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Lo que el Jable se llevó

altSi la Operación Unión, con 33 imputados, se llevó mucho hace más de  un año, la Operación Jable, con otros 24 detenidos, desarrollada en el marco de las investigaciones del Caso Unión, se llevó lo poco que quedaba.

 No de corrupción y corruptos, que de eso puede  queda demasiado. Sino de la poca imagen que le quedaba a los políticos y empresarios de esta sufrida isla.

Ahora salen en los medios de comunicación, aquellos que no han sido imputados, al menos de momento, diciendo que nada sabían de lo que estaba sucediendo con la adjudicación de los contratos públicos en el Ayuntamiento de Arrecife. Y quién se va a creer que no conocían lo que estaba pasando los socialistas de la capital, ahora que se sabe, gracias a las ‘serenatas’ de Ubaldo Becerra, que la mesa de contrataciones del Ayuntamiento podría ser una farsa, y que las empresas adjudicatarias de las obras del Plan E estaban, presuntamente,  designadas mucho antes de las reuniones.

Ahora que el pago de las comisiones a los políticos por parte de los empresarios pueden convertirse en un hecho demostrado, gracias a las confesiones de Ubaldo Becerra primero, y en los últimos días, del gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, la sombra de la corrupción cubre una vasta extensión. Y si acaso son pocos los que se podrían haber llenado los bolsillos a costa de lo público, no lo son los que conocían las vergüenzas de Lanzarote.

 Los ciudadanos de a pie, mientras leen en la prensa, atónitos, las ‘aventuras y peripecias’ de los imputados, recuerdan de nuevo que todo esto ya se sabía, se intuía. En un lugar donde casi todo queda en familia, siempre hay un primo, un hermano, o el amigo de un amigo, que lo ha vivido de cerca, en primera persona. No andaría muy lejos de la verdad el escritor José Saramago cuando dijo que durante muchos años, el pueblo de Lanzarote ha permitido, con su silencio, casi connivencia, los desmanes que ahora parece descubrir con sorpresa.

 Hace un año, los conejeros bromeaban con las chimeneas de Inalsa, de las que, decían, habría de salir humo negro por todos los papeles que se estarían metiendo en los hornos. Hoy, con media isla esperando la detención de la que fue la consejera delegada durante muchos años, la favorita en todas las apuestas como una de las siguientes en caer, Lanzarote se pregunta por el espacio que acogerá, en un futuro no muy cercano, el juicio del Caso Unión. Con el número de imputados acercándose a 60, el Palacio de Justicia se queda pequeño.

 Un año después

 El nuevo capítulo del Caso Unión, llamado en esta ocasión Operación Jable, se empezó a escribir el pasado 19 de abril, otro lunes negro, al igual que aquel 25 de mayo de hace un año, en la historia de Lanzarote. Y al igual que hace un año, el Ayuntamiento de Arrecife está en el ojo del huracán. Los primeros en caer – la ex alcaldesa, María Isabel Déniz, el que fuera jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, que repite un año después, y el máximo mandatario de la empresa Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez. Hoy, dos de ellos han salido de prisión, es el caso de Isabel Déniz por decisión de la Audiencia Provincial y de Jacinto Alvarez ,que ha salido por decisión del propio juez César Romero Pamparacuatro,  mientras que Rafael Arrocha, sigue preso, agrabado con su desplazamiento al recinto carcelaria grancanario.

 

Dos días antes de que cayeran en las redes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil nuevos cargos públicos del PIL, el nuevo presidente de esta formación, Fabián Martín, imputado en la primera fase del Caso Unión, recordaba en declaraciones que no sólo el PIL ha quedado en evidencia por las investigaciones del juez César Romero Pamparacuatro. Y así es. Ya en la primera tanda de detenciones de la Operación Jable fueron detenidos un miembro la Ejecutiva Insular del Partido Popular, Julio Romero, dos militantes del Partido Socialista, y una ex alcaldesa de Coalición Canaria, alto cargo en el organigrama del Gobierno regional hasta el momento de la detención. Todos ellos se han dado de baja de sus partidos, excepto los dos socialistas, Manuel Spínola y Miguel Ángel Leal, expulsados por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. No tardaría en ser detenido, cuatro días más tarde, otro histórico de Coalición,  Francisco Rodríguez Batllori, ex consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad en el Gobierno de Canarias.

