Una de las críticas que reciben habitualmente las estadísticas es que cada agente social las interpreta según sus propios intereses. Esto ocurre en particular con los sondeos electorales, lo hemos experimentado reiteradamente los últimos años, pero también con estadísticas relacionadas con la economía.
Manuel García Déniz en los años 90 del siglo pasado en la redacción de La Voz.
Cualquiera que visite la secretaría de un centro educativo se percata de la escasez de recursos humanos en muchos de ellos.
Pregunté esta semana a un autor canario por el estado de su producción literaria recordando que a principios de año me había dicho visiblemente entusiasmado que ultimaba el manuscrito de una obra con tintes críticos. Me respondió con mucho menos entusiasmo que la obra estaba lista, pero que ahora dudaba del interés de algún sello editorial porque “es un libro duro que toca muchos intereses”. Mi réplica fue que a estas alturas de la vida no estamos ni para autocensuras ni para caer bien a todo mundo.
Mi padre fue durante sus cerca ochenta años de vida, por encima de cualquier otra consideración, una persona honesta. Fue marinero de niño y patrón y pequeño armador de adulto. Fue, hasta que una grave enfermedad le obligó a retirarse, las tres cosas a la vez. Me habló muchas veces de la dureza del mar, de sus riesgos y sus soledades. Pero también recalcaba que aceptaba el peaje porque de aquellas aguas y de su pericia en ellas, sacó lo suficiente para asentar cimientos en tierra para su familia, incluidas fincas y parras para hacerse su propio vino de las uvas que yo pisaba con innegable alegría pueril. Mi padre no tenía ni idea de periodismo, pero me dio mi primera gran lección. Posiblemente la más importante para sobrellevar la carga de este trabajo.
La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, parece que está dispuesta a ganarse la subida de sueldo que ha tenido de consejera, gracias a la generosidad del presidente consigo mismo y el resto de sus compañeros de pupitre plenario. La mujer, que tuvo que zafarse del Congreso de los Diputados por la voluntad de su jefa de filas, la secretaria insular María Dolores Corujo ( ¿O vuelve a ser Loli Corujo?), de acudir ella misma como cabeza de lista provincial, demuestra contundencia ante un presidente que no se sale de sus consabidos poses de marketing y relación apresurada de promesas. Además, tiene la costumbre de contar las obras, que encima vienen necesariamente del anterior mandato en los primeros cien días, como si se trataran de gestas. Tiene muy asumido su papel de mago. No de Rey Mago, que es lo que quiere aparentar, sino de mago de truco barato y feria de tercera. Aquel que hace una cosa pero quiere que el público vea otra. Que mete un pañuelo en el sombrero y saca un conejo de la chistera. Y, claro, estás cosas dan risa porque todos sabemos que la magia es eso: engaño. Si se hace como espectáculo es todo un arte, pero si hace en política es una mera maniobra de distracción cuando se es incapaz de afrontar los problemas de verdad. Y, en ambos escenarios, suena a ridículo cuando se descubre sobre la marcha lo rancio de la habilidad y el propósito de engaño.
Entre la dulzura de la flauta e’ millo (gaita indígena), fusionada con la armonía enérgica del tambor africano y la sonoridad de las maracas y el guache, que dan ritmo a la cumbia colombiana, y su baile elegante y romántico basado en el cortejo del hombre que galantea a su pareja mientras ella, vestida con herencia española, falda de mucho vuelo y camisa de mangas abultadas, hace alarde de su cadencia, participé esta semana de la celebración cultural del Día Nacional del Colombiano Migrante (10 octubre). Los actos fueron promovidos por el Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria y organizados en Lanzarote por la Asociación Ciclón del Atlántico. Enhorabuena por la iniciativa y su puesta en escena.
Si mi abuelo viviera y me viese diría “a donde irá ella a subirse a un barquillo” para acto seguido explicarme como se monta una driza o enseñarme a doblar una vela. Créanlo o no, pero en el ciclo de la vida el que es de la mar siempre vuelve a la mar.
De todas sus señorías es conocido que las especificidades y singularidades que concurren en el territorio de Canarias, en las ocho islas canarias, se fundamentan, de un lado, en la asunción, por parte de los poderes públicos como principios rectores de su política, de la solidaridad, consagrada en el artículo 138 de la Constitución, y en la redacción de la disposición adicional tercera, velando por la efectiva atención particular a las específicas circunstancias de la ultraperificidad y de la insularidad y doble insularidad, por cierto, también reconocidas en la última modificación operada en el año 2008 en nuestro estatuto de autonomía.
