El PSOE sigue las políticas populistas de Baleares
- Doris Borrego, presidenta del Círculo Turístico de Canarias
El fin de semana se celebró una convención de municipios en Valencia en la que se determinaron las líneas políticas municipales a seguir en toda España.
En ella entre otras cosas se decidió, seguir claramente la política populista de Baleares justificándose con “trabajaremos por una regulación equilibrada para las actividades turísticas que afecten a la convivencia entre vecindad y visitantes” y determinando que “no se trata en ningún caso de acabar con los pisos turísticos que ya hay, porque no se puede hacer de manera retroactiva. Es decir, no acabamos con la actividad porque no podemos.
Como siempre, se pone de pretexto la falta de vivienda y el encarecimiento de la misma, obviando el hecho, que allí donde han gobernado y gobiernan no han planificado o gestionado como deberían haber hecho.
A la falta de previsión y planificación en materia de vivienda, se suma una pasividad e incapacidad total de la administración para dar respuestas a las necesidades.
Se ha permitido y fomentado una creciente actividad turística que ha conllevado un incremento importante de la población local, para cubrir los puestos de trabajo, sin tener en cuenta la necesidad de vivienda o demás servicios básicos. En cambio, no se ha construido una vivienda pública allí donde se necesita, en décadas. Ni se ha previsto o recalificado suelo para ello.
A ello se suma, una nefasta gestión de las administraciones locales, incapaces de sacar una licencia de obra privada adelante, demorándolas años y años, hasta aburrir a los promotores interesados. La percepción de la población no es otra, que parece que a nuestros funcionarios (cuyo número va aumentando año a año) les cuesta trabajar. Ya ni hablemos de los privilegios adquiridos desde la pandemia, el teletrabajo y las citas previas que alejan si cabe aún más a la administración de las administraciones. Y ¡ojo!, que la negociación de la jornada laboral de 4 días a la semana estará al caer también.
¿Cómo se justifican y qué soluciones proponen? Porque alguna cabeza de turco hay que encontrar… Y si además contentamos al lobby hotelero, de paso, se matan dos pájaros de un tiro.
Limitación o prohibición encubierta de la VV, haciendo la cuenta de la lechera, de que 40.000 VV pasen al alquiler residencial. En ningún caso va a ser así, esas viviendas no van a ir a parar al parque de viviendas para alquilar por larga temporada, ni ha sido así en todos los lugares donde se ha intentado.
De paso se restringe o elimina el 30% de la planta alojativa de Canarias en mano de familias, a las que se estrangula económicamente y pasan a cubrir puestos de trabajos demandados…
Nueva Ley de viviendas, interviniendo el mercado y poniendo topes al precio del alquiler. Medida populista pero ineficaz, ya que el precio de la vivienda lo determina la oferta y la demanda.
Limitación de compra por parte de extranjeros. Queda muy bien en un titular, pero estamos adheridos a una Comunidad Europea, para lo bueno y para lo malo.
Lo que se obvia decir o mencionar por el PSOE en campaña de elecciones es lo siguiente:
A día de hoy, no existe en Canarias un observatorio de la vivienda, que analice la situación actual para hacer una correcta gestión de la misma.
El cuello de botella en materia de vivienda en Canarias se va estrechando ante la incapacidad de gestión de la administración, puesto que en una década se prevé que la demanda llegará a superar las 140.000 viviendas para residentes.
Que la VV en el Archipiélago no llega al 4% del parque total de viviendas, por lo que su incidencia en el precio y la escasez en meramente marginal.
Que al restringir o eliminar la VV se destruyen unos 40.000 puestos de trabajo.
Que el impacto económico de la VV en el Archipiélago es de más de 2.000 millones de euros. Un tercio queda en manos de propietarios canarios, que pagan íntegramente sus impuestos directos e indirectos aquí. Es de mencionar también, que los propietarios de VV en Canarias son los únicos de España en pagar IVA/IGIC, ya que en el resto de CCAA están exentos.
Que el impacto de dos tercios de los 2.000 millones de euros recae en el pequeño comercio, restauración, ocio, etc. en las inmediaciones de las VV. Que las consecuencias económicas significarían el estrangulamiento de muchas pymes y pequeños negocios.
Que el ingreso de impuestos a las arcas públicas se vería muy mermado
Desde el Círculo Turístico de Canarias se pide al PSOE que recapacite y que se respalde en sus decisiones políticas, en los colectivos afectados que conocen de primera mano la situación y cuyas soluciones seguramente serán más realistas y efectivas.
Se solicita también, que la tan repetida “colaboración pública y privada” no quede en un eslogan preelectoral, sino que sea una realidad.
Doris Borrego, presidenta del Círculo Turístico de Canarias