NC-BC afirma que el decreto es "ineficaz" para ayudar a la mayoría social a acceder a una vivienda en Canarias

Luis Campos denuncia que favorece la especulación, prima la construcción de residencias libres en detrimento de las protegidas, además de tener visos de inconstitucionalidad 

 Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) advierte de que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda es "ineficaz, inservible" para ayudar a los más de 25.000 demandantes existentes en el Archipiélago, incluidas las familias más vulnerables, y a las rentas medias con importantes problemas para acceder al alquiler o a la compra con unos precios desorbitados y muy alejados de la realidad socioeconómica de la mayoría de las canarias y los canarios. El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, denunció que relega las promociones protegidas para favorecer la construcción de nuevas residencias libres-privadas a pesar de la existencia de más de 211.000 cerradas y vacías, lo que provocará una mayor especulación. El grupo canarista avisó además de los visos de inconstitucionalidad de una norma del Gobierno de las derechas, que persiste en fomentar el modelo de crecimiento "insostenible y desarrollista".

 Nueva Canarias-BC mantendrá, en el pleno del Parlamento que comienza hoy martes, el voto en contra a la convalidación del decreto ley del Ejecutivo de CC y el PP. Defenderá la necesidad de que se tramite como un proyecto de ley con el fin de solventar carencias, defectos y consecuencias beneficiosas "sólo para unos pocos, no para la mayoría" de la ciudadanía de las islas.

Luis Campos denunció que las medidas del Gobierno "están pensadas para los constructores, con quienes únicamente se ha hablado, en lugar de la mayoría social que necesita una vivienda o paga unos precios prohibitivos". Se favorece la especulación, censuró, al mismo tiempo que se ha secuestrado el debate a los ayuntamientos, los cabildos y a los grupos parlamentarios cuando se van a modificar tres leyes sustanciales. La del suelo, la del turismo y la sectorial.

Se cambian los planeamientos municipales y se ataca la legislación territorial y ambiental, diseñada en las últimas décadas en el Archipiélago, subrayó el portavoz canarista. "En lugar de contribuir a la sostenibilidad, se vuelve al modelo desarrollista que hoy tenemos" y ha provocado la crisis habitacional, la hídrica, la energética y en la gestión de los residuos, indicó Campos.

Para NC-Bloque Canarista, la totalidad de las medidas urgentes tenían que estar destinadas a la vivienda protegida, como se ha hecho en las islas Baleares. El decreto de las derechas canarias, para Luis Campos, está más pensado para la promoción de las residencias privadas, con lo que la especulación será mayor.

Recriminó la total ausencia de propuestas para incentivar el regreso al mercado de las más de 211.000 unidades vacías. Una iniciativa, mantuvo el portavoz, con la que "se recuperarían, de forma inmediata", unos 40.000 pisos para el alquiler y se ayudaría a rebajar las tensiones sin consumir más territorio.

"No entendemos", expresó, que se puedan construir residencias libres, hasta un 70 por ciento, en los suelos ubicados en las áreas turísticas y sólo se reserve para las protegidas el 30 por ciento restante.

No se desincentiva el alquiler vacacional a pesar de que existen, del orden, de 52.000 unidades en explotación y ser una de las principales causas de la crisis habitacional, cuestionó el diputado de NC-BC. Salvo en algún apartado muy concreto de la norma, Campos denunció que "no se veta" el alquiler vacacional para las nuevas residencias construidas.

Una "auténtica aberración" cuando, en paralelo, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para contener una actividad que ha provocado el encarecimiento de los alquileres y la compra.

Luis Campos se opuso a que el decreto ley, de carácter extraordinario y urgente, tenga una vigencia ilimitada y que el Gobierno de CC y el PP se oponga a regular el precio del alquiler de las zonas tensionadas en colaboración con los ayuntamientos, como permite la ley estatal.