Y, de otro, en la concesión, desde el punto de vista del derecho europeo, de un régimen —de todos es conocido— especial en la Unión Europea, que supone una excepción, de forma que la Comunidad Autónoma de Canarias es la única región española cuyas características estructurales, sociales y económicas han sido recogidas en el derecho primario de la Unión Europea, precisamente diferenciándolas del resto de comunidades autónomas que componen el Estado español, siendo la única región que tiene la calificación de ultraperiférica y, además, un Régimen Económico y Fiscal vigente desde tiempos históricos en el archipiélago. Este, como bien es sabido, está reconocido en la propia Constitución, a lo que hay que añadir, como explicaba, que, dentro del derecho primario europeo, tenemos en Canarias un régimen especial de integración que viene recogido en disposiciones como la de los artículos 107.3, apartado A, 349 y 355.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Lo anterior está recogido en el Diario de Sesiones del Senado del pasado 1 de marzo de 2023, cuando tuve el honor de defender la moción por la que se instaba al Gobierno de España a analizar la posibilidad de declarar Obligación de Servicio Público (OSP) en las líneas aéreas de conexión de Canarias con el resto del Estado. Además, añadí que, de estas circunstancias y factores que se enumeran en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pensamos que la que más repercute en la mayor debilidad estructural de Canarias, por su condición de territorio insular fragmentado y alejado, incidiendo en su desarrollo económico y social, es probablemente la conectividad, tanto interinsular como con el resto del mundo, muy en particular con el resto de nuestro territorio español.
Expuse entonces que, en abril del año 2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaboró un informe en el que dio una serie de recomendaciones ante el hecho cierto constatado de que se había producido una subida de precios de los vuelos entre las Islas Baleares y Canarias y el territorio peninsular, a partir, precisamente, del momento en el que se produjo un aumento del descuento de residentes al 75 por ciento, de forma que, según se nos dice en el informe, este incremento en el precio medio de los billetes podría tener un efecto, y lo está teniendo, desincentivador de la demanda entre los ciudadanos no residentes, con el evidente impacto en el turismo nacional en perjuicio de la economía de estas islas.
Garantizar la accesibilidad turística y ciudadana
¿De qué trataba la moción? Trata de tomar decisiones en materia de conectividad y transporte, no dejando al albur que en determinadas circunstancias las conveniencias economicistas de las compañías aéreas mermen la efectiva conexión entre territorios de un mismo país, puesto que la falta de accesibilidad es el elemento más generador y de mayor importancia de la segregación económica, social y territorial.
¿Para qué? Primero, para garantizar la accesibilidad turística, pero también para garantizar la de los ciudadanos que viven en las islas Canarias con el resto del territorio nacional, que es una condición esencial para nosotros, para las ocho islas canarias, para nuestro desarrollo económico y social.
¿Impidiendo qué? Precios abusivos o el incremento injustificado de estos que, de facto, genera un efecto perverso precisamente sobre las bonificaciones al transporte, y ello, aparte de los preceptos que ya he citado, al amparo, en este caso, del Reglamento 1008/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas comunes para la explotación de los servicios aéreos de la Unión.
Posibilidad de establecer precios máximos de referencia
Aclaré que es aquí donde la Obligación del Servicio Público en transporte y, en su consecuencia, la posibilidad de establecer precios máximos de referencia, así como de garantizar una prestación de servicios regulares en términos de continuidad, regularidad y capacidad mínima, se concibe y se revela como una de las herramientas, yo diría, más potentes a utilizar por el Estado en orden a lograr la cohesión efectiva de los territorios no conectados debidamente con la red de transportes.
Asimismo, expliqué que creo que estamos en el momento idóneo porque se dan dos circunstancias. La primera, que Canarias ostentaba la presidencia de la Conferencia de presidentes de la RUP a día de la fecha, y la ostentará hasta noviembre, mes en el que dará el relevo; y la segunda, que se avecinaba la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año 2023. De ahí que el Partido Socialista, los senadores de Canarias, y el Grupo Socialista en este Senado, sintiésemos que era el momento de presentar la moción que pasé a leer literalmente:
"La Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana insta al Gobierno a que, previa a las pertinentes consultas, analice la posibilidad de realizar una experiencia piloto de declaración de obligaciones de servicio público, tanto desde el punto de vista de compatibilidad con el marco normativo comunitario como del efecto de dichas obligaciones sobre el mercado y sobre los usuarios en la conexión aérea de Canarias con el resto del territorio nacional que mejor permita analizar sus efectos en los precios de los billetes y en la conectividad de residentes y visitantes de las islas y permita así extraer conclusiones válidas para posibles acciones posteriores".
Tales obligaciones tendrían por objeto continuar garantizando la conectividad en términos adecuados de continuidad, regularidad, precio y capacidad mínima. Está la moción que sometimos humildemente al resto de fuerzas políticas representadas en este Senado. Fue aprobada.
Por tanto, sólo me resta rogar al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, y al Partido Popular en Canarias, que se bajen de la nave del alarmismo infundado y sean más rigurosos en sus planteamientos.
El presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Francisco Martínez, ha puesto el grito en el cielo por el incremento del absentismo laboral y las dificultades que están teniendo para sustituir las bajas. En la nota de prensa de la patronal empresarial, se recalcaba que en la primera mitad del 2023, el porcentaje alcanzó en Canarias el 7,1%, casi un punto por encima de la media nacional (6,3%), según un informe realizado por el centro de estudios Randstad Research. Traduciendo estos porcentajes a cifras, en un día cualquiera del primer trimestre de este año 1.290.244 personas no acudieron a trabajar, de las cuales 992.078 se encontraban de baja médica. En este sentido, el presidente de la CEL, Francisco Martínez, resaltó que el absentismo laboral, unido a la falta de profesionales cualificados, está provocando “graves problemas en la competitividad, productividad y costes de las empresas de Lanzarote y de Canarias”.
