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Autorizada la subvención de 10,7M€ a los cabildos para impulsar el transporte público de viajeros por carretera

 

Se destinarán 536.000 euros para los cabildos de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote

La Consejería de Transporte eleva este año la aportación de esa ayuda, con la que se financia el Bono Residente Canario para fomentar el uso de este título de viaje que se emplea de forma masiva para beneficiarse del transporte gratuito en las islas

 El Consejo de Gobierno, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en funciones Sebastián Franquis, ha autorizado hoy a la Dirección General de Transportes el reparto entre los siete cabildos canarios de los 10.720.000 millones de euros de la anualidad 2023 correspondientes al Bono Residente Canario, una subvención que el Ejecutivo activa para impulsar el uso del transporte público entre la ciudadanía. Estos fondos se repartirán posteriormente, a través de los cabildos, entre las empresas de líneas regulares de guaguas y tranvía de las siete islas, para compensarlas por el uso que hacen los pasajeros del Bono Canario en sus vehículos.

Esta subvención que se otorga anualmente a los cabildos experimenta este año una ampliación en 720.000 euros para compensar, en parte, el uso masivo que se está haciendo de este título de viaje en todas las islas gracias a la gratuidad del transporte público terrestre que estará en vigor todo este 2023. En concreto, el Consejo ha autorizado hoy el gasto de una partida 8,5 millones de euros que forman parte de la subvención global de 10,7 millones, y que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda repartirá a partes iguales entre los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, las islas con más demanda de viajes y más abonados. Los cabildos de estas dos islas distribuirán luego los 4,28 millones que le corresponden a cada una entre las compañías de transporte público que operan en su territorio.

Los algo más de dos millones de euros restantes de la subvención se repartirán, sin necesidad de autorización previa del gasto, entre los cabildos de las otras cinco islas. De esta forma, el reparto de la subvención en las islas no capitalinas se establece de la siguiente forma: 536.000 euros para cabildos de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote; y 250.000 euros para los cabildos de El Hierro y La Gomera. Este reparto se realiza según los acuerdos alcanzados con los cabildos en función al número de habitantes de cada isla y a los usuarios del transporte público en ellas

 

El Bono Residente Canario, tras consolidarse en el Archipiélago como una alternativa eficaz y económica, se ha convertido este año también en la herramienta prioritaria para la implantación en el Archipiélago de la gratuidad del transporte terrestre que está en vigor desde el 1 de enero pasado. El número de usuarios de este título de viajes válido para guaguas y tranvías se ha multiplicado de forma destacada gracias a las políticas de fomento del transporte terrestre gratuito impulsadas por los gobiernos de España y de Canarias en el último año debido a la crisis económica generada por la guerra en Ucrania y el precio de los combustibles. Gracias a las subvenciones de ambas administraciones (el Estado aporta 81 millones de euros para financiar la gratuidad del transporte terrestre en las islas), se garantiza el uso sin coste alguno para miles de viajeros que usan las guaguas o el tranvía más de 15 veces al mes.

 

Con la autorización aprobada hoy, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda agiliza también los trámites de este abono para facilitar a las empresas de transporte terrestre poder disponer de este dinero con celeridad y contribuir a la reactivación del sector para superar la crisis económica generada por la guerra en Ucrania.

 

Además, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda tramita también ya la concesión de otra subvención a los cabildos por valor de 47,5 millones de euros correspondientes a la aportación ordinaria que cada año realiza la Administración General del Estado para financiar el sistema de transporte público terrestre en las islas, y que ya ha sido transferida a la Comunidad Autónoma.

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