Las patronales turísticas rechazan la propuesta de impuesto a la pernoctación por "ineficaz" y dudan de la legalidad de excluir a los residentes

El sector advierte de que la clave no está en recaudar más, sino en gestionar mejor lo recaudado, que las administraciones son incapaces de ejecutar al completo

 Insisten en que los problemas del Archipiélago residen en la falta de vivienda, en la deficitaria depuración de aguas o en los colapsos diarios en la movilidad de los residentes, entre otros déficits

La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT); y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) consideran "ineficaz" la proposición de ley presentada el pasado miércoles por el Grupo Parlamentario Socialista para implantar en Canarias un impuesto a las estancias turísticas, una medida que, consideran los empresarios, no reducirá el número de visitantes y que supone un castigo injustificado al turismo, como ha quedado demostrado en todos los territorios en los que se ha aplicado dicho impuesto, que solo restará competitividad al destino.

 En cuanto a la recaudación que se espera obtener con este nuevo impuesto, 250 millones anuales según la propuesta socialista, las patronales insisten en la idea de que Canarias no tiene problemas de financiación, sino de gestionar mejor los recursos que tiene, dado que ni siquiera ejecuta la totalidad de los impuestos que genera la actividad turística, que ascendieron a más de 3.400 millones anuales en 2023.

 Un nuevo impuesto a la pernoctación no resulta útil como medida para gestionar los flujos turísticos, ni tampoco para abordar los auténticos déficits en infraestructuras que arrastra el Archipiélago y que no han dado respuesta al notable incremento de población de los últimos 25 años. Por otro lado, supondría generar una clara situación de doble imposición a la actividad turística en las Islas, cuando precisamente se trata del sector de la economía que más contribuye a los ingresos públicos vía impuestos.

 Asimismo, consideran de muy dudosa legalidad la posibilidad de que ese impuesto pueda cobrarse solo a los visitantes que no residen en Canarias, ya que la normativa europea no permite ninguna medida discriminatoria según la residencia del ciudadano de la UE. Por tanto, también los residentes en las Islas se verían obligados a abonar dicha carga tributaria al alojarse en un establecimiento turístico de Canarias.

 Otra cuestión diferente, que comparten las patronales, es la aplicación de tasas por visitar los tesoros naturales de las Islas, tal y como se aplica ya en algunos espacios. Una tasa con carácter finalista, consideran las patronales, puede incluso repercutir positivamente en la generación de empleo y en la mejora de los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento de estos lugares, y sería útil acompañada por otras medidas para gestionar correctamente el flujo de visitantes, medir el impacto sobre los espacios naturales y garantizar su óptimo estado de conservación.

 El turismo en Canarias mueve hoy el citado 35,5% de la riqueza (PIB) de las Islas, genera el 40% del empleo directo y en impuestos se traduce en unos ingresos de 3.400 millones de euros. Con esa cifra se puede pagar todo el presupuesto canario de Educación de este 2024 (2.373 millones), todos los servicios sociales (711 millones), la industria y energía (139 millones) y el acceso a la vivienda y fomento de la edificación (122) o más del 80% del presupuesto total de Sanidad (4.108 millones).