Opinión

El no por el no al cambio climático y la falta de adaptación a una realidad incuestionable, por mucho que negacionistas y partidos de derecha lo reduzcan a poco más que una fanfarria, tiene compungida y en vilo a buena parte de la población española, malograda por los devastadores incendios forestales y sus gravísimas consecuencias en pérdidas de vidas y destrucción medioambiental y material.

El Gobierno tuvo que declarar 211 zonas afectadas por episodios catastróficos en catorce de las diecisiete comunidades autónomas del país, especialmente por incendios producidos entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026, y todavía queda verano por delante.

Hay titulares que no necesitan interpretación. Basta con leerlos. Un inmigrante marroquí grita: «¡Viva Pedro Sánchez y viva España!». Quizá sea la frase que mejor resume la política migratoria del actual Gobierno.

Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2026 se han computado 2.974 denuncias por violencia de género, 131 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 4,6%. El número de mujeres víctimas de la violencia de género pasó de 2.482 a 2.672, un aumento del 7,7%. Somos la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta del Estado, 23,4 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres.

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral del conjunto de Administraciones Públicas y regula el complemento de insularidad para Baleares.

Cuando se cumplen tres años de la actual legislatura, solo cabe hablar de fracaso del Gobierno de Canarias de CC y PP. En unas condiciones muy favorables, en un contexto económico de constante crecimiento, con datos de llegadas y de gasto turístico elevados, disponiendo de una mayoría parlamentaria suficiente y estable, con presupuestos expansivos, con el viento a favor, el Gobierno de las dos derechas ha sido incapaz de tomar decisiones adecuadas para ofrecer soluciones a los grandes problemas de Canarias, como se visualiza en la crisis de la vivienda o en los servicios públicos.  Además de empeñarse en seguir transitando por la senda del desarrollismo sin límites, mientras se mantienen los peores salarios y elevados datos de pobreza.

Aunque los comportamientos han ido cambiando, en buena parte, por los dispositivos de seguridad que hay alrededor de los partidos de fútbol en grandes escenarios y la prohibición en algunos de ellos de entrada a aficionados radicales, en Europa siguen habiendo auténticas batallas campales entre grupos ultras en la previa de los partidos. Vemos desmanes que intimidan y avergüenzan y “celebraciones” convertidas en caldo de cultivo para los violentos.

Hay imágenes que resumen mejor una época que cualquier discurso. Este verano, en La Mareta, esa imagen tiene tres patas: un trípode.

De entre el elenco de prácticas abusivas con las que la banca y otras entidades financieras siguen machacando a nuestros sufridos consumidores, vamos a abordar en este pequeño opúsculo una de las que nos parece más despiadada, cual es que retrasarse en el pago de una mensualidad de un préstamo, las más de las veces no por voluntad de incumplir, sino por un apuro, por un aprieto al que hay que atender. Pues bien, acaecido lo expuesto, la entidad, amén de machacarte a llamadas —hoy ya incluso realizadas mediante inteligencia artificial—, añade automáticamente otros 30 euros bajo el concepto de «gastos por reclamación de posiciones deudoras». «¡Al que no quiere caldo, dos tazas!», dice el refranero popular de nuestra rica lengua española.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Gobierno que aproveche el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para habilitar el crédito necesario que permita recuperar íntegramente las pagas extraordinarias de los empleados públicos(docentes, policías, bomberos, personal estatutario,personal laboral, etc) y restablecer la estructura salarial vigente antes de los recortes aprobados en 2010 cuando gobernaba Zapatero.

El artículo 117 de nuestra Constitución dice que "La justicia emana del pueblo..", se puede considerar como una delegación popular al estado. Sin embargo, en los últimos años la  consideración pública de  este poder ha disminuido.

Según estudios recientes, la confianza institucional en la  justicia no aprueba (4,9 sobre 10) y si se juzga un escándalo político disminuye al 3,7. Solo el 40% de los españoles cree en la independencia del poder judicial, frente al 57% europeo. Dinamarca, Suecia o Alemania están por encima del 80%. Más del 65% de los encuestados cree que existe lawfare (guerra judicial o judicialización de la política). Una amplia mayoría (82%) piensa que es demasiado lenta (*). Estas cifras son concluyentes. Respaldan una notoria  desconfianza ciudadana. Existe un claro daño  en prestigio e imagen.

Los plazos  suelen ser demasiado largos. Hay casos que tardan en instruirse 16 años y  otros en juzgarse  más de 13 años. Luego, cuando llega la condena, se alega dilación indebida como atenuante.  Existe la impresión que, dependiendo de quién sea el acusado, la velocidad procesal es diferente. Aunque suene a tópico, la justicia tardía no es justicia.

El lawfare existe, lo han padecido algunas fuerzas políticas. Instrucciones que en pocos meses ya se sabía que no había causa, se mantuvieron abiertos  años, buscando el castigo mediático con fines electorales. Un ejemplo es el acoso a la familia del presidente del gobierno. La ciudadanía no entiende como un corruptor y corrupto (Víctor de Aldama) no entra en  prisión ni tampoco devuelve el botín obtenido con malas artes como exigía la fiscalía. No es creíble que para unos el borrado de mensajes de su teléfono móvil sea casi una confesión de culpabilidad y para otros ni siquiera se considere. No pueden haber dos varas de medir.

Tampoco está claro el proceder ante las muchas filtraciones sobre causas judiciales abiertas. Todas se rigen por la misma ley, pero solo algunas  se investigan. Las sentencias condenatorias deben  estar basadas en pruebas, no en indicios e inferencias dando credibilidad solo a  algunos testigos. Se está creando una nueva jurisprudencia.

Colaboran a esta  desconfianza las acusaciones populares, que fueron creadas para que personas que no tienen  intereses en una causa puedan intervenir en ella.  No buscan la verdad ni hacer justicia. La acción judicial es solo una palanca para hacer oposición política, extorsión o directamente chantaje. Algunos jueces admiten a trámite acusaciones solo basadas solo en recortes de prensa. Otros más valientes, los han expulsado de la causa. Aquí sus señorías tienen que ponerse de acuerdo.

Un juez es un funcionario público, que cobra de nuestros impuestos y se debe al común, no al corporativismo, concepto que ha ido decayendo en  todos los cuerpos estatales y poco en la judicatura. En el último año judicial de más de 5500 jueces, solo 15 fueron sancionados. Hay que ser más estricto en la aplicación del reglamento disciplinario.

La mayoría de los juzgadores solo quieren hacer bien su trabajo y son poco responsables de este deterioro. Otros, los menos, sabedores de su impunidad anteponen sus ideas a la imparcialidad debida. No se hace política desde un juzgado. Quienes quieran participar deben presentarse a las elecciones.  Es  urgente una reforma.

(*) Fuentes: diarios El País y El Diario.