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La alcaldesa de Arrecife rechaza las afirmaciones de “falta de confianza y ninguneo” del letrado que llevaba el Caso Unión

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ante las manifestaciones vertidas por el letrado designado por el Ayuntamiento para su representación en el conocido como Caso Unión,  desmiente “de manera rotunda y absoluta las manifestaciones de falta de confianza y ninguneo realizadas  por el letrado. Desde esta alcaldía nunca se ha cuestionado la actuación del letrado, no se ha limitado su capacidad de acción ni se le han impartido instrucciones que pudieran condicionar su ejercicio de representación letrada de esta institución”.

“Con respecto a su afirmación de que le ha sido imposible reunirse con la alcaldesa, se hace constar que se han celebrado varias reuniones  a lo largo de la instrucción, cada vez que lo ha solicitado el letrado. Tan solo durante el  mes de diciembre, por razones de sobrecarga por el final del ejercicio, se retrasó una solicitud de reunión informándole personalmente de ello la propia alcaldesa sin que por su parte se manifestara la imposibilidad de acceder a esa demora ni la existencia de motivo de urgencia alguno”, se asegura en una nota de prensa  hecha pública hoy.

Asimismo,  se asegura que “en el escrito presentado ante este Ayuntamiento con fecha dos de los corrientes, el letrado esgrimió únicamente una genérica imposibilidad de continuar y, en conversación con personal de la casa adujo dificultades para desplazarse a Las Palmas con la frecuencia y duración requeridas por la celebración del juicio”. Además se afirma que “ha sido a requerimiento de la Audiencia para  justificar su renuncia cuando ha introducido estas consideraciones que resultan de todo punto inaceptables por no ajustarse a lo sucedido” y que en este momento “el Ayuntamiento está  realizando las gestiones necesarias para garantizar su presencia en el procedimiento en defensa del interés general”.

Por último, Eva de Anta manifiesta su “rotundo rechazo” a las mencionadas  manifestaciones de letrado por considerarlas “absolutamente inciertas” con la advertencia de que se “reserva todo tipo de acciones en defensa de los intereses de la Institución y los suyos propios”.

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