Un juzgado canario logra que el TJUE aclare la jurisdicción del  ‘time sharing’ 

Un pleito en Granadilla de Abona fuerza a Luxemburgo a aclarar que en los litigios entre hoteles y clientes ingleses sobre vacaciones en Canarias la legislación aplicable es la inglesa y no la española

La decisión europea solicitada por el juzgado canario ha dado lugar a una sentencia del Supremo que consagra la competencia de la legislación británica

 El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Granadilla de Abona ha conseguido que el Tribunal Supremo resuelva cuestiones “muy importantes” -en palabras de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea del CGPJ- sobre la competencia judicial internacional y la ley aplicable en los litigios de contratos de aprovechamiento por turno firmado en España por consumidores británicos y la sucursal en España de una sociedad inglesa domiciliada en el Reino Unido. La legislación aplicable en estos casos es la inglesa y no la española.

Para entender cómo se ha llegado a esta trascendental aclaración del panorama jurídico internacional, hay que acudir a la sentencia dictada el pasado 29 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife). En ella se relata que, para resolver un pleito en el que, alegando confusión en el contrato, dos ciudadanos británicos reclamaban 43.277 libras (unos 52.086 euros) a la empresa de time sharing Diamond Resorts -filial de la cadena Hilton-, el juez paralizó el caso cuando estaba a punto de finalizar la vista oral, con el fin de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

Efectivamente, el juez congeló su decisión al no tener claro cuál era la norma de aplicación, y preguntó a Luxemburgo si debía guiarse por la ley española de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles (Ley 42/98 de 15 de diciembre) o aplicar el reglamento del Parlamento Europeo Roma 1, que contempla la libertad de pacto entre las partes para la ley aplicable a las relaciones contractuales, la prevalencia de la ley del domicilio del prestador de servicios y la “residencia habitual del propietario en caso de arrendamientos temporales de hasta seis meses  si el arrendatario reside en el mismo país”.

La cuestión prejudicial fue elevada a Luxemburgo el 13 de octubre de 2021. El TJUE tardó casi dos años en contestar. El 14 de septiembre del año pasado, dictaminó que, si bien las distintas fechas de los contratos hacían fluctuar la norma de aplicación entre el Convenio de Roma de 1980 y el Reglamento Roma 1 de 2008,  “la ley aplicable es la ley inglesa”.

En base a este pronunciamiento, el juzgado de Granadilla de Abona dictó sentencia el 29 de octubre pasado, desestimando la demanda de los clientes y absolviendo de todas las peticiones económicas a Diamond Resorts.

La resolución del juzgado canario y el pronuncamiento del TJUE tuvieron tal calado doctrinal que al día siguiente, 30 de octubre, el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó la sentencia 1.427/2024 que, citando el caso de Granadilla y la decisión al respecto del TJUE, desestimó otras demandas que se habían planteado contra Diamond Resorts (en este caso, por estancias en hoteles en Canarias, pero planteadas en Málaga), aplicando la doctrina de que la norma vigente es la inglesa y no la española.