Canarias, segunda comunidad donde más crecieron los pleitos por despido en 2019 

El Archipiélago fue el territorio donde más aumentaron las reclamaciones de cantidades en los juzgados de lo Social. Los concursos se incrementaron un 12% en las Islas el año pasado. Las estadísticas nacionales evidencian una disminución de los lanzamientos: un 25,1 por ciento los derivados de ejecuciones hipotecarias y un 2,2 por ciento los derivados del impago de alquileres. Los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil se incrementaron un 18,9 por ciento, y los de personas físicas un 55,4 por ciento

 Los órganos judiciales de la jurisdicción Social (la antigua magistratura de trabajo) en el Archipiélago canario registraron durante el pasado año 2019 9.885 demandas por despido laboral, lo que supone un incremento del 20,7% en este tipo de procedimientos en referencia a los computados en 2018 (8.192), la segunda subida más alta de todo el Estado tras Castilla-La Mancha. Estos datos están recogidos en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Según los datos oficiales recabados por el gobierno de los jueces, Canarias fue además el año pasado la comunidad donde más se incrementaron las reclamaciones de cantidad (demandas laborales donde se incluye, igualmente, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias) en todo el Estado. Los juzgados de lo Social de las islas computaron 8.483 en 2018 y el año pasado llegaron a 10.413, lo que supone un aumento del 22,8%, el más alto del Estado.

Por provincias, fue en Las Palmas donde se registró un mayor incremento de demandas judiciales por despido de las Islas: de las 4.943 de 2018 se pasó a 6.148 en el año pasado, lo que implica un aumento del 24,4%. En Santa Cruz de Tenerife se pasó de 3.249 demandas en 2018 a 3.737 en 2019, lo que supone un aumento de este tipo de litigiosidad laboral del 15%.

En lo que se refiere a concursos de personas jurídicas (las antiguas quiebras), durante el pasado 2019 se presentaron en toda Canarias 152 demandas, frente a las 135 de 2018, lo que implica un aumento del 12,6%, y se declararon 101, prácticamente los mismos que en el año anterior. De los concursos tramitados, 94 se resolvieron por liquidación de la empresa (un 17,5% más que en 2018, cuando desaparecieron 80 empresas).

Por provincias, el año pasado se presentaron en Las Palmas 88 concursos (un 12,8% más que en 2018) y se declararon 57 (un -3,4% que en el ejercicio anterior), y en Tenerife se presentaron 64 (12,3% más que en 2018) y se declararon 44, un 7,3% más que el año previo).

En lo que se refiere a Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), en toda la comunidad se presentaron siete durante el año pasado, un 30% más que los registrados en el ejercicio anterior, que fueron 10.

Por provincias, se computaron 4 en Las Palmas (un 42% menos que el año anterior) y tres en Santa Cruz de Tenerife, los mismos que en los doce meses previos.

Menos desahucios

Las estadísticas fueron más positivas en las Islas en lo que se refiere a los litigios de la ciudadanía con las entidades bancarias. En 2019 los juzgados de las islas llevaron a la práctica 560 lanzamientos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias (desalojos de vivienda por no poder pagar las cuotas del crédito hipotecario), frente a los 879 que se habían efectuado el año anterior, lo que implica una disminución en este tipo de actuaciones del 36,3%.

Los datos provinciales en este sentido indican que en Las Palmas se rebajaron los desahucios hipotecarios en un 37,2% (de los 506 de 2018 a los 318 de 2019) y en Santa Cruz de Tenerife pasaron de 373 en 2018 a 242 el año pasado, esto es; un descenso del 35,1%.

Datos nacionales

Igualmente, en el ámbito nacional, las ejecuciones hipotecarias experimentaron durante 2019 un importante descenso –del 36,5 por ciento- al alcanzar la cifra total de 17.411, la más baja registrada desde 2008. También disminuyeron los lanzamientos, tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias. El total de lanzamientos fue de 54.006, un 9,5 por ciento menos que en 2018.

Del total de 17.411 ejecuciones hipotecarias iniciadas durante 2019, la mayor parte -3.971- se presentaron en Cataluña. Le siguen Andalucía (3.292), la Comunidad Valenciana (2.561), Madrid (1.583) y Murcia (960).

