MI ÚLTIMA PALABRA EN EL JUICIO DE LA PIEZA 12 DEL CASO UNIÓN

 Sr. Presidente,

Durante mi interrogatorio en el desarrollo del juicio me indicó que las preguntas las dejara para mi “última palabra”, espero que ahora me conceda sólo diez minutos para adherirme a lo manifestado por mi letrado y poder puntualizar las acusaciones vertidas por el Sr. Fiscal contra mi persona a través de su “brillante” escrito de acusación así como en sus floridas y agresivas intervenciones.

 Permítame que le diga, ya que el Ministerio Fiscal alude constantemente a mi condición de preso, recalcando la ejecutoria 183/2006 por la que fuí condenado a ocho años de privación de libertad –ampliamente cumplidos - y a una aparatosa responsabilidad civil, que la misma se encuentra en litigio a la espera de la decisión de los tribunales. El Ayuntamiento de Teguise, después de 15 años ocultándolo, ha tenido que liquidar la EMPRESA AGRÍCOLA Y MARINERA DE LANZAROTE, origen de la condena, sin que conste en su activo el crédito que se me reclama por responsabilidad civil, ya  que ni siquiera fue parte en el procedimiento, de lo que se desprende que ni hay responsabilidad civil ni delito de malversación. ¡¡¡LO QUE SIEMPRE SOSTUVE!!!

 La ejecutoria 183/2006, ni las otras por las que fui condenado, limitaron mi capacidad de ejercer el cargo de asesor político, escribir, comunicarme, comparecer ante los medios audiovisuales, trabajar, ocupar cargos orgánicos, etc. Si así lo hubiera estimado el tribunal sentenciador lo habría recogido en su sentencia, de lo que se deduce que el haber asesorado a los cargos públicos y orgánicos del Partido de Independientes de Lanzarote, PIL, por mandato de éstos no constituye reproche penal alguno.

 Fui condenado en el caso Batllori y Los Rostros a pesar de haber decenas de sentencias de altos tribunales de justicia, incluida la Excma. Audiencia Provincial de Las Palmas, que determinan que los delitos que se me atribuyeron y por los que fui condenado no constituían infracción penal. Yo no tuve la suerte que se me aplicara ninguna de esas resoluciones.

 Decía un ilustre magistrado “la verdad jurídica no siempre coincide con la verdad real”.

 Sr. Presidente, siento una sana envidia al ver como a los miembros del “Procés” se les trata con una exquisita  educación, no he oído a ningún  fiscal  ni magistrado llamarles preso mientras que el Sr. Fiscal de esta causa me lo repite cada minuto.

 El Ministerio Público ha reiterado hasta la saciedad, para justificar su perversa acusación, el calificativo de “jefe”, cuando a mí nadie me llama jefe, sino Dimas, a secas, excepto don Ubaldo Becerra en alguna ocasión, o su íntimo amigo o pareja, don Isaac Castellano que en su declaración   antepuso su fidelidad  a su amigo a relatar la verdad como era su obligación, no sólo por declarar como testigo  sino también por la alta representación que ostenta. A su fidelidad se habrá unido su resentimiento por haberle afeado, por mi parte, su acto de transfuguismo político. El calificativo de “jefe” fue arrancado a algunos imputados en declaraciones inducidas y extemporáneas, algunas cinco años después de los hechos, con la promesa de mejoras en sus situaciones procesales. No quiero pensar que toda la justificación que tiene el Ministerio Fiscal para imputarme los delitos que describe en su escrito de acusación sea la de que alguien me llame “jefe” (como si esto fuera delito), aunque visto lo visto, y oído lo oído, la prueba más contundente que ha aportado es esa.

