El Grupo Nacionalista presenta recurso contra el archivo de la causa contra Espino

 Los nacionalistas insisten en que “el instructor de la causa no ha tenido en cuenta que con respecto a las facturas de los equipamientos de cocina en los CACT no existen procedimientos administrativos, ya que se prescindió de los procedimientos de contratación conforme a la Ley y normas internas de los CACT”. “No se trata de si las facturas están bien conformadas o si con cargo al único contrato ilegal existente no se supera el 20%, se trata de un millón de euros facturado sin cobertura legal y con importantes sobrecostes certificados por un peritaje judicial, y con graves acusaciones testificales que no se han tenido en cuenta”

 El Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote presentó el pasado lunes recurso de reforma contra el archivo de la causa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo contra el ex secretario general del Partido Socialista, Carlos Espino.

 Entre las alegaciones presentadas, los nacionalistas insisten en que “el instructor de la causa no ha tenido en cuenta que con respecto a las facturas de los equipamientos de cocina en los CACT no existen procedimientos administrativos, ya que se prescindió de los procedimientos de contratación conforme a la Ley y normas internas de los CACT, haciendo la Administración una dejación absoluta de sus funciones”.

 Según CC, tampoco se habla del gasto global en equipamientos y montajes de cocinas que ascienden a casi un 1.000.000 de euros a empresas del mismo administrador en dos de ellas sin contrato alguno, y que sin duda sí se supera el 20% del único contrato por importe de 224.000 euros a una empresa que facturó 700.000 euros de ese millón, (contrato que por cierto en sí mismo también se saltó la Ley de contratos).

Igualmente, aseguran, omite el auto el contenido de las dos periciales que acreditan que los precios pagados por los suministros son muy superiores a los establecidos en el mercado en las tres referidas empresas.

 “Una cosa es que las facturas que estén o no bien conformadas e incluso que se haya superado o no determinados porcentajes sobre un contrato determinado, que también fue irregular, y otra cosa es que ninguna de las facturas de todos los equipamientos de cocina tuviera cobertura legal”, asegura Coalición Canaria.

 “Es decir –insisten los nacionalistas- que incluso en el contrato en el que se dice que no se superó el 20% de incremento, se prescindió del procedimiento establecido en la Ley de contratos, amén de que en todos los casos había sobrecostes importantísimos sobre los precios de mercado”.

Asimismo, tampoco parece haberse tenido en cuenta en el auto del archivo de la causa, desde la perspectiva del delito de prevaricación, las importantísimas declaraciones testificales de altos directivos de la empresa, que aseguran haber advertido directamente al consejero Carlos Espino y su director de desarrollo de que se estaban saltando los procedimientos legales y recibieron instrucciones de obedecer por mandato de consejero, entre otros argumentos jurídicos que fundamentan el recurso de reforma presentado.