Rehabilitar o derruir
La candidata de CC al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife –Ana Oramas- defendía hace unos días la necesidad de financiar con fondos públicos un proceso de reconversión de las zonas turísticas canarias. Desconozco si en dicha propuesta hay algo más, pero todo apunta a que no es más que otra versión de la conocida cantinela -al parecer asumida por todo el arco parlamentario canario- de poner en marcha un plan de rehabilitación de la planta alojativa turística canaria. Ciertamente, la formulación que le ha dado Ana Oramas –“rehabilitación de las zonas obsoletas"- es ambigua, pues no es lo mismo rehabilitar zonas turísticas (espacios, jardines, paseos, avenidas,…,) que rehabilitar la planta alojativa (hoteles, complejos,…). Quizá sea porque lo que pretende es, por una parte, una subvención del Estado para rehabilitar dichas zonas y, por otra, que diversas instituciones canarias (gobierno autónomo, cabildos y ayuntamientos) aporten ingentes recursos económicos destinados a rehabilitar esos hoteles y complejos “obsoletos”. De hecho, algo de esto último se viene haciendo ya. Pero, sea como sea, creo que tal propuesta merece más de un comentario y crítica.
Nadie duda en la actualidad del enorme –en realidad excesivo- peso que el sector turístico tiene en la economía canaria. Como tampoco se duda de que, hoy por hoy, este constituye una importante fuente de empleo. Por último, es igualmente aceptado que nuestra planta alojativa turística es en parte obsoleta y/o necesita rehabilitación.
Sentado lo anterior lo que realmente sorprende es que la propuesta de rehabilitación de estas instalaciones con fondos públicos no haya generado un intenso debate, ni –al menos que yo conozca- la menor protesta social. Hasta donde yo sé la planta alojativa turística canaria es privada, es propiedad de grandes empresarios o de comunidades de propietarios. Desde luego, a ninguno de estos propietarios se les ha ocurrido proceder a repartir las ganancias obtenidas en los periodos de bonanza. Ni tampoco se le ha ocurrido a CC -¡faltaría más!- solicitarles que cediesen a las arcas públicas parte de esas ganancias, ni siquiera a través de una adecuada política fiscal. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de invertir en la rehabilitación de esas instalaciones. Se supone que en una economía de mercado como la nuestra es tarea de cada cual disfrutar de los beneficios que genera su actividad, pero también afrontar los costes que la misma ocasiona. Sin embargo, no es eso lo que con esta medida se está haciendo o se pretende hacer. Lo que quieren es costear con fondos públicos los negocios privados. Y esto último me parece tan injusto como incongruente. Así es fácil hacer negocios: cuando gano me lo quedo y cuando tengo que invertir para mantener el negocio el Estado subvenciona. Viva el libre comercio y la iniciativa privada. ¡Sobre todo cuando se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas!
Por mi parte me atrevería a sugerir que quizá sea el momento de comenzar a pensar en derruir algunos de esos hoteles y complejos. En Canarias sobran unos cuantos. Nuestro territorio está ya saturado. Por eso, de cara a mejorar la calidad de la oferta no parece mal medida eliminar aquellos hoteles o complejos que no van a ser rehabilitados por sus propietarios. En su lugar podrían instalarse parques, jardines, zonas de esparcimiento,…, al tiempo que se mejoraría la rentabilidad de aquellas otras instalaciones que sí se mantienen en buenas u óptimas condiciones de uso. De paso, podríamos disponer de esos mismos recursos económicos para otros propósitos. Son muchos los que se me ocurren a vuela pluma. Por ejemplo, rehabilitar no pocas instalaciones deportivas, educativas y sanitarias. Pero también, y sobre ello querría insistir de modo especial, en dar pasos en pro de otro modelo productivo. Es por esto que, además de injusta, la susodicha propuesta me parece claramente incongruente.
La necesidad de modificar un modelo económico basado en el binomio turismo-construcción es generalmente aceptada y defendida por todo el arco parlamentario. Todos insisten constantemente en que hay que proteger y fomentar nuestra agricultura, ganadería y pesca, así como nuestra industria a fin de reducir el alto nivel de dependencia del exterior. Sin ir más lejos, CC lleva tiempo lanzando el lema de que es preciso «reagrarizar» nuestra economía. Pero una cosa es lo que dicen y otra la que hacen. Basta con echarle en ligero vistazo al último informe del Consejo Económico y Social de Canarias para comprobar los efectos de sus políticas.
