¿Qué hace Sanidad y Educación pagando concejales y consejeros?

Uno de nuestros grandes déficits sociales son la sanidad y la enseñanza pública. Aunque son de las mejores del mundo, todavía nos queda mucho para que sea como queremos. Los políticos una y otra vez nos repiten los millones de euros, el importante porcentaje del presupuesto público, que se destinan a la sanidad y a la enseñanza pública. En cambio, las listas de espera se mantienen en niveles difíciles de justificar y fuera de lo que recomienda, en ocasiones, el buen tratamiento de muchas patologías. Además, la sociedad en general no ve mal los gastos en educación y sanidad, ni que se les pague unos buenos sueldos a los profesionales. Pero el sistema chirría y las desconfianzas se multiplican cuando se descubre que partidas de esos presupuestos no repercuten en nada en la sostenibilidad de estos sistemas públicos y se destinan a satisfacer económicamente otras cosas.

Y hay una que, por su abundante concurrencia y por beneficiar directamente a los políticos, es realmente lacerante. ¿Qué hacen médicos y profesores de concejales, consejeros y demás cargos públicos pagados con los fondos de Sanidad y Educación? ¿Es ético que con los fondos que la comunidad destina a Sanidad o Educación se esté pagando la liberación de portavoces y concejales y consejeros varios de ayuntamientos y cabildos que nada tienen que ver con estas competencias?

Mi opinión es claramente contraria a esa posibilidad y creo que esta práctica debería erradicarse sobre la marcha. Me consta que a esta posibilidad se agarran maestros, profesores y médicos de todos los partidos, que ninguno tiene problema en abandonar las aulas, las consultas o las plantas llevándose, eso sí, sus generosos sueldos con ellos. Como si los sueldos se les pagaran por ser ellos y para hacer lo que les dé la gana y no específicamente por las exigencias que tienen profesiones tan fundamentales en la sociedad.

No entiendo, por otra parte, que ayuntamientos y cabildos no corran con los gastos de estos profesores y médicos, concejales y consejeros mientras se suben, sin problema ni rubor aparente, las retribuciones de los que provienen de otras profesiones. Sabemos, entonces, que no se debe a que no quieren hacer el gasto, sino que, como se conoce esta práctica, se facilita el cargo a Sanidad y Educación porque éstas, al parecer, no duelen a nadie o  nadie se queja.

La estupidez, el dolo o la provocación llega a su nivel máximo cuando el alcalde o alcaldesa, presidente o presidenta, que en estos casos actúan de la mismísima manera, quieren quitarle hierro a la elevada lista de políticos liberados mencionando, como si fueran gratis, que aquellos de allí o estos de más acá los paga la Consejería de Educación o de Sanidad, a pesar de que no ven ni a un alumno ni a un pobre enfermo, respectivamente.

¿Cuál es la razón de necesidad o de gravedad en el dichoso ayuntamiento o cabildo para que se sacrifique un médico o un profesor de sus respectivos puestos? Solo se me ocurre una: el afán del político médico o profesor de ganar los mismos derechos que sus compañeros de colegio, instituto, colegio, hospital o centro de salud mientras están jugando a ser políticos. ¡Ah, se me ocurre otra: la más absoluta falta de ética de quienes promulgaron la posibilidad, de quienes no la derogan, de quiénes se acogen a ella y de quienes las promueven y lo ven un beneficio de sus respectivos ayuntamientos y cabildos en detrimento de la educación de nuestros chinijos canarios y de la salud de nuestra gente!

Es como si cogemos el dinero de la comida de nuestros hijos y nos vamos al bingo o de copas. ¿Habrá propuestas en esta campaña para acabar con estos privilegios de algunos que merman nuestros derechos fundamentales? ¡Seguro que no!