El artículo 117 de nuestra Constitución dice que "La justicia emana del pueblo..", se puede considerar como una delegación popular al estado. Sin embargo, en los últimos años la consideración pública de este poder ha disminuido.
Según estudios recientes, la confianza institucional en la justicia no aprueba (4,9 sobre 10) y si se juzga un escándalo político disminuye al 3,7. Solo el 40% de los españoles cree en la independencia del poder judicial, frente al 57% europeo. Dinamarca, Suecia o Alemania están por encima del 80%. Más del 65% de los encuestados cree que existe lawfare (guerra judicial o judicialización de la política). Una amplia mayoría (82%) piensa que es demasiado lenta (*). Estas cifras son concluyentes. Respaldan una notoria desconfianza ciudadana. Existe un claro daño en prestigio e imagen.
Los plazos suelen ser demasiado largos. Hay casos que tardan en instruirse 16 años y otros en juzgarse más de 13 años. Luego, cuando llega la condena, se alega dilación indebida como atenuante. Existe la impresión que, dependiendo de quién sea el acusado, la velocidad procesal es diferente. Aunque suene a tópico, la justicia tardía no es justicia.
El lawfare existe, lo han padecido algunas fuerzas políticas. Instrucciones que en pocos meses ya se sabía que no había causa, se mantuvieron abiertos años, buscando el castigo mediático con fines electorales. Un ejemplo es el acoso a la familia del presidente del gobierno. La ciudadanía no entiende como un corruptor y corrupto (Víctor de Aldama) no entra en prisión ni tampoco devuelve el botín obtenido con malas artes como exigía la fiscalía. No es creíble que para unos el borrado de mensajes de su teléfono móvil sea casi una confesión de culpabilidad y para otros ni siquiera se considere. No pueden haber dos varas de medir.
Tampoco está claro el proceder ante las muchas filtraciones sobre causas judiciales abiertas. Todas se rigen por la misma ley, pero solo algunas se investigan. Las sentencias condenatorias deben estar basadas en pruebas, no en indicios e inferencias dando credibilidad solo a algunos testigos. Se está creando una nueva jurisprudencia.
Colaboran a esta desconfianza las acusaciones populares, que fueron creadas para que personas que no tienen intereses en una causa puedan intervenir en ella. No buscan la verdad ni hacer justicia. La acción judicial es solo una palanca para hacer oposición política, extorsión o directamente chantaje. Algunos jueces admiten a trámite acusaciones solo basadas solo en recortes de prensa. Otros más valientes, los han expulsado de la causa. Aquí sus señorías tienen que ponerse de acuerdo.
Un juez es un funcionario público, que cobra de nuestros impuestos y se debe al común, no al corporativismo, concepto que ha ido decayendo en todos los cuerpos estatales y poco en la judicatura. En el último año judicial de más de 5500 jueces, solo 15 fueron sancionados. Hay que ser más estricto en la aplicación del reglamento disciplinario.
La mayoría de los juzgadores solo quieren hacer bien su trabajo y son poco responsables de este deterioro. Otros, los menos, sabedores de su impunidad anteponen sus ideas a la imparcialidad debida. No se hace política desde un juzgado. Quienes quieran participar deben presentarse a las elecciones. Es urgente una reforma.
(*) Fuentes: diarios El País y El Diario.
