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Detenido por golpear a otra persona y hacerle una brecha en la cara en Playa Blanca

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y denunciado a otras 20 en una zona comercial de Lanzarote en los últimos tres meses por consumo y venta de drogas. Se reforzó el dispositivo a raíz de varias informaciones, tanto de comercios como de ciudadanos de la zona. Los servicios fueron realizados por agentes del Puesto Principal de Yaiza y del GIR de Lanzarote

La Guardia Civil en Lanzarote ha detenido en diferentes servicios  entre los pasados días 10 y 11 de enero a dos personas por sendos delitos de lesiones y contra la salud pública, además ha denunciado desde el pasado mes de noviembre 20 infracciones administrativas a la Ley de Seguridad Ciudadana por consumo y tenencia en la vía pública de drogas tóxicas, todo en la zona de la Calle Limones de Playa Blanca.

 

Detenciones

La Guardia Civil realizó las detenciones entre los citados día 10 y 11, deteniendo primero a un ciudadano extranjero de 30 años de edad e iniciales Y.E. – con antecedentes policiales de la misma naturaleza- como presunto autor de un delito de lesiones, al golpear a otra persona  y ocasionarle una brecha en el rostro, precisando de atención facultativa.

En otra actuación la Guardia Civil detuvo a una persona de nacionalidad española, 25 años de edad e iniciales D.C.M. -con antecedentes policiales de la misma naturaleza-  como supuesto autor de un delito contra la salud pública, al ser sorprendido mientras vendía marihuana en la vía pública.

Denuncias administrativas

Paralelamente se reforzó la vigilancia en la zona para eliminar el menudo y consumo de sustancias estupefacientes en la calle, siendo tramitadas 20 denuncias administrativas por infracciones al artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, interviniendo los agentes diferentes tipos de droga como cocaína, marihuana y hachís.

Tanto las denuncias como las sustancias estupefacientes incautadas han sido remitidas a la Delegación del Gobierno en Canarias, organismo encargado de tramitar los correspondientes expedientes sancionadores conforme a la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo Común, enfrentándose los infractores a posible multas económicas superiores a 601 euros.

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