EDITORIAL del domingo ¿Crónica de una detención y un fallo anunciados?
Con la puesta en libertad del abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, volvían a la calle los cuatro detenidos relacionados con la Operación Jable del Caso Unión. El magistrado César Romero Pamparacuatro había dado una nueva vuelta de tuerca a un caso que se eterniza pero que sigue vivo. Las cuatro personas, dos residentes en Lanzarote, el propio Fernández Camero y el ex concejal Celso Betancort, y otras dos de fuera de la isla pero responsables de empresas que han contratado en la isla, están vinculadas con el Ayuntamiento de Arrecife. Además, tanto unos como otros han tenido que dar cuenta de presuntos viajes, comisiones y tratos de favor y todos han salido con su correspondiente etiqueta penal.
Realmente, este nuevo paso, donde también se volvieron a ver por el juzgado a los ya imputados Matías Curbelo y Jacinto Alvarez para participar en careos con los nuevos imputados, no ha aportado nuevas vías ni personajes. Simplemente, se ha detenido e imputado a las personas que ya salían descritas en informaciones que se conocieron ya a mediados de abril, cuando saltó con virulencia la operación Jable. Eso sí, para los protagonistas fue la confirmación de que aquello era algo más que una pesadilla de primavera.
El abogado del abogado, hijo del abogado, sentenció con nerviosismo, pero con contundencia, ante los medios de comunicación, que lo que le había pasado a su defendido, a su padre, era la crónica de una detención anunciada. Es cierto. Es así. Y si nos atenemos a la libreta de Jacinto Alvarez, que es algo así como el libro de cabecera del magistrado, no debe extrañarnos su comparecencia ante el juez. Está claro que si aparece como beneficiario debe comparecer como presunto. Así debería ser y así ha sido. Pero tampoco parece descabellado que ese joven tan nervioso como instruido, tan conocedor y exigente con la ley como próximo al inculpado, pueda tener razón cuando se queja de que ha “sido desproporcionada, abusiva e innecesaria”.
Sin pretender cuestionar la actuación, pero sí intentar buscar el equilibrio entre quienes acusan a Fernández Camero por ser él y quienes lo defienden por exactamente lo mismo, no parece tener demasiado sentido detenerle casi tres días antes de declarar sobre un tema que muy difícilmente le iba a coger de sorpresa porque ya se conocía públicamente. Además, una fianza de 100.000 euros puede dar la idea de que estuvo a punto de ingresar en la cárcel pero, a efectos prácticos, ya que la cantidad es importante pero no prohibitiva para el detenido, va a estar en la calle y podrá hacer exactamente lo mismo que si hubiese salido sin prenda alguna. A la cárcel, como a la muerte, o se va o no se va, pero nunca se está lo suficientemente cerca como para saber como es aquella otra vida o para perjudicarse de igual manera.
La actuación judicial de esta semana no produjo, ni mucho menos, la misma conmoción que en las anteriores en la Isla. Se sabía que el procedimiento estaba abierto, se esperaba que Romero Pamparacuatro se desplazara a Lanzarote y así ha sido. Después de más de 60 imputados y dos años desfilando detenidos por el Juzgado Nº 5 de Arrecife, la población se ha habituado. También el que fueran previsibles las detenciones y la mitad de ellas de directivos foráneos han hecho que el ruido fuera menor.
La cuestión, a estas alturas, ya no es si hubo o no corrupción. La respuesta es más que obvia. Lo importante ahora es que los imputados sean juzgados y los culpables condenados. Para ello es imprescindible que el proceso avance, que no se eternice, que tenga fin. Hace falta que se agilice la instrucción y que se inicie el juicio. Que haya culpables y condenas. Porque mientras no haya juicio, no habrá condenas. Y sin condenas, sólo hay presuntos. Y los presuntos se verán como culpables o inocentes según quién les mire. Además, cuanto antes se juzgue, más pronto se volverá a la normalidad y se restituirán los desperfectos causados. La mayor garantía para la justicia es que tanto la entrada como la salida en un caso se hagan con la percepción de que la vida es finita. La pena provisional eterna, ya sea por falta de medios o por no acotar debidamente, puede conllevar una distracción procesal que reste eficacia.
Y lo que nos importa es acabar con la corrupción. Que paguen los culpables, que se ventilen las dudas sobre los inocentes y se instale la cordura. Una cordura basada en el sentido común, en el bien general, pero también en el convencimiento de que quien la hace la paga. Con todas las de la ley, en tiempo y forma. Sin campañas mediáticas ni permitiendo que los viejos botines pasen a los nuevos exploradores. Vale con levantarse por la mañana y ver como se recoge la basura, de forma eficaz, ajustada a un pliego de condiciones y a una cantidad cierta. En caso contrario, estaríamos ante una crónica de un fallo judicial anunciado.