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NC desvela "el engaño y la pésima gestión" del Gobierno de CC con el convenio de carreteras

Esther González denuncia que la ejecución presupuestaria en 2017 es sólo del  20% y Román Rodríguez constata la falta de interlocución con Fomento    

Nueva Canarias (NC) ha desvelado el engaño del Gobierno de CC sobre el futuro convenio de carreteras, la pésima gestión presupuestaria de las obras en 2017 y "la errática estrategia jurídica" que impedirá recuperar los 295,6 millones de euros recortados en 2015 y 2016 por la Administración estatal de manera unilateral. La portavoz parlamentaria en esta materia, Esther González, denunció que la ejecución de los presupuestos iniciales, en el primer año de gestión del vicepresidente y consejero Pablo Rodríguez, es solo del 20% mientras que el presidente de NC, Román Rodríguez, constató la "falta de interlocución" del gabinete presidido por Fernando Clavijo con el Ministerio de Fomento. Los nacionalistas de izquierdas sostuvieron que estos datos demuestran que el balance en esta materia del Ejecutivo canario es "muy deficiente".

 Según la contestación remitida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre el nivel de ejecución, a 30 de noviembre de 2017, de los 96 millones de euros presupuestados inicialmente para carreteras, Esther González desveló que la media de las obligaciones reconocidas apenas llegó al 20%, tras analizar la ejecución de dos tercios del citado presupuesto.

Con las cantidades adicionales logradas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del pasado año, Román Rodríguez agregó que el Ejecutivo de CC tenía 219 millones de euros para invertir. Sin embargo, la ejecución real "empeora", prosiguió González, ya que las obligaciones reconocidas "sólo llegan al 10%, siendo generosa".

Entre los datos "más llamativos de la pésima" gestión de Pablo Rodríguez, en la comparecencia parlamentaria del pleno del próximo martes la portavoz de NC referirá el Eje insular de Fuerteventura. Con un presupuesto inicial de 11,3 millones de euros, las obligaciones reconocidas fueron de 587.520 euros, un 5,16%. Un porcentaje que baja al "insignificante" 2,75% si se tienen en cuenta los 10 millones de euros de la enmienda de NC incorporada en los PGE de 2017.

El proyecto de la TF5, prosiguió, contaba con una inyección presupuestaria inicial de 4,04 millones de euros. Pero sólo se invirtieron, de forma efectiva, 973.863 euros, un 24%, que se queda en un 10% si se tienen en cuenta los cinco millones de euros adicionales conseguidos por Nueva Canarias en los PGE. González añadió un tercer ejemplo, la LP 1 del Norte de La Palma, que disponía de 2,1 millones de euros para gastar en 12 meses. Sin embargo, las obligaciones reconocidas fueron 64.073 euros, un "minúsculo" 2,93%.

Un año "prácticamente en blanco" en gestión al que hay que agregar, según ambos portavoces, la "falta de interlocución" de Pablo Rodríguez con el Ministerio de Fomento para "recuperar" la deuda de 400 millones de euros prefinanciados por el Gobierno canario y para suscribir un nuevo convenio, del que "no se sabe nada". "No se firmó el nuevo convenio", antes del 31 de diciembre del pasado año, como "se anunció a bombo y platillo, y menos está avanzado un principio de acuerdo" para los próximos ocho años, con una financiación anual de 250 millones de euros, censuraron.

Fomento, según Román Rodríguez, "ignora" al vicepresidente, "hasta el punto de darle con la puerta en las narices". Para 2018, denunció que los presupuestos estatales prorrogados tienen "cero euros" para las carreteras canarias porque, como matizó González, los 101 millones de euros para este año, aprobados en Consejo de Ministros a finales del pasado mes de diciembre, es la cantidad que el Gobierno de CC "no gastó" de la partida de 219 millones de euros de los PGE de 2017.

El portavoz parlamentario de NC advirtió además de que, con la errática estrategia jurídica del gabinete de Clavijo, peligra la posibilidad de recuperar los 295,6 millones de euros recortados por la Administración estatal, de forma unilateral, en las anualidades de 2015 y 2016 a pesar del fallo favorable del Supremo con respecto a los 138 millones de euros aminorados por Fomento en 2012.

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