Intersindical Canaria denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que más de 350 docentes, realizan tareas administrativas

La denuncia a Fiscalía sustenta "presuntos delitos de prevaricación tráfico de influencias y malversación de fondos públicos". El sindicato que representa a  los funcionarios y laborales de la Comunidad Autónoma tuvo que recurrir al Comisionado de la Transparencia para poder conocer los datos de unos nombramientos que califica de “graves y fraudulentos”. "Suponen un alto coste económico para las arcas de la CAC, unos 18 millones de euros al año". "Reciben unas retribuciones extras que pueden llegar a las 398 mensuales, dependiendo del tipo de Coordinación que reciben". "Impiden que se creen plazas para que las ocupen los funcionarios de carrera y el personal laboral de la Administración General de la CAC, creando una Administración Paralela ocupada  por docentes

Los representantes de Intersindical Canaria responsables de Comunidad Autónoma denuncia que más de 350 docentes se encuentran fuera de las aulas realizando tareas administrativas en distintas consejerías del Gobierno de Canarias. Se trata de nombramientos, consentidos por la Dirección General de la  Función Pública y validados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que el sindicato considera “graves y fraudulentos” y que suponen un alto coste para las arcas de la Comunidad Canaria.

Intersindical Canaria señala que, tras muchos meses de espera, ha logrado conocer el número de docentes que están desempeñando funciones de índole administrativo en puestos que no están creados en las Relaciones de Puestos de Trabajos (RPTs) de los servicios centrales y territoriales de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, principalmente, en la Consejería de Educación y Universidades.

Para obtener la información tuvieron que recurrir al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Actualmente, Intersindical Canaria se encuentra estudiando detalladamente las funciones de cada uno de los docentes que están desarrollando funciones meramente administrativas y destinados en los  centros directivos. A las solicitudes de esta organización a la consejería de información, la respuesta ha sido de no sabe no contesta,  incumpliendo con las buenas prácticas que se le supone. Hasta ahora, la cifra supera los 350 docentes,  dato que entienden se ha incrementado en este curso escolar 2017/18.

 Para IC, el hecho de que estos docentes estén sustituyendo al personal de la administración en sus funciones supone un alto coste para las arcas de la Comunidad Canaria,  unos 18 millones de euros al año,  además de una disminución del número de efectivos en las aulas y sus consecuencias negativas en el sistema educativo canario.

Estos docentes que realizan funciones administrativas,  reciben una cuantía extra mensual de 224,39 y 395,03 euros , según el tipo de coordinación que reciben este personal, utilizando el subterfugio de los nombramientos de docentes para  programas educativos, puestos especializados de apoyo o asesoramiento técnico educativo, "para nombrar  de forma ÍLICITA e ILEGÍTIMA a docentes para centros directivos del Gobierno de Canarias,  para realizar funciones meramente administrativas".

"Se da la paradoja que están realizando funciones administrativas , que anteriormente las realizaba  funcionarios o personal laboral de Administración General de la CAC , y ahora la realizan docentes , grupos A1 y A2, con el aumento considerable en las retribuciones, realizando el mismo trabajo", Según IC.

Intersindical Canaria estudia las acciones legales a emprender para acabar con unos nombramientos que califica de “graves y fraudulentos” y que considera que históricamente han sido consentidos y validados por la Dirección General de la Función Pública, la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios y la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.