La Plataforma denuncia que Canarias “retrocede” y se encuentra ya a más de 572 millones de euros de alcanzar el 5% de inversión educativa

Llegó a estar a 183 millones en la anterior legislatura y en dos años, 2024 y 2025, se amplía la brecha en el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación (LCE)

 El colectivo anuncia que ampliará la queja registrada ante la Diputación del Común por el incumplimiento de la ley educativa canaria

 La Plataforma Canaria por el 5% en Educación denuncia que Canarias retrocede gravemente respecto al cumplimiento de los compromisos de financiación establecidos en la Ley Canaria de Educación (LCE) de 2014. Nuestra Comunidad llegó a estar a 183 millones de euros de alcanzar el 5% y en los Presupuestos de este año 2025 nos hemos alejado ya hasta los 572 millones. Por eso, tras su reciente reunión con la Diputada del Común de Canarias, Dolores Padrón, la Plataforma decidió ampliar la queja registrada ante este organismo por el incumplimiento de la ley educativa canaria.

Como se sabe, la aprobación de la Ley Canaria de Educación en 2014 supuso un compromiso claro por parte del Gobierno de Canarias de aumentar progresivamente los recursos destinados al sistema educativo. Esta ley establecía que, en un plazo de ocho años, la inversión en educación debía alcanzar al menos el 5% del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, transcurridos once años desde su entrada en vigor, los datos reflejan un incumplimiento sistemático de esta meta, que se ha agravado sustancialmente en esta legislatura.

Desde 2014, el presupuesto educativo en relación con el PIB ha fluctuado, manteniéndose en niveles inferiores al 5% estipulado por la ley. En los primeros años, la inversión fue decreciendo, pasando del 3,70% en 2014 al 3,46% en 2017. Posteriormente, se observó una ligera recuperación, alcanzando el 4,63% en 2023, pero en 2024 y 2025 vuelve a descender al 4,20% y 4,05% respectivamente. Estos datos indican que, a pesar de algunos aumentos puntuales, la meta del 5% no solo sigue sin cumplirse, sino que se retrocede gravemente.

Impacto en el cumplimiento de los objetivos de la ley

La Ley Canaria de Educación tenía como finalidad mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar una educación equitativa y de calidad para toda la población. Sin embargo, la insuficiencia de recursos ha dificultado la consecución de estos objetivos. Entre las consecuencias más relevantes se encuentran:

1. Infraestructuras Educativas Deficientes: La falta de inversión ha impedido la modernización de centros educativos, afectando la calidad del aprendizaje y las condiciones de trabajo del profesorado.
2. Recursos Insuficientes para la Atención a la Diversidad: La ley contemplaba medidas para atender a la diversidad del alumnado, incluyendo programas de apoyo y refuerzo. Sin embargo, la escasez de fondos ha limitado su implementación efectiva.
3. Estancamiento en la Innovación Educativa: La digitalización y la innovación pedagógica requieren una financiación adecuada. La falta de inversión ha supuesto una barrera para la actualización tecnológica en los centros.
4. Menor Dotación de Personal: La contratación de más docentes y especialistas en orientación y apoyo ha sido insuficiente, lo que repercute en la atención individualizada del alumnado.

Consecuencias para el Desarrollo de Medidas y Planes

El incumplimiento del compromiso financiero ha impactado negativamente en la puesta en marcha de diversas actuaciones contempladas en la ley, tales como:

• Planes de refuerzo educativo: Programas para reducir el abandono escolar y mejorar el rendimiento académico han tenido recursos limitados.
• Formación docente: La capacitación continua del profesorado es clave para mejorar la calidad educativa, pero la financiación insuficiente ha restringido las oportunidades de formación.
• Accesibilidad y equidad: Se han visto limitados los programas de becas y ayudas a estudiantes en situación vulnerable, lo que amplía las brechas de desigualdad.
• Implantación de la Educación Infantil Temprana: Se ha visto frenada por falta de recursos manteniendo a Canarias a la cola y alejándose del resto de las comunidades autónomas.

El incumplimiento del financiamiento educativo en Canarias está teniendo consecuencias directas en la calidad y equidad del sistema educativo. A pesar de algunos incrementos en la inversión, la meta del 5% del PIB sigue sin alcanzarse, comprometiendo el desarrollo de las actuaciones y medidas previstas en la ley. Es imprescindible que el Gobierno de Canarias tome medidas urgentes para cumplir con sus compromisos y garantizar un sistema educativo que responda a las necesidades de la sociedad canaria y de su infancia y juventud.