Durante mucho tiempo hemos abordado la salud mental sobre todo desde la enfermedad, y el suicidio, desde la tragedia ya ocurrida. Actuábamos cuando el sufrimiento era visible, cuando la crisis había estallado y solo cabía la respuesta asistencial. Prevenir es lo contrario. Prevenir es llegar antes.
Hablar de bienestar social es hablar de personas. De nuestros mayores, de las personas con discapacidad, de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de las familias y profesionales que cuidan cada día. Por eso, desde el Área de Bienestar Social e Inclusión hemos asumido en esta legislatura un objetivo claro: hacer de Lanzarote y La Graciosa unas verdaderas Islas de los Cuidados.
En estos días he hablado con una persona que durante casi tres años vivió una situación que me ha hecho reflexionar profundamente sobre una realidad que, aunque muchas veces permanezca oculta, existe en nuestra sociedad y puede darse en municipios turísticos como es Yaiza.
Supongo que como Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas y actúa según su propia voluntad, el presidente de Colombia tuvo la brillante idea de endosar al todopoderoso la culpa de que el país sufriera el devastador terremoto del pasado 10 de agosto. A todas estas, la Iglesia calladita, no sea que se revuelvan las aguas turbulentas de la pederastia.
Hay momentos en la vida de una democracia en los que determinados acontecimientos dejan de ser simples episodios de la confrontación política y empiezan a convertirse en señales de alarma. Y ese momento llegó.
Hay debates que se resuelven con datos, otros con argumentos y algunos, sencillamente, con la experiencia. Las recientes declaraciones sobre quienes dirigimos los aeropuertos de Canarias, donde se nos tilda de "paracaidistas" y, en cierto modo, de desterrados y despreocupados, pertenecen, a mi juicio, a esta última categoría.
No suelo participar en polémicas públicas. Quienes ejercemos responsabilidades de dirección sabemos que nuestras decisiones están sometidas al análisis, la crítica y la discrepancia. Es legítimo y necesario para mejorar. Sin embargo, cuando el foco deja de situarse sobre las decisiones para proyectarse sobre las personas, creo que merece la pena reflexionar.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denunciamos la mala situación en la que comienza esta semana el curso escolar 2026-2027, en un contexto caracterizado por la alta conflictividad laboral, la precariedad del profesorado, compromisos incumplidos (como la bajada de ratios), falta de financiación y escasez de medios para atender a los alumnos con necesidades especiales.
Durante casi tres décadas, en Lanzarote no se construyó una sola vivienda pública promovida por el Gobierno de Canarias. Casi tres décadas sin un bloque, sin una grúa, sin una política real capaz de responder a una de las necesidades más elementales de cualquier persona: tener un hogar.
Lo que está ocurriendo en Ceuta debería hacernos reflexionar a todos. No solo a quienes tenemos responsabilidades políticas, sino al conjunto de la sociedad española. Porque Ceuta no es un territorio aislado, ni lo que sucede allí puede entenderse únicamente como un problema de la ciudad autónoma. Ceuta es España y es frontera de Europa, de la misma manera que lo es Canarias. Y quienes conocemos de cerca la realidad de nuestras islas sabemos que cuando la presión migratoria aumenta de manera extraordinaria, las consecuencias terminan repercutiendo directamente sobre los servicios públicos, sobre los municipios y sobre los ciudadanos.
La primera vicisitud a la que nos somete la vida está ligada intrínsecamente al azar, a la suerte de que el conjunto de genes que nos hacen humanos prospere en uno o en otro lugar del mundo. Nacer en un país y en un estrato social concreto marca irremediablemente el destino de las personas, y en una gran parte del mundo, el azar las condena a la miseria.
