Un comisario político en el PIOT
El grupo de gobierno que se ha hecho cargo del Cabildo de Lanzarote, tras el pacto indecente al que dio lugar la Operación Unión, y especialmente su presidente, ha dedicado los últimos días a exhibir de manera obscena la dependencia que mantiene con respecto a los señores del suelo.
Comenzó con la celebración del Día Internacional del Turismo. En su discurso institucional, el presidente exigió que no se demonizara a la clase empresarial, reproche que suele hacer frecuentemente al PSOE. Para el presidente, demonizar a la clase empresarial es decir alto y claro que las sentencias judiciales contra determinados alojamientos turísticos han de cumplirse. Aunque se diga también que por cada aprovechado, por cada infractor, hay cientos de promotores respetuosos con el ordenamiento territorial.
Olvida el presidente que en Lanzarote existen 5.945 empresas, de las cuales 5.850 tienen menos de cincuenta trabajadores. Olvida el presidente que el número de establecimientos turísticos que han visto anulada judicialmente su licencia supone aproximadamente un 3% del total y suma en torno a un 11% de las camas turísticas.
Pero no pretende sólo que sus empresarios de cabecera no sean demonizados. El presidente del Cabildo de Lanzarote les sigue el juego y pone la administración y el gobierno insular a su servicio.
Esa es la clave de la contratación del nuevo director insular llamado a dirigir la oficina del Plan Insular. El presidente no oculta la incomodidad que le provoca un departamento con criterio independiente, que informa a la luz de lo dispuesto por el Plan Insular y no en base a las necesidades de los infractores.
San Ginés no soporta que de la oficina del Plan Insular hayan salido los informes que demuestran la incompatibilidad con el actual ordenamiento territorial de las pretensiones de los señores del suelo.
Esa es la razón que justifica la contratación de un comisario político. Cuando la oficina del Plan Insular requiere urgentemente apoyo, en forma de contratación de nuevos profesionales que permitan reforzar y atender su ingente tarea, el presidente se saca de la manga la necesidad de un director insular que cobrará 70.000 euros al año, sin dedicación exclusiva, para, según sus palabras en el Pleno, solucionar la inseguridad jurídica que impera en la ordenación de Lanzarote.
¿Inseguridad jurídica? Se equivoca. Después de las sentencias no hay inseguridad alguna; hay total certeza de que algunos se saltaron la Ley. Hicieron desaparecer viales, invadieron zonas verdes, levantaron plantas de más, construyeron camas que no estaban permitidas.
¿Inseguridad jurídica? Se equivoca. Después de las detenciones, los registros y las investigaciones patrimoniales, existe la certeza de que un alcalde, como mínimo, se lucró y, lo que es más importante a estos efectos, hubo empresarios que obtuvieron sus licencias a cambio de dinero.
Cuando Pedro San Ginés tomó posesión, acusó a los socialistas de esconder oscuros intereses, ya que habíamos presentado una Iniciativa legislativa que permitía la vuelta a la legalidad, previa desclasificación de suelo, de parte de las edificaciones sin licencia, Remató la faena diciendo que no habría regularización sin consenso con el PSOE y que, en todo caso, para él no constituía una prioridad. Ahora se quita la careta y muestra sus verdaderas intenciones.
Los Socialistas de Lanzarote queremos responderle que el imperio de la Ley y el efecto de las normas están por encima de sus deseos de servir a los infractores, con o sin comisario político.
(*) Carlos Espino es secretario general de PSC-PSOE en Lanzarote