El 67,5 % de los lanzamientos derivan del impago de hipotecas

En cuanto a los lanzamientos, un 67,5 por ciento del total, 36.467, ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 14.193 (el 26,3 por ciento) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 3.346 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 2,2 por ciento, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 25,1 por ciento. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Cataluña (con 12.446, el 23 por ciento del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía (con 8.806) y la Comunidad Valenciana, con 7.390.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.427; seguida por Andalucía, con 5.135; la Comunidad de Madrid, con 4.849; y la Comunidad Valenciana, con 4.486. Los cuatro primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Andalucía (3.117), Comunidad Valenciana (2.633); Cataluña (2.618); y Murcia (1.427).

Los concursos presentados suben un 32 por ciento

El número de concursos presentados en 2019 fue de 12.031, un 32 por ciento más que los registrados el año anterior. De ellos, 5.086 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial –cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 6.945 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil. Estos últimos experimentaron un aumento del 18,9 por ciento con respecto a 2018.

Los concursos de personas físicas han mostrado en toda España un incremento del 55,4 por ciento. La comunidad con mayor número ha sido Cataluña, con 1.509. Le siguieron Madrid, con 788; Comunidad Valenciana, con 744; y Andalucía, con 596.

Cataluña también ha sido el territorio donde más concursos de empresas se registraron ante los Juzgados de lo Mercantil, con 2.158 (el 31,1 por ciento del total nacional), seguido por Madrid (con 1.079) y por la Comunidad Valenciana, con 945.

Las demandas por despido aumentan un 12 por ciento

Las 120.049 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2019 supusieron un incremento del 11,9 por ciento respecto a las registradas el año anterior.

Por territorios, Madrid (con 22.224, el 18,5 por ciento del total nacional) es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña (con 22.193) y Andalucía, con 18.087.

Además, los Juzgados de lo Social registraron en 2019 131.252 reclamaciones de cantidad, un 5,7 por ciento más que en 2018. De ellas, 24.262 se presentaron en Madrid, 23.334 en Andalucía y 15.256 en Cataluña.

Procedimientos monitorios

Los procedimientos monitorios presentados durante el pasado ejercicio en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción aumentaron un 25 por ciento respecto al año anterior y se situaron en 720.991. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas)

En el año de 2019 ingresaron en los juzgados especializados en demandas sobre cláusulas abusivas 132.471 asuntos; se resolvieron 141.643, quedando en tramitación 244.036. Se dictaron 117.474 sentencias, de las que el 96,9 por ciento fueron estimatorias.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

Los verbales posesorios sumaron un total de 4.017, un 130,9 por ciento más que en 2018, habiéndose resuelto 2.962. Cataluña, con 1.004 (un 25 por ciento del total nacional) encabeza la lista. Le siguen Andalucía, con 771; Comunidad Valenciana, 512; y Madrid, 440.

Cuarto trimestre de 2019

Durante el cuarto trimestre de 2019, el número de lanzamientos practicados (13.612 en total) fue un 9,6 por ciento más bajo que en el mismo trimestre de 2018. El 68,4 por ciento de los lanzamientos, 9.310, fue consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, mientras que otros 3.503 (el 25,7 por ciento) se derivó de ejecuciones hipotecarias; los 799 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron una nueva disminución interanual (llevan 18 trimestres consecutivos a la baja), que en este caso fue del 22,1 por ciento. Los derivados de la aplicación de la LAU también disminuyeron, un 2,6 por ciento, siendo el tercer trimestre en el que se observan reducciones interanuales.

Cataluña (con 3.234, el 23,8 por ciento del total nacional) vuelve a ser la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el cuarto trimestre de 2019, seguida por Andalucía (con 2.123), la Comunidad Valenciana (con 1.871) y Madrid, con 1.466.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.237 (24 por ciento del total); seguida por Andalucía, con 1.293; Madrid, con 1.212; y la Comunidad Valenciana, con 1.144. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, es Andalucía, con 708, la que encabeza el ranking, seguida de la Comunidad Valenciana, con 662; Cataluña, con 661; y Murcia, con 477.