Opinión

A finales de los años noventa del pasado siglo se extendió en el Archipiélago una amplia sensibilidad sobre el crecimiento turístico y sus consecuencias, junto a una elevada preocupación en torno a la protección del territorio y del medio natural. Tenía, entre otros precedentes, movilización social para salvar El Rincón (Tenerife) y Veneguera (Gran Canaria). También significativas manifestaciones en islas como Lanzarote reclamando la contención del modelo turístico. Y una de las propuestas centrales de aquel amplio movimiento social era el establecimiento de una moratoria en el crecimiento de nuevas plazas alojativas. En consecuencia, el Gobierno que presidí (1999/2003) tomó decisiones trascendentales en la apuesta por un desarrollo sostenible en las Islas y, en la definición de un modelo turístico contenido y con futuro.

Es la primera vez que escribimos a cuatro manos, y, aunque como aprendiz, el placer es todo mío, mi padre me recuerda lo que mi abuelo Alfonso le decía a él: “nunca dejamos de ser aprendices”. Ambos consideramos oportuno escribir esta columna, Mateo desde Madrid y yo en Lanzarote, un día de septiembre de 2026, por una razón que me arrogo como padre: mi hijo es un actor importante, el más importante, de la celebración de dos aniversarios estrechamente conectados con nuestra familia.

Lanzarote tiene un talento casi poético para la memoria selectiva. Durante el mandato anterior del PSOE y Loli Corujo, nos acostumbramos a una lógica política insular fascinante: para resolver el problema de la vivienda bastaba con un titular semanal indignado, un par de fotos oficiales en moqueta y el sobado argumento de la «falta de competencias». Sin embargo, las cifras no mienten. En 2021, el Gobierno del PSOE pidió un crédito de 23 millones de euros para la isla, prometiendo a bombo y platillo que más de 13 millones irían destinados a vivienda pública. ¿Saben cuántos euros terminaron ejecutándose realmente de esa partida? Exactamente cero euros. Un cero redondo, imponente y vergonzoso que dejó las gavetas de este Cabildo vacías de proyectos y a miles de familias esperando una solución que nunca llegó.

Durante mucho tiempo hemos abordado la salud mental sobre todo desde la enfermedad, y el suicidio, desde la tragedia ya ocurrida. Actuábamos cuando el sufrimiento era visible, cuando la crisis había estallado y solo cabía la respuesta asistencial. Prevenir es lo contrario. Prevenir es llegar antes.

Hablar de bienestar social es hablar de personas. De nuestros mayores, de las personas con discapacidad, de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de las familias y profesionales que cuidan cada día. Por eso, desde el Área de Bienestar Social e Inclusión hemos asumido en esta legislatura un objetivo claro: hacer de Lanzarote y La Graciosa unas verdaderas Islas de los Cuidados.

En estos días he hablado con una persona que durante casi tres años vivió una situación que me ha hecho reflexionar profundamente sobre una realidad que, aunque muchas veces permanezca oculta, existe en nuestra sociedad y puede darse en municipios turísticos como es Yaiza.

Supongo que como Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas y actúa según su propia voluntad, el presidente de Colombia tuvo la brillante idea de endosar al todopoderoso la culpa de que el país sufriera el devastador terremoto del pasado 10 de agosto. A todas estas, la Iglesia calladita, no sea que se revuelvan las aguas turbulentas de la pederastia.

Hay momentos en la vida de una democracia en los que determinados acontecimientos dejan de ser simples episodios de la confrontación política y empiezan a convertirse en señales de alarma. Y ese momento llegó.

Hay debates que se resuelven con datos, otros con argumentos y algunos, sencillamente, con la experiencia. Las recientes declaraciones sobre quienes dirigimos los aeropuertos de Canarias, donde se nos tilda de "paracaidistas" y, en cierto modo, de desterrados y despreocupados, pertenecen, a mi juicio, a esta última categoría.

No suelo participar en polémicas públicas. Quienes ejercemos responsabilidades de dirección sabemos que nuestras decisiones están sometidas al análisis, la crítica y la discrepancia. Es legítimo y necesario para mejorar. Sin embargo, cuando el foco deja de situarse sobre las decisiones para proyectarse sobre las personas, creo que merece la pena reflexionar.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denunciamos la mala situación en la que comienza esta semana el curso escolar 2026-2027, en un contexto caracterizado por la alta conflictividad laboral, la precariedad del profesorado, compromisos incumplidos (como la bajada de ratios), falta de financiación y escasez de medios para atender a los alumnos con necesidades especiales.