La Fiscalía sabe, y lo sabe muy bien, que las acusaciones que me hace de haber participado en el cobro de comisiones y asociación ilícita, y otras singulares, no se ajustan a la realidad; nada tengo que ver con los empresarios imputados, que no los conocía, que jamás hablé con ellos, que nunca di ni una sola indicación ni por carta, ni por teléfono, ni a través de otros y, mucho menos, personalmente, para llevar a cabo dichos cobros ni para que se ingresara nada en el partido. Que no tuve nada que ver en el episodio de Castellano al margen de lo declarado por mí ante el tribunal. El Sr. Fiscal se ha movido en una hábil ambigüedad sin concretar qué cantidades recibí, quién me las entregó, cuándo, cómo, dónde; sabe que no lo puede hacer porque sencillamente no existieron y lo que no existe no se puede probar.

 El escrito de acusación dirigido contra mí sin el mínimo rigor probatorio, se habría ajustado a los hechos si lo hubiera dirigido contra don Antonio Hernández, cabeza de lista al Ayuntamiento de Arrecife primer Teniente de Alcalde y responsable de la concejalía de urbanismo hasta su dimisión  el 13 de marzo de 2008,y responsable directo de haber impuesto la inclusión en  su lista de los dos concejales imputados, don José Miguel Rodríguez y don Ubaldo Becerra,  quienes le relacionan directamente en todas sus declaraciones como conocedor e inductor del cobro de comisiones. Muy significativa resulta la confesión que le hace don Ubaldo Becerra, en llamada telefónica, a su “íntimo” amigo don Isaac Castellano, cuando dice que a él, el único que le da órdenes de cobro de comisiones es don Antonio Hernández.

 Sorprendentemente los empresarios imputados cobraron más del 90% de la facturación producida por la adjudicación y ejecución de las obras y repartido las comisiones antes de la dimisión de don Antonio Hernández en el periodo comprendido entre mediados del 2007 y marzo del 2008. El Ministerio Fiscal, de forma injusta y, me atrevo a decir,  anormal, dirigió el escrito en mi contra para salvar a éste, pues sabía que si lo imputaba a él se quedaba sin coartada para hacerlo conmigo, objetivo prioritario, además de tener que escuchar manifestaciones poco agradables y comprometedoras sobre un compañero del Ministerio Fiscal que intervino como acusación en la primera fase de investigación del presente procedimiento y posiblemente nos hubiéramos enterado de “los motivos” por los que dimitió D. Antonio Hernández.

 Curiosamente cuando inicio la asesoría de los cargos públicos del Partido, en abril de 2008, un mes después de la dimisión de don Antonio Hernández, nadie volvió a hablar de comisiones.

 El Sr. Fiscal sabe perfectamente que toda la trama, como él la llama, se limitó a don José Miguel Rodríguez, don Ubaldo Becerra, con el conocimiento de don Antonio Hernández, según han manifestado sus dos compañeros, los empresarios imputados, sin que otros empresarios o proveedores se hayan visto afectados, el interventor municipal,  con la colaboración directa de don Ángel García asesor de don José Miguel Rodríguez y responsable del departamento de Compras del Ayuntamiento, y que varios testigos han reconocido como el que tramitaba las compras y las facturas. El representante del Ministerio Público se ha cuidado mucho de no traerle ante el Tribunal a declarar  no sé que se destapara la verdad de la ficticia acusación en mi contra y quedara en evidencia.

 Así mismo se me privó de poderme defender personalmente ante el tribunal de las acusaciones de cobro de comisiones, asociación ilícita y sus anexas al no interrogarme de forma premeditada sobre ellas. Tampoco interesó la lectura de algunas cartas cruzadas con los dos concejales imputados ni  la reproducción de ciertos audios pues sabía que por su contenido eran incompatibles con las acusaciones que me hace.

