“BOFETADA JUDICIAL” DEL SUPREMO A GLADYS ACUÑA

Lo que no puede ser no puede ser y encima es imposible. Una cosa es nombrar a amigos y hasta al médico de cabecera del pariente para carguitos varios y otra muy distinta es engañar al Supremo con triquiñuelas por mucho que la benefactora y el beneficiado compartan mesa, televisión y gobierno.

El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a ratificar la condena de catorce años de inhabilitación a Gladys Acuña Machín por el primer juicio relacionado con el caso Stratvs, impuesta en octubre de 2017 por el TSJC, ratificada por primera vez en Madrid a mitad de 2019. Y ya no caben más recursos.

En marzo de 2023, en plena campaña electoral de las últimas elecciones, el Alto Tribunal ratificaba la absolución del empresario Juan Francisco Rosa y del resto de encausados, entre ellos varios ex cargos públicos del Gobierno de Canarias. Con esa sentencia, Gladys y su entorno crearon la ficción de que con una simple solicitud de revisión, Gladys también sería absuelta y dejaría de ser una delincuente condenada que merodea por las instituciones públicas con sueldo y plaza, a pesar de estar inhabilitada, para recuperar sus derechos y dejar de estar inhabilitada. Ese argumento se utilizó para ser nombrada jefa de gabinete del Cabildo por su amigo Oswaldo Betancort. Y  con ese propósito se confundió campaña electoral, recurso de revisión y objetivos compartidos entre reuniones en el despacho del jefe y visitas a la televisión para interpretar el papel de víctima.

El  Tribuna Supremo deja ahora muy claro que “no se puede pretender su revisión mediante una sentencia posteriormente dictada por una Audiencia Provincial que constituiría a efectos del recurso de revisión, el nuevo hecho o la nueva prueba, cuando entre ambas sentencias no hay identidad subjetiva ni objetiva».

De esta manera volvemos al principio: el Supremo ratifica que Acuña cometió un delito contra la ordenación del territorio y otro delito de prevaricación por la licencia de actividad de la bodega del empresario Juan Francisco Rosa y por no clausurarla a pesar de sus irregularidades. Y son 14 años de inhabilitación para cargo público.

¿Servirá este nuevo y claro pronunciamiento del Alto Tribunal para que Oswaldo mande a casa a Gladys? ¿Se lo exigirá la oposición o aquí sólo se ataca al presunto mientras el delincuente condenado e inhabilitado se mueve a sus anchas? Veremos, aunque tiempo han tenido ya que el pronunciamiento del Supremo fue el 30 de diciembre y ya estamos en febrero.