 

La Guardia Civil realizó registros en los domicilios de casi todos los detenidos a lo largo de las dos semanas durante las que se ha desarrollado la operación policial. Tampoco se han salvado de los registros las sedes de las empresas implicadas, ni los despachos de la Casa Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife. Después de casi dos semanas de operativo, la lista de imputados asciende a 25 personas.

 

Empresariado ‘tocado’

 

La imagen, la poca que quedaba, de los empresarios conejeros ha quedado ‘tocada’, prácticamente ‘hundida’. María José Docal, entonces consejera del Patronato de Turismo, una de las primeras en criticar con dureza a sus socios de gobierno. Hoy engrosa la lista de los ‘presuntos’. Como también lo hacen el entonces presidente de la patronal hotelera, Francisco Armas, y el todavía vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Luis Betancort.

Muchos se preguntan ahora qué será de la economía de una isla con uno de los peores registros de desempleo de toda España. Porque la honradez de algunos de los empresarios más importantes de Lanzarote ha sido puesta en duda, algo que no ayuda a su futura aportación en la creación de empleo. A nadie se le esconde que empresas como Horinsa, Lanzagrava o Construcciones Torres, cuyos propietarios han sido imputados en el Caso Unión, son algunas de las más importantes de Lanzarote.

 

Proyecto Gamma 3

 

¿Es legítimo compaginar cargos de relevancia para otorgar contratos públicos con la propiedad de una empresa que presta servicios a la misma institución en la que se ostenta dicho cargo? Rafael Arrocha, ex jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, junto a sus dos socios, Manuel Jesús Spínola, jefe del departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo, y Julio Romero, director de la oficina de Titerroy de la Caja de Canarias y miembro destacado del PP de Lanzarote  está en el punto de mira.

Según las informaciones publicadas en estos dias, Arrocha dirigió una empresa, Proyecto Gamma 3, que según la ACN Press tenía como objetivo social la prestación de “servicios técnicos de planeamiento e ingeniería al Ayuntamiento de Arrecife”. Sorprendente que el máximo responsable de la Oficina de Urbanismo de Arrecife preste servicios a la institución donde trabaja como funcionario, con responsabilidades precisamente en materia de ordenación y planeamiento urbanístico. Proyecto Gamma 3 “desarrolló su actividad durante todo el gobierno de María Isabel Déniz”, añade ACN Press. “Su actividad, asimismo, coincide con la fase de Avance del Plan General de Arrecife”. 

 

Lo deja bien claro en su primer comunicado la Guardia Civil. “La investigación ha permitido desarticular la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades. Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización”.

 

 

25 detenidos en el marco de la operación policial

 

 MARÍA ISABEL DÉNIZ.  Estuvo en  prisión sin fianza. Imputada por dos delitos de cohecho. En libertad por decisión de la Audiencia Provincial

 Alcaldesa de Arrecife en la legislatura 2003 – 2007, primero por el PIL, luego por APL, y finalmente por Coalición Canaria (CC). Escindida del PIL en 2005, se presentó a la reelección al cargo de alcaldesa en las listas de CC. Tras perder los comicios, entregó su acta de concejal del Ayuntamiento. En la actualidad, asesora de la Academia Canaria de Policía.

 

RAFAEL ARROCHA. En prisión sin fianza. Imputado por dos delitos de cohecho.

 Imputado en la Operación Unión, fue jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife hasta su detención el pasado 25 de mayo de 2009. En la actualidad, funcionario municipal del consistorio capitalino. Socio de la empresa Proyectos Gamma 3, ya disuelta, junto a Julio Romero y Manuel Jesús Spínola.

 

JACINTO ÁLVAREZ. Estuvo en prisión sin fianza. Imputado por cohecho.  En libertad por decisión del juez. Máximo responsable de Urbaser en Lanzarote, empresa que desde hace años gestiona la recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines en la capital de la Isla.

 

ANTONIO MACHÍN. En prisión sin fianza. Imputado por cohecho. Concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife por el PIL, responsable de las áreas de Limpieza, Parques y Jardines. Destituido de sus cargos como concejal tras ser detenido.

