VIVIENDAS VACACIONES, EL MIEDO A LO NUEVO Y LA COSTUMBRE DE CRIMINALIZAR

Las viviendas vacacionales (VV) no son, en sí, un mal para ninguna economía. Tampoco para la nuestra. Lo que sí es un mal, se trate de VV, de casas residenciales o de cuartos de aperos, es la falta de una normativa adaptada a la realidad que queremos preservar, la ausencia de un servicio de inspección y vigilancia eficiente y unos políticos que miran para otro, o que dejan en manos de la providencia la resolución de estos problemas.

 Por supuesto, es preocupante que haya ya en Lanzarote 7226 inmuebles autorizados como viviendas turísticas. Censadas, realmente habrá más, con una capacidad de 33.364 plazas turistas. Más de un tercio de la oferta alojativa turística de Lanzarote está diseminada por toda la isla, donde los tres municipios ya turísticos con apartamentos y hoteles, acogen más de 5.500 viviendas, dos tercios (2/3) del total. Así Yaiza se pone a la cabeza con 2161 VV y 11662 plazas, le sigue Tías con 1849 VV y 8.311 plazas y Teguise con 1590 inmuebles de uso turístico y 6830 plazas. La cuarta, ya es Haría, con 603 inmuebles y 2446 plazas, le sigue Arrecife  con 460 VV y 1663 plazas, San Bartolomé, con 325 VV y 1447 plazas y cierra el listado Tinajo con 238 VV y 1005 plazas.

La oferta ya es lo suficientemente llamativa para no tomarse como algo residual. Una de cada tres camas que  se venden a los turistas en Lanzarote está en este epígrafe. Demuestra el éxito que ha tenido en la isla esta figura alternativa de alojamiento. Pero hay que someterla a un estudio riguroso para potenciar sus cosas buenas y eliminar sus efectos perversos, que también los tiene. Por un lado, se debe buscar que sirva para mejorar la calidad de vida de los lanzaroteños y no al revés. Si existe esta alternativa y distribuye mejor la riqueza y reduce el impacto turístico de carga se tendría que hacer un análisis global de la oferta, dándole prioridad a su desarrollo frente a más camas en zonas ya maduras y de baja calidad y alto costo de rehabilitación en las fórmulas de apartamentos y hoteles a la carta. También conlleva reformulación de la definición de las condiciones de las vv que impida aglomeraciones indeseadas, manifestaciones ruidosas impropias de los lugares en los que se encuentran y similares. Y, sobre todo, que haya una normativa que evite la acumulación de viviendas en una única propiedad, o empresas vinculadas, para garantizar que el bien del nuevo producto se reparte entre la población. Unos tendrán viviendas vacacionales, otros verán mejorados sus servicios de restauración, transporte y demás que prestan en la zona donde está la vivienda vacacional. Lo que sí está claro es que el volumen de negocio que se mueve no es baladí. Tampoco el impacto que tiene en la isla. Así que el estudio y seguimiento es una tarea obligatoria. Porque con explicar cómo es posible que haya viviendas vacacionales allí donde no se autorizaba ni un cuartero de aperos, o cuartos de aperos convertidos en viviendas vacacionales, cuando no deberían ser ni opciones habitacionales, tenemos tarea de autocrítica para rato.

 Hay mucho trabajo por hacer. El Cabildo y el Gobierno de Canarias tienen una tarea inmensa y con muchas aristas sobre la mesa. Pero también los ayuntamientos pueden dejar de mirar para otro lado y convertir el urbanismo en el instrumento que debe ser: el que organiza los suelos y su uso, marcando pautas de desarrollo sólidas.