La mentira no es el camino

En las últimas fechas estamos asistiendo a un debate en la opinión publicada sobre cuáles deberían ser las atribuciones de nuestros expresidentes del Gobierno de Canarias y, de forma más incisiva, acerca de si deben contar o no con una retribución económica procedente del erario público.

Un debate, sin embargo, que rápidamente se ha visto contaminado por el partidismo mediático y político, y que lejos de aportar reflexión o información, solo está sirviendo para alimentar el ruido y la confusión.

Creo no exagerar si digo que somos muchos los que desearíamos escuchar análisis más serenos y objetivos sobre un asunto que en otras comunidades como Galicia, Cataluña o Euskadi hace tiempo que ha sido resuelto. Sobre todo cuando esas opiniones proceden de nuestros representantes públicos, a quienes se les supone un sentido de la responsabilidad y el rigor tanto o más que la media.

Alegatos como el escuchado esta semana al líder del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, en sede parlamentaria, resultan inadmisibles e intolerables. En su afán por hacerse notar, el señor Domínguez no dudó en recurrir a la mentira y el mal estilo, llegando a acusar al presidente Ángel Víctor Torres de cosas que nunca ha dicho, como que desea sueldos vitalicios para los expresidentes.

Domínguez tuvo la oportunidad de rectificar y disculparse, pero decidió no hacerlo, lo cual tiñe de mayor bajeza su comportamiento. Una decepción mayúscula y duradera, impropia de quien se presenta como servidor público y aspirante a representar los intereses de todos los canarios y canarias, le hayan o no votado.

Un debate serio pasa en primer lugar por no tomar a la gente por tonta y ser escrupuloso en el relato de los hechos. Y lo primero que hay que decir sobre esta norma que habla de sueldos y trato de excelencia para los expresidentes de Canarias, entre otros parabienes, es que ni es de ayer ni de anteayer, sino del año 2000, con Coalición Canaria y Partido Popular al frente del Gobierno de Canarias. Y que fue a través de una enmienda al texto principal de 1983 sobre medidas de organización del Gobierno de Canarias, promovida por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la que desde entonces habilita la posibilidad de contar con una compensación económica para nuestros expresidentes.

Los socialistas no estábamos de acuerdo con este articulado y así lo expresamos en la votación de enmiendas, como se puede comprobar en el acta de aquella sesión plenaria (28 de junio, año 2000). Pero el gobierno, con su mayoría, rechazó tal supresión, acordando por consiguiente la aprobación definitiva.

Han pasado 22 años y ha sido el Gobierno actual, presidido por un presidente socialista, el que ha decidido afrontar la revisión de estos y otros preceptos y con ello, de paso, adecuar el régimen, la organización y el funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno a lo establecido en la última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018. El nuevo texto elimina cualquier mención a una remuneración, por lo que es menos explícito en este sentido que la Ley todavía en vigor.

Su trámite se está desarrollando a través del proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, y hace unas semanas fue aprobado en Consejo de Gobierno, como paso previo a su votación en el Parlamento.

Será ahí, y no en ningún aislado despacho, donde todos los partidos deberán pronunciarse y ponerse de acuerdo sobre el papel que han de tener nuestros expresidentes autonómicos, incluido si merecen un sueldo y la cuantía de éste.

En nombre de los y las socialistas de Canarias, el secretario general Ángel Víctor Torres ha sido claro: no a los sueldos vitalicios y puerta abierta a una retribución para los expresidentes siempre y cuando sea a cambio de un servicio a la comunidad basado en sus conocimientos y su experiencia.

No más tergiversación malintencionada. Canarias también necesita de una oposición que esté a la altura de los grandes debates y decisiones. Que no utilice la mentira como arma arrojadiza, sino que sea respetuosa con la verdad y el interés general. La política útil es siempre el camino.