 

MIGUEL ÁNGEL LEAL. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho. Ex secretario general de la Agrupación de Arrecife del Partido Socialista, expulsado de la formación. Fue consejero del Cabildo por el PSOE durante varios mandatos. Dirigió, entre otros, los departamentos de Residuos y Turismo. Siendo responsable de Residuos, firmó la prórroga del contrato con la UTE Zonzamas, que gestiona el Complejo Medioambiental. En la actualidad, asesor en materia turística en el Ayuntamiento de Arrecife. Funcionario municipal.

 

FRANCISCO ARMAS. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho. Ex presidente de la patronal turística Asolan. Destacado empresario con importantes intereses en los sectores de la construcción y turismo.

 

STEPHAN VALVERDE. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho. Directivo de Urbaser en Madrid, detenido en la capital de España.

 

JULIO ROMERO. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho. Miembro de la Ejecutiva Insular del Partido Popular de Lanzarote, ha sido consejero del Cabildo por tres formaciones políticas distintas: CDS, PIL y PP. Directivo de la sucursal de La Caja de Canarias de Titerroy, fue también empresario, socio de la empresa Proyectos Gamma 3, que, al parecer, durante el gobierno de Déniz prestó servicios técnicos de planeamiento urbanístico e ingeniería al Ayuntamiento de Arrecife.

 

MANUEL JESÚS SPÍNOLA. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho. Jefe del departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo. Trabajador de la Primera Institución desde hace varios años. Fue socio de la empresa Proyectos Gamma 3.

 

FRANCISCO RODRÍGUEZ BATLLORI. En libertad sin fianza. Imputado por malversación de caudales públicos y falsificación documental. Ex alto cargo del Gobierno de Canarias, en el que ejerció como consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia y Seguridad. Detenido en Gran Canaria, fue trasladado a Lanzarote. Prestó servicios de asesoramiento jurídico a Inalsa.

 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ. En libertad sin fianza. Imputado por malversación de caudales públicos. Ex concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Arrecife, fue detenido también en el marco de la Operación Unión. Pasó varios meses en prisión.

 

SUSANA MARTÍN. En libertad sin fianza. Imputada por blanqueo de capitales. Hija de Dimas Martín. En la actualidad, gerente del Servicio Insular de Deportes del Cabildo. Investigada como presunta testaferro de Dimas Martín.

 

SAMUEL LEMES. En libertad sin fianza. Imputado por blanqueo de capitales. Piloto de rally, es hijo de un importante empresario, propietario de una subcontrata que sigue en nómina de Inalsa, Fontanería Francisco Lemes.

 

JOSÉ GONZALO GIL ACOSTA. En libertad sin fianza. Imputado por blanqueo de capitales. Directivo del Hotel Playa Verde, en Costa Teguise, establecimiento hotelero integrado en el Grupo Hoteles Playa, de Almería, del empresario José María Rossell. La licencia para el Playa Verde se concedió con el PIL al frente del Ayuntamiento de Teguise. 

 

JOSÉ RAMÓN VIZCAINO. En libertad sin fianza. Imputado por blanqueo de capitales. Empresario, propietario de Pinturas Vizcaíno. Investigado como presunto testaferro de Dimas Martín. 

 

CARLOS MATÍAS CURBELO. En libertad sin fianza. Imputado por blanqueo de capitales y cohecho. Fue chofer personal de Dimas Martín. Investigado como presunto testaferro de Dimas Martín. 

 

JOSÉ MARÍA ROSSEL. En libertad sin fianza. Imputado por blanqueo de capitales. Propietario del Grupo Hoteles Playa, uno de los grupos hoteleros más importantes de Andalucía, con más de veinte establecimientos. Fue presidente de Televolcán y del periódico “El Majo”. Investigado por ser el presunto cerebro en la ocultación de las propiedades de Dimas Martín.

 

DIMAS MARTÍN. Imputado por malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Detenido en la prisión de Tahíche para ser trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise. En esta ocasión, investigado como presunto líder de una trama para ocultar sus propiedades.

 

MARÍA JOSÉ DOCAL. En libertad sin fianza. Imputada por cohecho. Ex presidenta del Cabildo. En la actualidad, consejera del grupo de gobierno en la Corporación insular.