 El representante del Ministerio Fiscal se ampara de forma injusta, sin pruebas que lo demuestren para sostener su imputación, en mi situación penitenciaria, las declaraciones extemporáneas -alguna cinco años después de los hechos-  de alguno de los imputados que de forma inducida, a cambio de beneficios en su situación procesal, se contradicen con lo declarado hasta ese momento. La declaración de don Ubaldo Becerra ante el tribunal, que al menos habrá causado sonrojo, sin someterse a preguntas de los señores letrados, atribuyéndole una oficina al PIL en Costa Teguise que nunca existió, identificando falsamente que la tabla  que se le mostraba de la contabilidad del PIL era donde aparecían las supuestas cantidades obtenidas por comisiones cuando la realidad es que eran las cuentas oficiales remitidas al Tribunal de Cuentas y donde curiosamente aparecen reflejados varios ingresos efectuados por Don Antonio Hernández, lo que viene a confirmar que él  fue quien llevo la campaña de ese año 2007. También aparecen varios ingresos provenientes de los grupos políticos como manifesté en mi declaración. Las manifestaciones condicionadas como testigo de don Isaac Castellano “íntimo” amigo de don Ubaldo Becerra. La desproporcionada, innecesaria e injustificada actuación de la U.C.O. (la Guardia Civil de Lanzarote o de Canarias lo hubiera hecho de forma más profesional y sin causar tantos daños colaterales) que, pertrechados con armamento propio para enfrentarse a un gran comando terrorista y actuando como una policía política más que judicial, sembraron el terror en la isla desprestigiando su nombre, el de sus instituciones y de sus empresas. Detenciones indiscriminadas y espectaculares traslados de los detenidos entre islas y desde la península, todo ello retransmitido en directo por los medios “venidos” expresamente, para finalizar, ante su escaso éxito, con un informe ad hoc que justificara su espectacular intervención y permitiera al Sr. Fiscal acusar, aunque fuera falsamente a algunos de los empresarios más prestigiosos de la isla y al político más respaldado, verdaderos objetivos de la insólita operación y conseguir un rédito profesional personal muy lejos de lo que debe guiar la labor de la fiscalía de esclarecer los delitos y salvaguardar los derechos fundamentales de los imputados.

 He tenido la impresión que conmigo se ha utilizado la táctica del cazador furtivo de ir sembrando el campo de trampas para “cazar” a la pieza indefensa, de otra forma no se comprende que se me haya mostrado una hoja donde supuestamente decía “parte de Castellano” para vincularla a la supuesta comisión de dicho señor  cuando la realidad es que la  hoja se refiere a las elecciones del 2003 y recogía 41 punto del programa electoral de PIL y literalmente decía “coordinación de por parte de Castellano” lo que equivalía a que él era el que iba a coordinar ese programa.

 No es razonable que se trate de confundir al tribunal mostrando unas tablas de contabilidad del P.I.L. como poseedoras de ingresos ilegítimos cuando se sabía que era la contabilidad oficial.

 La profesionalidad, honestidad e intencionalidad del agente de la UCO, instructor,  que declaró ante el tribunal quedaron al descubierto en el auto de archivo 34381/2018, de 15 de octubre de 2017, del Juzgado de Instrucción nº4 de Arrecife, de una causa proveniente de la operación Unión, en la que dicho agente realizó o dirigió un informe de más de 100 páginas lleno de malévolas falsedades, bastó que S.S., un magistrado y fiscal, buscaran la verdad por encima de otras consideraciones personales para que esta aflorara.

 En su intervención ante el tribunal insistió en las llamadas y reuniones que yo realizaba y celebraba supuestamente durante mi horario de trabajo. Debo decir que durante el mes de marzo de 2009 de 7 de mañana a 10 de la noche, el mes que más realicé y recibí fueron 136 (las interesadas por el  Sr. fiscal), lo que supuso un total de 6 horas y 31 minutos, que equivale a 14 minutos y 55 segundos por día. Las reuniones celebradas en ese mes fueron 5, todas ellas fuera de horario de trabajo, en días de permiso o fines de semana. Esto se llama rigor y no intencionadas acusaciones para llevar al ánimo del tribunal que yo no trabajaba sino llamaba por teléfono o estaba fijo de reuniones.

 Sorprendentemente en ellas no hay ni una sola frase que me relacione con las acusaciones que  me  hace el ministerio público.

 Recomiendo a la señora letrada que se había interesado por mi patrimonio que examine  dicha causa en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Arrecife. En ella encontrará la verdad sobre el mismo y de dónde han venido los recursos económicos que he administrado, incluida aquella carta con puntos suspensivos dirigida a don Matías Curbelo.

