Un secreto demasiado largo

Este mes de abril, el día 19, se cumplen dos años del inicio de la Operación Jable, el segundo ataque judicial contra la presunta corrupción lanzaroteña, dentro del Caso Unión que se emprendió el 25 de mayo de 2009; hará tres años muy pronto.

Todavía tenemos grabadas las imágenes de aquellos dos lunes, el del 25 de mayo de 2009, y el del 19 de abril de 2010, en el que se pusieron patas arriba el Ayuntamiento de Arrecife y el de Yaiza y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la popular UCO en Lanzarote, tomó un protagonismo mediático incalculable. Políticos, funcionario, empresarios, abogados, directivos de empresas de servicios externalizados, simples amigos de los pesos pesados y otros casi príncipes, además de arquitectos, asesores fiscales e ingenieros pasaron por sede judicial, muchos por dependencias de la Guardia Civil y otros tantos por calabozos. Fue un acontecimiento que llenó páginas de prensa y programas informativos de todos los medios en el ámbito estatal. Un duro golpe a la credibilidad de los políticos y por extensión de Lanzarote.

 Tres años después, el proceso nos ha dejado un sabor agridulce. Aquella investigación que desplegó importantes recursos y medios, que mantenía bajo vigilancia a los sospechosos, que espiaba su vida diaria, pinchaba sus teléfonos y los detenía con el despliegue impresionante de casi una docena de agentes de la Benemérita traídos desde Madrid, se ha ralentizado y complicado. El traslado del juez César Romero Pamparacuatro, solicitado voluntariamente antes de la causa, y sus intentos para seguir llevando el caso sin estar pero viniendo y cosas propias del palacio judicial hicieron perder demasiado tiempo sin aparentemente hacer mucho. Todo se ralentizó.

 Hace meses que la nueva jueza del Juzgado nº5 de Instrucción de Arrecife, María Lucía Barrancos Julián,  trabaja denodadamente entre los miles de folios del expediente del caso y busca darle salida a la causa. Las piezas separadas, que ya apuntábamos por aquí desde el principio para no convertir el caso en un macrojuicio enrevesado y estéril ni mezclar presuntos corruptos con otras cosas que se encontraron los investigadores al pasar por allí, parece ser una buena solución para descargar peso del sumario y acelerar el proceso.

 Todavía está bajo secreto sumarial la mayor parte de esas investigaciones. Tuvimos acceso a unos diez mil folios de la Operación Unión pero hubo cosas que se quedaron en secreto porque se seguía investigando. A eso hay que añadirle los miles de folios que se añadieron con la Operación Jable.

 Hay cerca de un centenar de imputados, personas de diferente procedencia social y responsabilidad pública y privada y han pasado casi tres años unos y dos años otros cargando con la pena añadida de ser apuntados con el dedo sin recibir la sentencia que les quite de presuntos o los convierta en culpables. Demasiado tiempo para ellos. Y también para la sociedad que ve como pasa el tiempo y la justicia no pone las cosas en su sitio. Temen, además, que estas dilaciones se puedan convertir en claves para que lo que se puede demostrar no se pueda condenar por vicios en el procedimiento.

 Es la hora de conocer qué se sabía para actuar con la contundencia que se hizo y de sentar ante un tribunal a los imputados. Previamente, el secreto sumarial deberá levantarse. Seguro que ya queda menos.