 

LUISA BLANCO. En libertad con fianza. Imputada por malversación de caudales públicos y cohecho. Concejal del grupo de gobierno de Arrecife por el PIL. Concejal de Festejos hasta ser destituida tras su detención. Llevó el área de Recursos Humanos al inicio de la actual legislatura.

 

DEMETRIO RODRÍGUEZ. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho. Propietario de la empresa Lanzagrava, una de las principales adjudicatarias de las obras del Plan de Barrios y del Plan E.

 

PEDRO RODRÍGUEZ. En libertad sin fianza. Imputado por falsificación de documento mercantil. Socio de la empresa Naos Iluminación.

EDUARDO FERRER. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho. Socio de la empresa Tecnosound Canarias.

JOSÉ LUIS BETANCORT. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho. Propietario de la empresa Construcciones Torres, además de un grupo de empresas, entre las que destaca un grupo de medios de comunicación.

JUAN FRANCISCO ROSA. En libertad sin fianza. Imputado por cohecho, insolvencia punible y falsificación en documento mercantil. Considerado como uno de los empresarios más importantes e influyentes de Lanzarote, con intereses en negocios relacionados con la construcción y turismo. De su patrimonio destacan varios de los hoteles más rentables de Lanzarote. 

 

 

 El mal olor de la basura

 La basura siempre ha sido un negocio lucrativo. Rentable y seguro, ajeno a los vaivenes económicos. Y si además se lo reparten dos o tres, los beneficios están asegurados. En Lanzarote, la recogida de los residuos está en manos, fundamentalmente, de dos empresas. Urbaser en  Arrecife, y CAS en la mayor parte del resto de los municipios.

 El tratamiento de estos residuos, por otra parte, lo gestiona una UTE, tampoco exenta de polémica. De hecho, entre los detenidos el primer día de  la Operación Jable están el que fuera consejero de Residuos del Cabildo, Miguel Ángel Leal, y el jefe de Actividades Clasificadas, departamento que gestiona los residuos, Manuel Jesús Spínola.

 El 19 de abril, la UCO detenía al máximo responsable de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, presuntamente acusado de pagar comisiones a los cargos públicos del Ayuntamiento de Arrecife para asegurar un contrato de lo más lucrativo entre la empresa y el municipio capitalino. Según fuentes de la investigación, citadas por el diario La Provincia, Álvarez, en prisión sin fianza, habría reconocido los sobornos que se le imputan.

 El cerebro de la presunta trama delictiva en torno al negocio de los residuos sería, según fuentes del diario La Provincia, Rafael Arrocha. La organización, integrada además por Stephani Jean Valverde, un ingeniero de la empresa en Madrid, habría redactado el pliego de condiciones del concurso público de forma que favoreciese a la empresa.

 Los testimonios de Matías Curbelo, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, habrían sido la primera pista para investigar el pago de las comisiones. En los primeros días de la Operación Jable, el propio Jacinto Álvarez, y la abundante documentación intervenida en los locales de Urbaser, habrían confirmado las sospechas de los investigadores.

 Al parecer, la ex alcaldesa, María Isabel Déniz, otros concejales imputados, y Rafael Arrocha, funcionario, habrían aceptado comisiones y regalos de lujo por valor de hasta 300.000 euros de Urbaser. Se mencionan un reloj Rolex, de 4.700 euros, que presuntamente regaló Álvarez a la entonces alcaldesa de Arrecife. La factura de este reloj, al parecer,  fue encontrada en los registros de la empresa. El viaje de la familia Déniz a Marruecos, con un coste de 11.000 euros, también podría haber sido otro obsequio. La hermana de María Isabel Déniz, Carolina Déniz, que acompañó a su hermana a Marruecos, declaró por este asunto ante el juez instructor del caso.

 

 

Deuda con Urbaser

 En virtud del contrato, Urbaser se embolsa unos 6 millones de euros al año por los servicios que presta al Ayuntamiento. Además de la recogida de basura, se encarga de la limpieza de las calles y el mantenimiento de parques y jardines. El municipio, además, arrastra una enorme deuda con la empresa. En el año 2008, el presupuesto del Ayuntamiento reconocía una deuda de 6 millones de euros con Urbaser.