 Usted se subroga una representación popular que no tiene, no conozco que se haya sometido a ninguna consulta entre los ciudadanos, usted sólo depende y representa a  su “grupo”.

 También quiero decirle que en Lanzarote nos conocemos todos, sabemos quién es usted y los intereses que defiende que precisamente no son los de nuestra isla. Yo no he dado ninguna licencia a don Juan Francisco Rosa, se olvida usted que fui yo como presidente del Cabildo el que firmó el decreto que paralizó los hoteles  en Playa Blanca entre las que había alguna del Sr. Rosa. También quiero decirle que estaré eternamente agradecido a don Juan Francisco  por su comportamiento para conmigo y mi familia; ojalá Lanzarote tuviera diez empresarios como él y Canarias diez bodegas como Stratvs.

 La sensación que me embarga  es que una vez más no se me juzga por los delitos que haya podido cometer; en conciencia considero que ninguno,  aunque muchas equivocaciones seguro que sí. Se me juzga por ser el líder histórico del P.I.L, argumento que usa la fiscalía reiteradamente como elemento de peso para formular sus acusaciones responsabilizándome  de todo lo que hayan podido cometer algunos de sus miembros, no importa que haya dejado la presidencia del partido desde el año 2002. Se me juzga por mi frenética actividad política asesora, por intervenir en todos los asuntos que he estimado de interés para mi isla o su capital, criminalizando todos mis actos.

 Es de agradecer que no me haya acusado de vago.

 Se me juzga por ser quien soy, por lo que he representado,  por el masivo apoyo popular que siempre tuve, por mi vehemencia en la exposición  y defensa de los asuntos públicos, por mi tono de voz que se considera imperativo y por los espurios intereses políticos de quienes promovieron esta operación.

 Si no hay pruebas contra mí, se crean; si algunos imputados que en sus primeras declaraciones no manifiestan lo que interesa a la causa, se conseguirán en sucesivas a cambio de mejoras en su situación procesal. Si interesa que esté en un sitio, aunque no haya estado ¡¡¡ESTARÉ!!! Si don Ubaldo Becerra confiesa en sus declaraciones que las comisiones que recibía se las gastó  en un viaje a Madrid con sus íntimos amigos y sus caros vicios cotidianos; si don José Miguel confesó también en sus declaraciones que el dinero se lo había gastado en comidas, excelentes vinos, sus asuntos diarios y el resto lo tenía en su casa en efectivo; al parecer, no es suficiente; había que imputarme aunque no haya tenido la mínima relación con los hechos.

 Durante mis ocho años de alcalde y los años de presidente del Cabildo jamás se me acusó de recibir comisiones ni de condicionar mis obligaciones institucionales a prácticas deshonestas.

 En mi casa no se encontró ni un euro, y no es porque no lo hayan encontrado sino porque no los había. Durante mi etapa política no viajé al extranjero como ocio, no adquirí bienes, no me compré ni un coche nuevo, no se me ha acusado de una conducta desordenada.

 El Sr. Fiscal sabe que contra mí no tiene ni una sola prueba que sustente las acusaciones que me hace, sólo lo que quiere suponer  y lo que le hubiera gustado que fuera y no es.

Cuando salga por esa puerta, si el Señor Presidente del Tribunal no ordena otra cosa, lo haré con la cabeza tan alta y el semblante tan sereno  como lo hice el primer día que comparecí  ante este tribunal esposado para el oportuno linchamiento mediático y que toda Canarias me pudiera ver.

   Por último, permítame una sugerencia a todos los presentes: que lean el libro “El crimen de las hermanas Cruz”, que versa sobre un triste episodio acaecido en nuestra isla en el siglo pasado, y en el que queda patente los estragos que puede causar en una persona, una familia y una colectividad, el imputar y conseguir la condena de una persona sin pruebas o desvirtuando éstas en beneficio propio o de terceros.

 “Nada vale más que la verdad, se puede combatir pero no destruir”, Ignacio de Loyola.

 Y yo añado... y siempre, siempre sale a relucir.

Dimas Martín Martín