Hoy sabemos que la economía y la sociedad canaria se encuentran ancladas en una crisis de larga duración que requiere proyectos y alternativas diferentes a las hasta ahora puestas en marcha. Sabemos que el actual modelo productivo y social debe ser profundamente modificado pues ha convertido a Canarias en una sociedad con un desempleo ya estructural, desgraciadamente casi del 30% (nada menos que un tercio de nuestra población activa). Ciertamente, la crisis económica que soportamos algo ha tenido que ver en ello. Pero no debemos llevarnos a engaños. Hace décadas que Canarias sufre porcentajes de paro superiores al 20%. Sabemos igualmente que ese mismo modelo económico ha convertido a nuestra agricultura, ganadería y pesca en actividades con un peso residual en nuestra economía. No ignoramos tampoco que ese mismo modelo ha generado un sector industrial muy débil, de escasa dimensión y poca diversificación y orientado casi en exclusiva al mercado interno.
La conclusión que de ello se deriva es obvia. Nuestra sociedad y economía necesita otro modo de ver y entender la relación entre las personas (igualdad y justicia social, para lo que es imprescindible una decidida política de redistribución de ingresos). Exige otra forma de entender la relación de las personas con la naturaleza (protección de nuestro limitado y frágil territorio, respeto por el medio natural). Requiere, así mismo, otra manera de estructurar nuestra economía (soberanía alimentaria y energética, desarrollo industrial, una banca pública canaria, etc.). Precisa, por último, otro modo de relacionarnos con el resto del Estado español y hasta con la propia Comunidad Europea. En realidad, la nuestra es una sociedad y una economía subvencionada, claramente dependiente de las dádivas estatales o europeas. No superaremos las profundas desigualdades sociales ni la pobreza, marginación y desamparo de amplios y crecientes sectores sociales si no se transforma nuestra estructura económica y social.
Frente a todo ello, Paulino y CC insisten constantemente en que necesitamos más fuerza en Madrid. En realidad solo persiguen usar esa fuerza para obtener más subvenciones para aquellos sectores económicos y sociales a los que sirven. Insisten en que Canarias debe ser reconocida como una región más que ultraperiférica. Persiguen que Europa mantenga y aumente las subvenciones actuales, no que configuremos una economía autónoma y autocentrada capaz de generar por sí misma la riqueza necesaria para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía canaria. Pero todos sabemos que una economía que dependa de tales subvenciones no es más que –obviamente- una economía dependiente, frágil, inestable y siempre al albur de decisiones ajenas.
Por otra parte, también sabemos que el mismo turismo –que CC insiste en mantener como el motor de nuestra economía- es igualmente inestable, que depende de factores sociales, empresariales y geopolíticos que escapan a nuestro control. Por todo ello, insistir en el binomio turismo-construcción no es sólo un error momentáneo, además de otro modo más de depredación tanto de nuestro territorio cuanto –como demuestra la propuesta de rehabilitación de la planta alojativa turística con fondos públicos- de la utilización de fondos públicos para negocios privados. Es un modo de aumentar nuestra ya amplia dependencia del exterior. Un modo, en definitiva, de impedir el desarrollo de una economía más autosuficiente.
Es obvio que la autarquía, el pleno autoabastecimiento, es hoy un ideal inalcanzable. Como también lo es que aumentar nuestra autosuficiencia económica solo es posible a medio y largo plazo. Pero ello no impide que se den pasos decididos en ese empeño. De hecho, parece razonable pensar que los mismos recursos públicos que se consignen para la rehabilitación de hoteles y complejos turísticos privados podrían ser destinados tanto a aumentar nuestro grado de soberanía alimentaria (fomentando y protegiendo de muy diversos modos nuestra agricultura, ganadería y pesca, así como desarrollando su industrialización) como a fomentar nuestra soberanía energética (creando infraestructuras destinadas a permitir el desarrollo y la democratización de energías limpias y renovables) y a potenciar nuestro anémico sector industrial. Es muy probable que estas iniciativas creen más empleos y de más calidad que los que supuestamente se crearan a través de la rehabilitación de la planta alojativa. En todo caso, la planta alojativa turística ya existente es más que suficiente para el volumen de turismo que nuestra islas pueden soportar. Por eso quizá sea preferible derruir antes que rehabilitar. Pero nada de lo anterior forma parte de la «agenda» real de CC, lo cual es más lamentable aún en unna fuerza política que se declara nacionalista.
(*) Roberto Rodríguez Guerra, profesor de Filosofía Moral y Política de