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Podemos responsabiliza al consejero Baltar de “mantener conciertos sanitarios ilegales” para “desmantelar la Sanidad pública”

Juan Márquez denuncia que en 2017 el gasto en intervenciones quirúrgicas derivadas a la privada ascendió a 60,8 millones de euros un incremento del 16 respecto al año anterior. La formación morada recuerda que a la ex empresa del consejero de Sanidad se le han incrementado hasta un 123 por ciento las derivaciones desde los hospitales públicos

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha culpado directamente al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, de “mantener en vigor conciertos ilegales y con establecimientos o clínicas privadas que no reúnen los requisitos exigidos para la prestación sanitaria” con el único fin de “desmantelar el servicio público universal”.

Así lo ha asegurado este miércoles Juan Márquez, el diputado de la formación morada y portavoz parlamentario del área de Sanidad, para quien “hablamos de un debate ideológico” sobre “la privatización de la Sanidad pública” que el consejero Baltar abandera y que “conlleva la destrucción del Estado del Bienestar, de las infraestructuras públicas, del empleo público, de la capacidad de intervención y de gestión de nuestras instituciones democráticas frente al mercado”.

“Margaret Thatcher estaría orgullosa de ustedes, es el mercado, amigos, es derivar lo rentable, aquellas atenciones que generan un beneficio más rápido y seguro. Es la liquidación de lo público”, espetó al consejero Baltar.

Beneficiar a la ex empresa del consejero

Y como ejemplo, Márquez ha recordado que las derivaciones desde el Hospital Doctor Negrín a la antigua empresa de Baltar pasa de 1,8 millones de euros a 3,1 millones, “es decir un incremento superior al incremento global, un 123 por ciento del mismo”, y que en las derivaciones del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil a la Clínica San Roque se ha pasado de 3,1 millones a 4,6 millones, “es decir, el 64% del incremento”, o que en el Hospital General de Fuerteventura, “el 31’5 por ciento de incremento en la actividad concertada corresponde a San Roque”.

“270 millones de euros en 2017 fueron destinados a la concertación. La puerta giratoria del Gobierno de Canarias, que de tantas vueltas un día van a salir despedidos, se traduce en que en 2017 el gasto en intervenciones quirúrgicas derivadas a la privada ascendió a 60,8 millones de euros, casi 9 millones más que el año anterior, un incremento del 16 por ciento”, insistió.

Derechos básicos y garantías constitucionales

Y es que para Márquez, “hablamos de Sanidad, no de cualquier cosa, hablamos de salud, de garantías constitucionales, de derechos básicos, hablamos del esfuerzo de todo un pueblo para construir una comunidad sostenible, con pilares sólidos en los que desarrollarse y progresar”.

“¿Cuántos millones de esos cientos están destinados a los márgenes de beneficio?¿Cuántas condiciones laborales se destruyen en esos cientos de millones?¿Cuántas plazas de personal sanitario se quedan por el camino? ¿Cuántas personas mayores se quedan en un pasillo de Urgencias por la falta de personal? O, peor aún, ¿cuántos mayores se quedan en un pasillo días esperando por una cama en un centro concertado por culpa del incremento de las derivaciones quirúrgicas?”, espetó al consejero de Sanidad.

Para Podemos Canarias, la forma de “no destruir ese esfuerzo colectivo” es establecer “un marco democrático en el que las instituciones tienen su propia capacidad de acción ante los, por otra parte, legítimos intereses de las empresas privadas”.

“Nos negamos a asumir su modelo como una necesidad o peor aún como una solución al déficit de nuestras infraestructuras y reivindicamos la recuperación de nuestro sistema público de salud frente a las tesis de Thatcher y Baltar”, concluyó.

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