los corruptos y a sus jefes de las instituciones públicas de la isla habría contribuido a restablecer la confianza ciudadana y a condenar al ostracismo a nuestra particular N´dranguetta local. No fue así. Cándido Reguera optó por enchufar indiscriminadamente a veintisiete afines en el Ayuntamiento de Arrecife y denominarlos, con ironía y sin acritud, “asesores”. Pedro San Ginés y Astrid Pérez han colegido que la única solución para los Centros Turísticos es su privatización, mientras desprecian con toda la soberbia y toda la altanería de la que son capaces la aplicación de políticas activas y con visión de futuro, más allá de la caridad y la beneficencia pública con la cual entienden sus socios del PIL la puesta en marcha de iniciativas destinadas a mejorar la vida de la gente. Sus empleadores, su claque sufragada con fondos públicos, los jalean. En mayo de 2011 toca catarsis.
(*) Miguel González es diputado en el Congreso por el PSOE