El inmovilismo nos frena la movilidad

Uno de los grandes objetivos de Lanzarote es adecuar su movilidad a los estándares de calidad y respeto medioambiental y a las necesidades de los crecientes flujos de residentes y turistas. Es tan evidente que los políticos no dejan de hablar del tema en campaña electoral. Es tan evidente la necesidad como la presión que ejercen, sobre esos mismos políticos, los operadores que han hecho de los déficits de movilidad de la isla fuente de su riqueza personal. No importa que miles de trabajadores tengan dificultades para moverse en una isla que les obliga a tener coche propio para acudir en hora a sus trabajos. Tampoco preocupa que la deficiente comunicación por transporte público colectivo hace dependientes a menores y mayores de sus familiares motorizados, que a su vez son esclavos de obligaciones que en otros lados atiende el sector público con guaguas, trenes, metros y tranvías a la carta.

Sin movilidad, la libertad es un espejismo. Con una movilidad exclusivamente dependiente de los coches privados y rent a car, la libertad es un lujo solo al alcance de quienes tienen edad, permiso y dinero. Nada que ver con el principio de universalidad de la movilidad de la que tienen que disfrutar las personas al margen de su edad, sexo, raza o condición social.

Lanzarote lleva años sumida en el inmovilismo, en esa tendencia a mantener sin cambios una situación política, social y económica que nos agrava los problemas sobremanera. El político, que debe ser el principal actor social, pasa más tiempo contando y recontando sus apoyos electorales y los costes que tendría para él, y su permanencia en el poder, tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos. Se convierten en una rémora. En un peligro. No tienen ni los mínimos sensores que les alerten de que seguir en esa dirección significa el abismo. Que no hay más salida que afrontar los retos. Y, seguramente, esa valentía será recompensada por una sociedad que nada tiene que ver con aquellos 60.000 lanzaroteños que vieron como el turismo, con todos sus bienes y males, venía a instalarse a Lanzarote. Sin que los políticos lo acepten, su poder ya no se lo dan las cuatro empresas de la construcción, otras tantas de sectores turísticos, alguna de la alimentación y otras del sector comercial y servicios varios. Pero ellos siguen dándole las gracias y gobernando para sus intereses como si fueran ellos quienes les ponen y les quitan. No importa que sean de uno u otro partido. Y lo que es peor, ni edad. Los jóvenes que llegan se encaraman en la montaña de deudas emocionales de sus antecesores y siguen el mismo librito. ¿También con los mismos porcentajes?

Que a estas alturas del siglo XXI, una islita de apenas 800 kms2, emporio económico de referencia turística europea, tenga problemas de movilidad es difícil de entender. Salvo que seas de aquí y sepas de qué va la cosa. Una isla que recibe tres millones de turistas anuales y que tiene una población de unos 180.000 habitantes se mueve casi exclusivamente a base de coches privados y de alquiler, contaminando a tope, llenando las carreteras a tope y ejerciendo una presión económica, social y circulatoria inaguantable sobre la población. A pesar de eso, en plan chirigota, el presidente del Cabildo, el consejero y el alcalde de turno se suman a la empresa familiar que mantiene el servicio deficiente desde el siglo pasado, para anunciar que sustituyen una guagua vieja por una nueva. Sin ruborizarse, sabiendo que gobiernan un pueblo dócil, que vende sus derechos básicos por unos tiques del Saborea y una subvención para el disfraz del carnaval, están convencidos de que con eso queda atendida la demanda que hacen los ciudadanos para tener un transporte público al nivel que se merecen, al mismo nivel que en cualquier otro lado civilizado.

No quieren oír hablar de un plan insular de guaguas que garantice la movilidad de los residentes y turistas, estudiando los flujos del tráfico, los horarios de trabajo,  de las actividades extraescolares y de las fiestas insulares, entre otras cosas. Es realmente sospechoso, que los conductores mantengan cada vez más años los coches porque no pueden afrontar las renovaciones, que se quejen de los costes del mantenimiento de los mismos y del precio del combustible, pero los políticos no mueven ficha para garantizarles a los trabajadores, a las familias y a los propios turistas que lo deseen su movilidad sin asfixiarles más económicamente. Es cruel comprobar que, sabiéndose que los cambios de turnos del sector turístico se producen a las 23:00 horas, en alguna zona turística la última guagua saliera a las 22:30 horas. Tampoco tiene ninguna explicación defendible que no pare ninguna guagua regular en las Montañas del Fuego, centro más visitado de Lanzarote, ni un vecino de Tinajo pueda llegar en un tiempo prudencial a Playa Blanca a trabajar y volver en trasporte público y de forma directa. Si uniéramos la parada del Timanfaya y la de Tinajo con la misma guagua seguro que sería posible y no muy costoso. ¿Pero habrá empresas de transporte discrecional en contra de esos derechos para preservar otros privilegios?

Sinceramente, la movilidad en Lanzarote es un gran problema. Cientos de miles de coches, millones de turistas, carreteras condicionadas por la protección del territorio, accidentes cada día, estrés injustificado por la mala compatibilidad entre vehículos, personas y bicicletas y sin desarrollo de transporte público. Pero todavía es mayor y peor el inmovilismo político. Si no se acaba con el inmovilismo, ni habrá movilidad, ni agua, ni sentido común.