La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, anunció hoy en el pleno del Parlamento de Canarias el traslado a centros sociosanitarios de las personas que están ocupando plazas sanitarias a pesar de encontrarse en situación de alta médica.
En su intervención, Santana expuso que en los próximos días quedará rubricada una orden conjunta, en la que la Consejería ha trabajado de manera coordinada con el área de Sanidad del Gobierno de Canarias, que autorizará la derivación de estas personas a través de un régimen de conciertos con entidades privadas para la provisión de plazas de centros acreditados en el ámbito de la dependencia.
Esta medida, que resuelve el cumplimiento de una orden publicada en 2014 que nunca se hizo efectiva por los gobiernos anteriores, permitirá liberar esas plazas ocupadas en los centros sanitarios y dará cobertura a las 240 personas que en estos momentos se encuentran en esta situación. Derechos Sociales y Sanidad han trabajado en la redacción de una nueva Orden para regular esta situación, que será firmada y ejecutada en los próximos días.
Según indicó la consejera, la nueva Orden va a suponer que “mientras estas personas obtienen la Resolución de la Dependencia, tengan una atención apropiada en un centro adecuado a sus necesidades y que, además, no estén ocupando una cama hospitalaria que otros pacientes puedan necesitar. Eso sumado a que no tendrán, en determinados casos, que retornar a un domicilio donde estén desatendidos o en condiciones de insalubridad”.
De estas forma, la Orden ofrecerá una respuesta a una parte de la población que, tras el alta hospitalaria por el proceso de salud que motivó el ingreso, no puede retornar a su domicilio dado el cambio de la situación funcional, marcada fundamentalmente por la dependencia en las actividades básicas de la vida diaria o porque su entorno natural no se dan las condiciones para el cuidado en las condiciones de vida de su residencia habitual.
La construcción del texto se sostiene sobre el consenso técnico de los profesionales de ambas consejerías del Ejecutivo regional. Además, durante su fase de exposición recibió un bajo número de alegaciones y estas fueron atendidas e incorporadas en la fase de conclusión.
