CC-PNC-SB solicita la convocatoria del Consejo de Administración de los CACT “para acordar recurrir” el archivo de la causa contra Espino

“Confiamos en que el pacto que mantiene el PP con el PSOE no sea óbice para que Ástrid Pérez, letrada con larga trayectoria, haya cambiado de opinión y continúe apostando por la defensa del interés general”, destaca la formación nacionalista. Una vez estudiado el auto, el Grupo Nacionalista no alcanza a entender por qué se obvian aquellos pasajes del peritaje judicial en el que se habla de los sobrecostes sobre el precio de mercado, superiores a 175.000 euros, la mayor parte además sin contrato

El Grupo Nacionalista (CC-PNC-SB) en el Cabildo de Lanzarote ha registrado este lunes 2 de diciembre la solicitud de convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, para “abordar con inmediatez” el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en relación con la querella que en su día decidió interponer este órgano -presidido entonces por Astrid Pérez- entre otros contra el ex secretario general del PSOE, Carlos Espino, y acordar, en su caso, presentar recurso contra dicho auto.

 “Resulta cuanto menos sorprendente cómo un juez vio lo mismo que aquel Consejo, esto es, “poderosos elementos indiciarios” que apuntaban a que Espino y el resto de querellados en la causa podían haber cometido delitos de prevaricación, falsedad o malversación de fondos públicos, y otro no vea absolutamente nada”, ha subrayado Coalición Canaria.

 De este modo, el Grupo Nacionalista presentó en la mañana de ayer  “formalmente” la solicitud de convocatoria extraordinaria y urgente de dicho Consejo, a expensas de que se sume el grupo del Partido Popular de la entonces consejera delegada denunciante, Ástrid Pérez.

 “Confiamos en que tratándose de un archivo provisional y recurrible, que el pacto que mantiene el PP con el PSOE no sea óbice para que Ástrid Pérez, letrada con larga trayectoria, haya cambiado de opinión con respecto a lo que consideró cuando era la consejera delegada y presidenta del Consejo de Administración que denunció los hechos y, por tanto, sea coherente y respalde la solicitud de recurrir este auto, si no ha variado su apuesta por la defensa del interés general”, señala CC.

 Asimismo, el representante nacionalista en el seno del Consejo de la EPEL - CACT, Samuel Martin, recuerda que para Pedro San Ginés no supuso ningún inconveniente declarar en sede judicial cuando Coalición Canaria gobernaba en pacto con el PSOE.

 Una vez estudiado el auto, el Grupo Nacionalista no alcanza a entender por qué se obvian aquellos pasajes del peritaje judicial en el que se habla de los sobrecostes sobre el precio de mercado, superiores a 175.000 euros, y se centra exclusivamente en si en el único contrato que había se superó en un 20 por ciento del mismo, cuando dicho contrato, además de saltarse la ley de contratos, apenas cubría 224.000 euros del millón que se gastó en equipamientos y montajes de cocina.

 Coalición Canaria considera que el objeto principal del peritaje era averiguar si había sobrecostes sobre el precio de mercado, “algo que queda constatado, pero que sin embargo obvia el auto”.

 “Estas son razones más que suficientes como para entender que, cuanto menos, este asunto debe ser investigado en un juicio y dar la oportunidad a las partes de formular acusación. Por eso, habría que presentar el recurso”, concluye Coalición Canaria.