¿SON LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL LA GARANTÍA DE UN ÓRGANO COMPETENTE, NEUTRAL Y ESPECIALIZADO?

El grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote ha decidido aprobar la designación del Órgano de Evaluación Ambiental y ponerlo en marcha, después de que ni el nacionalista Pedro San Ginés ni la socialista Dolores Corujo se atrevieran hacerlo. El hecho de que Lanzarote cuente con su propio órgano puede ser positivo pero, si no se eligen a las personas adecuadas, puede ser también un espaldarazo definitivo a que las normas urbanísticas vengan marcadas por un sesgo insoportable.

El grupo de gobierno, formado por 12 consejeros de 23 que tiene la corporación, ha decidido poner ellos mismos los nombres que considera oportunos sin darles juego al resto de la corporación, especialmente al PSOE, el grupo mayoritario en la oposición con larga experiencia de gobierno en la institución. Tampoco sorprende del todo porque abogar por un consenso ha sido una de las causas principales de que no existiera hasta ahora, aunque es cierto que Pedro San Ginés se ofreció desde la oposición para pactar un equipo aceptado por una amplia mayoría, mientras que el PSOE en la oposición de Pedro San Ginés no  quiso llegar a ningún acuerdo.  

Los componentes elegidos son el jurista Pedro Fraile Bonafonte, actual director de la asesoría jurídica del Cabildo, será el nuevo secretario de este Órgano Ambiental y, por su parte, Carolina Pardo, jurídica del Cabildo insular será la suplente Asimismo, también se han designado a los siguientes vocales titulares y suplentes respectivamente: María del Pilar Gómez Cortés (jurídica del Cabildo de Lanzarote) y Santiago Calero Cabrera (jurídico el Ayuntamiento de Tías); Flora Márquez Cabrera (jurídica del Ayuntamiento de Tinajo) y Laura del Carmen Morales Soler (jurídica del Cabildo de Lanzarote); Alberto Lasso Hernández (arquitecto del Ayuntamiento de Tías) y Lidia Sánchez Suárez (arquitecta del Ayuntamiento de Arrecife); María Matilde Rodríguez Borges (ambientalista del Ayuntamiento de Teguise)  y Tani María Acuña González (técnico agrícola del Cabildo de Lanzarote); Ignacio A. Ramos García (geógrafo) y Ancor Sánchez González (geógrafo).

A primera vista, estamos más ante un grupo de hombres y mujeres mayoritariamente acostumbrados a estar al lado de los políticos, desarrollando tareas de apoyo a ellos y que han recibido contrataciones y encargos directamente por estos, que de un grupo de expertos en derecho urbanístico y medioambiental. Muchos de ellos, son nombres que podrían aparecer para cualquier cargo donde hiciera falta un abogado en la administración, de hecho, algunos de ellos han estado de tingo al tango de acuerdo con las preferencias de los políticos. ¿Queremos decir con ello que no sean competentes ni pueden ser neutrales? Por supuesto que no. Pero si se quiere tener un órgano con solvencia, independencia y neutralidad quizás hubiera sido mejor buscar verdaderos expertos menos expuestos a la rutina administrativa al lado de quienes gobiernan. Lo que sí parece, si se miran los nombres y sus vínculos administrativos, que puede que no haya habido contacto con los partidos pero sí que algunos alcaldes dieron su visto bueno a que sus funcionarios preferidos estuvieran en el equipo. El tiempo dirá si se ha acertado, aunque hay que valorar que se ponga en marcha el órgano que puede ayudar a acelerar la aprobación de nuevas normas urbanísticas y medioambientales.