 

Como recuerda ACN Press, el contrato, por si fuera poco, contempla unas subidas anuales que están en torno a los 300.000 euros. Variaciones al alza que también se adeudan a día de hoy a la empresa. A principios de este año, el Ayuntamiento reconoció una deuda de más de 1,6 millones de euros por las subidas anuales correspondientes hasta el año 2007. Y siguen pendientes de reconocer las subidas de 2008, 2009 y 2010.

 

 

 

 La fortuna de Dimas

 La segunda tanda de detenciones, entre los días 23 y 24 de abril, se centró en desvelar una presunta red de testaferros del principal protagonista del Caso Unión, Dimas Martín. Con la operación policial concluida, esta red, presuntamente responsable de ocultar las propiedades del fundador del PIL, estaría integrada por los testaferros Susana Martín, la hija de Dimas, y los empresarios José Vizcaíno y Samuel Lemes. Otros empresarios, como Juan Francisco Rosa, José María Rossel y José Gonzalo Gil Acosta, además del ex consejero del Gobierno canario, Francisco Rodríguez Batllori, habrían ayudado, según estas informaciones,  a Dimas a organizar la telaraña para ocultar sus bienes y blanquear sus ingresos ilícitos.

 

Según publicaban varios medios de comunicación en los días posteriores a las detenciones, la red investigada habría ocultado a la justicia al menos 48 propiedades y terrenos por valor de unos 6 millones de euros. Hay que recordar que son casi 6 millones de euros los que debe el fundador del PIL a la justicia por la condena en el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise.

El detenido más ilustre en la segunda fase de la Operación Jable es José María Rossel, propietario del Grupo Hoteles Playa, el más importante conglomerado de establecimientos hoteleros de Andalucía. En Lanzarote, este grupo es el dueño del hotel Playa Verde, en Costa Teguise, “y de una parcela en la que se comenzó a construir un hotel de cinco estrellas que no se terminó porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia, impugnada por el Cabildo de Lanzarote porque el Ayuntamiento gobernado entonces por el PIL, concedió la prórroga de la licencia de modo irregular”, recuerda ACN Press.

 

“La Guardia Civil considera que es una pieza clave de un entramado empresarial en el que se podrían ocultar intereses económicos y propiedades de Dimas Martín. En Lanzarote fue presidente y administrador, respectivamente, de ‘El Maho', el periódico oficial del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), y de Televolcán, cuando esta televisión estaba controlada por ese partido”, añade la agencia de prensa canaria.

 

 

 

 

 25 de Mayo de 2009. Operación Unión

 “La organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la operación Unión llevada a cabo el pasado año por la Guardia Civil”.

Así concluye el primer comunicado de prensa emitido por la Guardia Civil el pasado 19 de abril, tras las primeras detenciones de la Operación Jable.

 

El 25 de mayo de 2009 se puso la primera piedra para una de las mayores convulsiones políticas y sociales que recuerda Lanzarote. Los cambios han sido notorios para la clase política, para los empresarios, e incluso, para los medios de comunicación. Inmersa la Isla hasta entonces, política y mediáticamente, en la crítica al gobierno del Cabildo insular, el foco de atención cambió bruscamente hacia la presunta corrupción.

 

Además de un resultado que arrojó entre aquellos meses de mayo y junio 33 imputados por un total de 79 delitos, casi ninguna corporación de la Isla, con la excepción de Haría y Tinajo, se salvó de la crisis institucional. Como tampoco se libraron de convulsiones internas la mayoría de los partidos políticos. Hoy, la división interna sigue más que patente en la que entonces parecía la formación menos afectada, Coalición Canaria.

 

Dos ayuntamientos intervenidos. Siete personas en prisión. Una treintena de presuntos implicados en una trama de corrupción. Concejales, consejeros, empresarios. Es el balance de aquella primera operación policial nunca antes vista en Lanzarote. Ahora que en la retina de los conejeros permanecen los acontecimientos de aquellos días, el revuelo en torno a la Operación Jable parece mucho menor.

 

Cabe recordar que la investigación del Caso Unión arrancó con dos denuncias interpuestas ante los juzgados de Arrecife, denuncias a las que siguieron pinchazos telefónicos a políticos y empresarios, y seguimientos a los presuntos implicados en la trama investigada.

 

 

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