Gran Canaria y Tenerife se hacen más grandes

No conozco ningún problema concreto que se haya creado en Canarias que sea fruto de la triple paridad, esa suerte de sistema por el que las cinco islas menos pobladas tienen en el Parlamento de Canarias el mismo peso que las dos más pobladas. En cambio, sí recuerdos muchos problemas creados por el centralismo provinciano que anidó en las islas antes de que el estatuto buscara una respuesta a ese vasallaje permanente que ejercía el chicharrero y el canarión en su zona de influencia provinciana.

Tampoco creo que la modificación del sistema electoral, al margen de reducir los abusivos topes del 30% al 15% en la circunscripción electoral insular y del 6 al 3% en la regional, sea una necesidad prioritaria. Frente a los niveles de pobreza, las cifras del paro, el ombliguismo e incapacidad de nuestros políticos, el insularismo incontestable de las dos islas más pobladas, esa mayor representación de Gran Canaria y Tenerife en el Parlamento de Canarias me huele más a componenda de los poderosos, y ansias de representación de quienes son incapaces de conectar con la realidad de las otras islas, que a una verdadera aspiración democrática. Además, si miramos para el resto del Estado, ya sea el País Vasco o Cataluña, dos referentes de desarrollo nacional, también allí se busca más la integración territorial que la añorada por los partidos grancanarios y tinerfeños de un hombre un voto y que cada voto sume exactamente los mismos parlamentarios. Allí, que es un territorio continuo, pero con diferentes niveles de población, se acepta que su voto valga menos que el de la provincia vecina dos, tres o cuatro veces en beneficio de la vertebración de la comunidad. Aquí, que el territorio está fragmentado, que son islas, y vienen marcadas por un abandono secular, las menos pobladas tienen que confiar en las buenas intenciones de quienes históricamente concentraron poder y desarrollo en sus territorios insulares.

No tiene ningún sentido, salvo el especulativo de los propios partidos, ansiosos de rentabilizar mucho más su votos en las islas mayores, aunque sea en contra de la cohesión territorial. No es un problema de chicharreros y canariones con el resto de las islas. Que buenos están ellos para hablar de cohesión o de solidaridad territorial cuando no han desaprovechado oportunidad para ponerse zancadillas mutuas. Es, sencillamente, un problema metapolítico, que sólo interesa a los políticos y que sólo busca dar respuesta a sus propias necesidades. No hay más.

No he visto una manifestación de decenas de miles de personas ni en Gran Canaria ni en Tenerife reivindicando que su voto valga lo mismo que el de un lanzaroteño, gomero, o herreño. En cambio, sí he visto a miles de grancanarios y tinerfeños quejándose de las listas de espera sanitaria, de los bajos niveles educativos,  de la corrupción, y cientos de miles de ellos en las listas del paro sin subsidio ni nada esperando a las ocurrencias de los políticos. Pues a ninguno de esos problemas han puesto remedio. Y todos esos déficit están ahora por detrás, en la lista de prioridades de nuestros queridísimos políticos, de alargar el pesebre y meter, como mínimo, 10 parlamentarios más ( con sueldo, billetes, comisiones, dietas y demás prebendas) de los que nueve se los quedan ellos en Tenerife y Gran Canaria y uno va a parar a las islas menos pobladas, en concreto a Fuerteventura.

Ya está, todo arreglado. Se acabó con la triple paridad. Y la goleada ha sido de órdago: 9 a 1. Lo sorprendente es que eso se apruebe por un Parlamento donde las islas más pobladas tienen los mismos parlamentarios que las menos pobladas. Que parlamentarios de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palmas y El Hierro acepten que sus islas pierdan el principal instrumento equilibrador que tienen. Y que lo hagan por mandato de sus partidos y en contra de los intereses del territorio que dicen representar. Lo que viene a demostrar hasta qué punto es ficticio el debate del problema que crea la triple paridad. Todo es una larga mentira que sólo busca hacer descansar el control del  Parlamento, y con él del Gobierno, y con él del archipiélago, en los intereses concretos de dos islas. Hasta ahora, la partitocracia, asentada en Tenerife o Gran Canaria y ramificada en el resto del archipiélago, ha impedido que la mitad de los parlamentarios crearan algún problema a las islas más pobladas. Cuestión que en ningún momento han intentando. Tanto es así que no se conoce movimiento donde los diputados periféricos jugaran juntos frente a los centralistas, al margen de sus partidos regionales y centralistas. No hay ni una. En cambio, sí ha servido, esa búsqueda del voto en los territorios que ellos quisieran tratar como de "ultramar" para disminuir el nivel de los abusos seculares.

Esta apuesta por una alternativa más cara, más numerosa y menos representativa del conjunto de Canarias atiende sólo al interés electoral  de las propias organizaciones políticas. De aquellos partidos que creen que serán más fuertes dentro del Parlamento desviando esta cuota de representación de la periferia al centro.  Actitud que se ve reforzada con la incorporación de los dos nuevos partidos estatales que encuentran mejor respuesta a sus ofertas en las grandes ciudades que en espacios más pequeños y singulares.

 Será un cambio tan histórico como defraudador de las aspiraciones del conjunto de Canarias. Sólo basta ver lo que pretenden, y muchas veces hacen, en una aparente igualdad parlamentaria para esperar lo peor. Dicho queda.