La Graciosa se levanta en contra del cierre de la carretera de Playa Lambra

Habrá una manifestación el jueves 29 de diciembre, a las 11:00 horas, que saldrá de la Parroquia Virgen del Mar en Caleta del Sebo

 Los vecinos de La Graciosa se han unido en señal de protesta ante el cierre inminente de una de las vías de la isla en su paso por Playa Lambra. La acción del corte se está llevando a cabo dentro de la obra de arreglo de las carreteras de la isla, ejecutada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN). Los motivos a los que se amparan para cortar el tránsito por esta vía es el cumplimiento de la Ley 22/1988 de Costas que impide que se circule por vías que se encuentren dentro del espacio de servidumbre.

Se tiene constancia en la oficina de catastro del Ayuntamiento de Teguise de la existencia de la vía con fotos aéreas desde el año 1958, con lo que esta zona de paso para vehículos era usada en la isla con anterioridad a la aprobación y aplicación de la Ley de Costas. Además, en 2006 el  Gobierno de Canarias en la aprobación del Plan Rector de Uso Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, reconoce esta carretera como una de las vías dentro del Parque. Para los gracioseros no se entiende que hoy restrinjan una vía de paso que históricamente ha existido no solo para el uso de turistas sino también de residentes; y que el propio OAPN arregló en 2009 dentro de la estrategia Plan E, sin que ello supusiese su corte.

Los gracioseros lamentan “esta situación tan desagradable” y consideran que se vulneran sus  derechos como población consolidada en la isla antes de cualquier figura de protección que se haya aplicado en La Graciosa. Ante las circunstancias que han pasado las últimas semanas, habiendo colocado ya el OAPN la valla para su cierre, los vecinos han decidido manifestarse el próximo jueves 29 de diciembre a las 11:00hr con salida desde la Parroquia Virgen del Mar en Caleta del Sebo.

Con esta acción buscan paralizar el cierre de la vía, que la sociedad tome conciencia del “atropello que muchas veces supone la aplicación de figuras de protección sin un proceso de participación ciudadana real en una población consolidada y lograr el compromiso de las Administraciones Públicas más cercanas para la paralización del cierre”.