Operación Esperanza

Así bautizó el Ejército de Colombia el despliegue de más de doscientos de sus efectivos, perros adiestrados y recursos técnicos que, junto a la determinante colaboración de comunidades indígenas, consiguió el pasado viernes encontrar a los cuatro niños perdidos durante cuarenta días en la espesa selva del sur del país,  supervivientes de un aparatoso accidente aéreo ocurrido el 1 de mayo, donde murieron la madre de los menores, el piloto de la avioneta y un viajero más.

Y sí, la esperanza es lo último que se pierde. Increíble que los hermanos de apellido Mucutuy: Lesly (13 años), Soleiny (9 años), Tien (4 años) y Cristin (12 meses), que cumplió su primer añito en medio del infortunio de la selva,  pudieran superar las inclemencias de las condiciones de la jungla, la desorientación propia derivada de las circunstancias del suceso,  su deshidratación en un ambiente húmedo y la escasa alimentación.

La explicación más sensata la dieron sus abuelos desde el mismo momento en que empezó la búsqueda. Siempre fueron optimistas porque la etnia indígena Uitoto, de la que forman parte los niños y su familia, se desenvuelve en una zona con características similares. El pueblo Uitoto está acostumbrado a subsistir en un entorno plagado de adversidades. Los más creyentes dicen que es un milagro divino, que también es respetable, pero lo importante es que los menores están a salvo y con cuidados médicos, aunque marcados por la pérdida de su madre.

Otra noticia esperanzadora para Colombia llegó el mismo viernes. El Gobierno nacional finalizó en Cuba el tercer ciclo de paz entablado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las partes firmaron un cese al fuego por seis meses a partir del 3 de agosto, un hecho que se convierte en el primer gran logro de la propuesta de paz total lanzada por el presidente progresista Gustavo Petro, con la esperanza, nuevamente la esperanza, de que acabe para siempre la guerra. Es solo el inicio, pero es necesario un inicio.

La paz es un derecho constitucional en Colombia, y por tanto es obligación hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzarla. Artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. La Constitución vigente de la República, la del 91, surgió, entre otros motivos, por las negociaciones con grupos insurgentes atendiendo el descontento de la sociedad que reclamaba una carta magna acorde con las demandas y resolución de los problemas sociales del país.

El acuerdo que acaba de suscribirse en Cuba establece protocolos para la participación civil, y tiene que haberla, porque comunidades indígenas, por ejemplo, son víctimas de las hostilidades y están siendo obligadas a desplazarse de sus territorios o enrolarse contra su voluntad en grupos de combate al margen de la ley.

No es creíble una paz de palabras o de símbolos de paloma, así que espero y deseo se cumpla el compromiso firmado de una paz construida con la ciudadanía, de una paz social que ataque las causas estructurales de la guerra, la pobreza, el aumento de las desigualdades, la falta de educación y sanidad pública dignas o el reparto desproporcionado del campo.

Para alcanzarla hacen falta reformas legislativas y quienes durante 200 años estuvieron en el poder sumiendo al país en una terrible descomposición social, pobreza, opresión y corrupción política, no solo todavía no terminan de encajar la primera victoria de la izquierda en la historia del país, la de la fuerza política Pacto Histórico, sino que en su soberbia facha, y tirando de toda clase de artimañas y poder económico, atentan contra los principios democráticos y mueven ficha para desestabilizar el Gobierno liderado por Gustavo Petro. Es la intentona de asestar un golpe de Estado “blando”. En la sombra está el siniestro expresidente derechista investigado por crímenes de Estado, Álvaro Uribe Vélez, alias ‘El matarife’, y su recua de marionetas.

El pueblo respondió de forma contundente esta misma semana volcándose a la calle y  cerca de 400 intelectuales de prestigio internacional como el Nobel de Paz (1980) argentino, Adolfo Pérez Esquivel, o el politólogo y activista estadounidense, Noam Chomsky, firmaron y publicaron un escrito avisando que “los poderes tradicionales de Colombia están desplegando el poder institucional combinado de las agencias reguladoras, los conglomerados de medios y el poder judicial para detener sus reformas (las del Gobierno de Petro), intimidar a sus partidarios, derrocar su liderazgo y difamar su imagen en el escenario internacional”.

Tan claro como el ingenioso cartel que enseñaba un ciudadano en la multitudinaria manifestación de apoyo al presidente que ponía: “Golpe ha - blando”, referido al acoso mediático de los medios de comunicación empujado por las grandes fortunas y corruptos del país. Necesitamos una operación de esperanza indefinida y la capacidad de resiliencia de los hermanos Mucutuy.