Suerte, compañeros
Hoy, víspera de la huelga general, tengo muy presente a un compañero y amigo, Orlando Suárez. El actual director insular de la Administración del Estado atesora una excepcional trayectoria como secretario insular de la Unión General de Trabajadores (UGT), a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. Su figura, por tanto, encarna como pocas la dualidad de sentimientos que embarga a la mayoría de los hombres y mujeres del Partido Socialista frente a la huelga general.
Somos miembros del partido que apoya al actual gobierno y somos conscientes de que la actuación del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero con respecto a la recesión económica ha sido ejemplar. Su resistencia frontal a que la crisis la paguen los más débiles no se ha limitado a una mera declaración de intenciones. Al contrario, pocos países pueden presumir de un esfuerzo a la altura del realizado por España en su conjunto.
En ese sentido, baste citar que el grado de cobertura de prestaciones de desempleo es difícilmente superable, por encima de un noventa por ciento, o el enorme esfuerzo inversor que han supuesto los dos planes E, popularmente conocidos como planes Zapatero.
A pesar de ese ejercicio de protección de quienes que más lo necesitan, con los recursos del Estado, la adopción de determinadas medidas de carácter estructural, relacionadas con la contratación y el sistema público de pensiones, ha llevado a la convocatoria de una huelga general.
Una huelga general comprendida por la mayoría de los trabajadores, pero que no suscita una aceptación mayoritaria porque es también generalizado el convencimiento de que no toca, de que debió evitarse, de que el gobierno está haciendo todo lo posible, casi más de lo posible.
De ahí la oferta de diálogo que lanza el presidente Zapatero, porque lo importante no es lo que suceda mañana, día 29, sino la gestión de la nueva situación que se abrirá una jornada después.
Un escenario en el que los sindicatos deberán dar pruebas, una vez más, de flexibilidad y de capacidad negociadora. Un escenario en el que el Gobierno deberá buscar elementos que le permitan acercar posiciones con las demandas sindicales. Lo contrario sería dramático, y no precisamente, o no sólo, para el ejecutivo de Zapatero.
A diferencia de lo sucedido en las huelgas generales en tiempos de Felipe González, en las que el Partido Popular de Aznar casi llegó a pedir un cierre patronal, jaleado por la Brunete mediática, el actual PP, desde las posiciones de poder autonómico que detenta, está jugando un juego perverso y peligroso, tratando de deslegitimar la acción de los sindicatos.
Para simbolizarlo, basta con seguir las declaraciones públicas de Esperanza Aguirre, apoyada por el líder de los patronos, el especialista en catástrofes, Díaz Ferrán. Unas afirmaciones que cuestionan el actual modelo de representación sindical, que pretenden devolver la negociación colectiva al ámbito interno de las empresas, fraccionando la capacidad de presión sindical, para devolver al empresario el ejercicio más duro del poder.
Casi parece que a estas alturas del partido, la derecha apuesta más por un giro táctico y -más allá del desgaste que la huelga le pueda suponer al Partido Socialista- le interesa debilitar a los sindicatos.
Por eso están obligados, sindicatos y gobierno, a tratar de gestionar con inteligencia y generosidad el resultado de la huelga general. Es posible e imprescindible un nuevo esfuerzo negociador. Las consecuencias del paro de mañana no puede ser debilitar al único gobierno capaz de mantener en España los derechos de los trabajadores como eje central de su política económica. Y tampoco pueden verse afectada la lucha sindical.
Suerte mañana. Pero sobre todo, a partir de mañana, compañeros.
(*) Carlos Espino Angulo es ecretario General del PSOE de Lanzarote