El problema no son los medios propios es abusar de ellos

El Decano de la Demarcación de Santa Cruz de Tenerife del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Luis Pintor Sepúlveda, reflexiona sobre la importancia de la concurrencia pública para ejecutar proyectos de calidad, fomentar la competencia y favorecer el empleo

 Tras estos pasados días en los que quince, ¡quince!, Colegios Profesionales han firmado un manifiesto conjunto contra el abuso de las administraciones en el uso de los medios propios como mecanismo para desarrollar servicios y ejecutar obras, tiene sentido hacernos la pregunta, ¿deben existir los medios propios?, la respuesta es rotunda. Sí, deben existir.

 Pero ¿qué son los llamados medios propios de la Administración? Pues son empresas creadas con capital público, a las que el Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos les encargan la redacción de proyectos, planes urbanísticos, la ejecución obras, direcciones de obra, hasta hay encomiendas para encargarse de la recogida de basuras, o de la gestión de otros servicios municipales, incluso del agua. ¿Qué medios propios hay?, tenemos empresas como Visocan, Gesplan, Gestur, Tragsa y Tragsatec, ITC (instituto tecnológico canario), Grafcan, etc. Estas empresas han tenido que ir firmando acuerdos para poder convertirse en medios propios de las diferentes administraciones.

 ¿Cómo funciona el medio propio? La administración le hace una encomienda de gestión donde se indica cual es el objeto (una obra o un servicio), las condiciones para desarrollarlo, los medios de los que se ha de disponer, personales y materiales, y el importe para llevarlo a cabo. Las condiciones en las que ha de desarrollarse el encargo se recogen en los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 ¿Qué profesionales trabajan en estas "empresas"? Hay todo tipo de profesionales, desde arquitectos, ingenieros de caminos, canales y puertos, jurídicos, aparejadores, biólogos, geógrafos, ingenieros técnicos de obras públicas, y un largo etcétera. Estos compañeros desarrollan el ejercicio de su profesión en este sector, con unos salarios

tasados a las tarifas publicadas de cada medio propio, y en los campos de los encargos que ejecutan.

 Entonces, si están regulados por Ley, si hay profesionales de todos los campos trabajando, si hacen una labor encomendada por la administración, ¿cuál es el problema?

 El problema no es el medio propio en sí, ni ninguno de los profesionales que trabajan en ellos. El problema es el uso desmedido y abusivo que la administración está haciendo de este recurso.

 Los medios propios han de existir y cumplen su función cuando son necesarios para trabajos que requieran condiciones de excepcional rapidez; cuando no haya en el mercado la posibilidad de acometer las prestaciones demandadas, bien sea por su naturaleza o por indeterminaciones; porque haya ausencia de proveedores alternativos, o empresas que desarrollen una actividad, y otros supuestos que impliquen que su uso sea la opción más ventajosa para la administración, es decir, para todos nosotros.

 Y es que la Administración tiene la potestad de escoger cómo desarrollar los trabajos, pero claro, ha de hacerlo pensando en el bien común, en que sea lo más eficaz, eficiente, lo de mayor calidad, la mejor relación calidad precio, en resumen, lo más beneficioso para la sociedad.

 Para lograr todo esto, hay un mecanismo en la Ley de contratos del sector público que garantiza la competencia y la libre concurrencia, la licitación, conocido generalmente como un concurso, al que se presentan las distintas empresas y ofertan la mejor solución.

 El problema está en que se ha roto el equilibrio, y prácticamente todo se hace mediante encargo. Y no es que se haga porque sea lo más beneficioso para el interés público, no, se hace porque no queda otro remedio, se hace porque no hay personal para preparar estas licitaciones, porque no hay intervenciones o si la hay, están saturadas.

 La burocracia, la falta de recursos de personal, la desidia y hartazgo de una administración, desde ayuntamientos y Cabildos hasta Gobierno de Canarias, de sus empleados públicos y parte directiva y política, ante un procedimiento de licitación para una actuación, que tarda de media un año, y algo más diría yo, hacen que se recurra para todo a la figura del "encargo".

 Este "encargo", con una memoria y poco más se puede empezar a realizar, tanto un servicio como una obra, y encima dejas los problemas de contratación para el medio propio. Además, la administración de turno puede adelantar el dinero, de tal modo que figura como ejecutado en los presupuestos. Así que son todo ventajas y esta manera de ejecutar los presupuestos que se ha convertido en una forma de externalizar todo lo que hace la administración.

 Pues esto es de lo que los Colegios Profesionales nos quejamos, levantamos la voz, firmamos un manifiesto, escribimos artículos en los periódicos y hacemos entrevistas de radio. Para difundir una situación de abuso, de desequilibrio, de rotura y desaparición de las empresas consultoras y constructoras.

 El "encargo" no es lo más beneficioso, para avanzar debe haber competencia, excelencia, concurrencia, ciencia y tecnología, investigación. Las empresas tienen que crecer, avanzar, afianzarse en el mercado y crear empleo. Deben tener competencia en el sector para ofrecer lo mejor. Al igual que todos nosotros, como profesionales, debemos formarnos, avanzar, esforzarnos y crecer profesionalmente.

 Desde los Colegios Profesionales buscamos abrir el debate, que las administraciones públicas cuenten con nosotros en la toma de decisiones para plantear las soluciones al desequilibrio existente.

 Una de las soluciones es el impulso a las licitaciones dotando de personal los servicios de contratación, modificando las RPT (relaciones de puestos de trabajo) incluyendo a personal cualificado de diferentes ramas en las intervenciones generales y delegadas, formando a equipos específicos en contratación. La parte política ha de apostar por este mecanismo frente al encargo en aquellos casos que sea lo más conveniente.

 Y qué decir tienen la necesaria modificación de la normativa de contratación pública para permitir una tramitación más ágil de los expedientes. Reto que debemos abordar de una vez por todas porque este problema no es solo de nuestra Comunidad Autónoma, se ha convertido en un problema nacional.

 La Administración no puede seguir usando como excusa su falta de diligencia para no facilitar la libre concurrencia y la competencia, si no poner todo su empeño y todos sus recursos a disposición para solventar este desequilibrio y este abuso.

 Hay administraciones que sí son diligentes, servicios y direcciones generales que día a día pelean por mantener el concurso público. Son éstas las que se deben tomar como ejemplo de buen hacer, y reconocerles la labor que llevan a cabo para mantener la libre concurrencia.

 Por último, para concluir esta reflexión, mis palabras finales van para todos nuestros compañeros que desarrollan su trabajo en los medios propios. El Colegio defenderá la profesión en todos los ámbitos y sectores; nunca se ha cuestionado la profesionalidad de los técnicos que ejercen la profesión en estas empresas, ni de las empresas en sí. Seguiremos trabajando por la defensa de los ICCP, de unas condiciones laborales dignas, y adecuadas a la responsabilidad de las funciones que se ejercen. Se defenderá el desarrollo de la profesión y de la libre concurrencia y competencia y la excelencia en el trabajo.