Cada 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. Una fecha que, más allá de publicaciones institucionales, fotografías y mensajes de compromiso, debería servir para hacerse una pregunta incómoda: ¿están las administraciones respondiendo de verdad a lo que necesitan los jóvenes?
Con ocasión de mi último viaje como senador por las islas de Lanzarote y La Graciosa y miembro de la Mesa del Senado del Reino de España a Costa Rica y El Salvador, con más algunas de las circunstancias que se están dando en la política española, pude comprobar cómo a veces el Estado devora las libertades que dan sentido a la democracia en el contexto de proteger su eternidad.
Los graves acontecimientos que se produjeron hace unos días en Ceuta reiteran, una vez más, la enorme capacidad de Marruecos para presionar y chantajear al Estado español y a la Unión Europea. En esta ocasión, movilizando y facilitando la entrada en la ciudad autónoma de unas 70.000 personas, de los que unos 2.000 son menores; sucesos que, dramáticamente, se saldaron con la muerte en sus costas de unos 150 hombres y mujeres jóvenes, de los que, de forma deshumanizada, casi ni se habla. Una movilización masiva en un país en que nada se mueve sin la autorización del Rey, Mohamed VI, más envalentonado hoy, si cabe, por el apoyo que recibe de Netanyahu y de Trump. Hay varios antecedentes de actuaciones similares y, no les quepa duda, volverán a producirse en el futuro por sus ambiciones expansionistas y por la debilidad de las respuestas españolas y europeas.
A ver si va a tener razón Jorge Luis Borges cuando se aventuró a decir: “Tengamos paciencia, quizá algún día desaparezca el periodismo”, aunque, entre risas, matizó: “Es mejor que eso no ocurra enseguida, ya que ustedes se quedarían sin trabajo”, ¡Y yo, maestro! Lo dijo en el año 79, en una charla con periodistas durante el Mes de las Letras en la Sociedad de Distribuidores de Diarios, entidad argentina fundada en el 45 que agrupa a los titulares de líneas de distribución de publicaciones periódicas.
Hace no muchas décadas, Lanzarote exportó al mundo una lección revolucionaria: el turismo no tenía por qué destruir la identidad de un lugar; al contrario, debía adaptarse a ella. Aprendimos que el visitante venía buscando nuestra autenticidad, nuestro paisaje y nuestra forma de entender la vida. Hoy, lamentablemente, parece que hemos invertido la fórmula. Hemos empezado a diseñar una isla pensada exclusivamente para el que pasa aquí una semana, olvidándonos de quienes sostenemos este territorio los 365 días del año.
Lanzarote tiene tesoros en sus entrañas.
No me refiero a la olivina, ni al calor de sus volcanes o a monumentos como la Cueva de los Verdes o los Jameos del Agua.
Considero positiva la decisión del Gobierno estatal de asumir una parte importante de la deuda de las comunidades autónomas, algo más de 83.000 millones de euros, y que en el caso canario asciende a 3.259 millones. Es, sin duda, una buena noticia. Así lo entendió Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) desde un primer momento, aunque matizando algunas de sus formulaciones y cantidades. Curiosamente, la aplauden hoy también aquellos, como Coalición Canaria, que hace apenas un año, de forma demagógica e irresponsable, habían calificado esta condonación como un agravio a Canarias para regalarle dinero a Cataluña. Y señalado, incluso, que la propuesta aumentaría la deuda per cápita canaria con el Estado. O dijeron un disparate entonces o bien aquello tan negativo y perverso se transformó milagrosamente en una circunstancia exitosa, que encima, sin ruborizarse, tratan de apuntarse.
El no por el no al cambio climático y la falta de adaptación a una realidad incuestionable, por mucho que negacionistas y partidos de derecha lo reduzcan a poco más que una fanfarria, tiene compungida y en vilo a buena parte de la población española, malograda por los devastadores incendios forestales y sus gravísimas consecuencias en pérdidas de vidas y destrucción medioambiental y material.
El Gobierno tuvo que declarar 211 zonas afectadas por episodios catastróficos en catorce de las diecisiete comunidades autónomas del país, especialmente por incendios producidos entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026, y todavía queda verano por delante.
Hay titulares que no necesitan interpretación. Basta con leerlos. Un inmigrante marroquí grita: «¡Viva Pedro Sánchez y viva España!». Quizá sea la frase que mejor resume la política migratoria del actual Gobierno.
Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2026 se han computado 2.974 denuncias por violencia de género, 131 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 4,6%. El número de mujeres víctimas de la violencia de género pasó de 2.482 a 2.672, un aumento del 7,7%. Somos la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta del Estado, 23,4 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres.
El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas y regula el complemento de insularidad para Baleares.