NC solicita la reinscripción del partido y anuncia un incidente de nulidad en la sentencia

Nueva Canarias se presentará a las elecciones del 2023 con el “apellido” de Bloque Canarista (BC) si no prosperan las acciones en curso para restituir su marca en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior.

Pese a que la formación canarista asegura que “asumirá todas las consecuencias que correspondan” por haber presentado las cuentas del partido fuera de plazo, se ha personado ante la Audiencia Nacional para anular la sentencia que declaró su extinción.

NC, que califica lo ocurrido como “un problema burocrático”, ha solicitado la reinscripción del partido ante Interior aportando una serie de documentación (17.000 folios) con la que quieren demostrar que “no están precisamente inactivos”. En ella adjuntan información sobre los dos congresos celebrados (2017 y 2022), las actas, la participación en las cinco convocatorias electorales (locales, insulares, canarias, estatales y europeas), los 150 cargos públicos en los ayuntamientos y cabildos y las 12 alcaldías. También la responsabilidad, desde julio de 2019, de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, un grupo propio en el Parlamento de Canarias y con un representante en el Congreso de los Diputados hasta finales del pasado mes de junio.

También aportan los pactos de distinta índole suscritos con el PSOE, el PP y CC así como la labor de comunicación desarrollada en los ámbitos de representación institucional y orgánica. Además de las cuentas de la organización, remitidas al TCu, de 2018, 2019, 2020 2021 aunque fuera de plazo. Junto con las electorales de 2019, cuando correspondieron, y diversa correspondencia ordinaria mantenida también con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, entre otros.

El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez entiende que es una “desproporción” que se cancelara su inscripción ya que defiende que no se ha hecho por “una comisión de un delito penal, por prevaricar, por cohecho ni falsedad documental ni por enriquecimiento ilícito sino por un problema administrativo”, subrayó.

Por otro lado, esta formación dice haber observado unos “defectos formales muy graves que nos han impedido ejercer el derecho fundamental de la tutela efectiva”, de ejercer la defensa, lo que puede ser causa para “invalidar cualquier procedimiento judicial”, denunció el secretario de Organización.