Opinión

Cuando un desaprensivo preside un gobierno en cuyo mandato fueron ejecutados con alevosía 6.402 civiles por las Fuerzas Armadas de las que era comandante en jefe para presentarlos como bajas en combate de grupos insurgentes, trofeos de guerra en la búsqueda de popularidad a cuenta de una supuesta seguridad democrática, cuando un gobernante es capaz de perseguir sistemáticamente a defensores de derechos humanos a través de organismos de inteligencia y seguridad del Estado, en hechos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un “demócrata” perfila a periodistas y políticos de la oposición para sus intereses utilizando herramientas de poder para vincularlos con guerrillas, paramilitares, organizaciones mafiosas y hasta para desprestigiar la imagen pública de personas incómodas fabricando montajes de infidelidad sentimental, y así consta con nombres y apellidos en documentos oficiales, o cuando más de cuarenta personas de su anillo más cercano de colaboradores en el gobierno han sido condenadas por distintos delitos, incluidos ministros, parece trivial, a pesar de la gravedad de los hechos, que todo un presidente haya sido sentenciado, en primera instancia, a doce años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno de testigo en actuación penal.

El interés y la influencia de la Iglesia Católica en el archipiélago canario, a partir del redescubrimiento por parte del navegante italiano Lanzarotto Malocello en 1312, fueron profundos y multifacéticos. Este evento marcó el inicio de una era de crecientes contactos europeos y, en consecuencia, el comienzo de procesos de evangelización y debates sobre la esclavitud. La Iglesia jugó un papel crucial en la conformación de la historia de Canarias, a menudo encontrándose en una posición ambigua entre la defensa de los derechos humanos y la justificación de la conquista.

El VI Congreso Nacional de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), celebrado los pasados 26 y 27 de julio bajo el lema Raíces, valores y futuro, sirvió para concluir conjuntamente el intenso trabajo interno de elaboración y debate iniciado hace ya más de seis meses. En sus sesiones se aprobó una ponencia Política que analiza la situación canaria, estatal e internacional. Y que define, además, las grandes líneas de actuación de la organización para el próximo periodo, centradas en la lucha por una vivienda digna y un empleo de calidad, por la defensa de los servicios públicos, en el marco de una Canarias sostenible social, económica y medioambientalmente. Renovando el carácter de izquierdas de la formación y su firme compromiso de buscar alianzas en ese espacio para el próximo periodo. Así como la defensa de los valores democráticos y su rechazo a la extrema derecha y sus políticas reaccionarias, racistas, xenófobas, machistas, homófobas y contrarias al estado social.

 Es el título de la canción escrita por el compositor colombiano Rafael Campo Miranda que describe con tristeza y nostalgia el auge, decadencia y olvido del muelle de Puerto Colombia, la instalación marítima por donde entró el desarrollo económico y social del país entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, una terminal que conectaba la localidad porteña con Barranquilla por línea de ferrocarril.

Durante años, el discurso sobre las viviendas sociales ha girado en torno a la premisa de que deben estar destinadas a las familias más vulnerables, aquellas que se encuentran en situación de extrema precariedad. Y es cierto. Nadie puede cuestionar este punto. Sin embargo, ¿qué ocurre con todas esas personas que, aún trabajando, no pueden permitirse un hogar?

La Flotilla de la Libertad fue creada en 2010 como una coalición pacífica en solidaridad con el pueblo palestino con el propósito humanitario de llevar ayuda a Gaza cuando Israel ha bloqueado el acceso.

El pasado sábado se producía un nuevo acto terrorista por parte del ejército israelí, cuando este asaltaba y secuestraba a los miembros de la tripulación del barco Handala, de la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales, cuando se dirigía a romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza.

El diccionario de la RAE define  corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como "práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Esta lacra, de larga memoria histórica, constituye  un  problema importante  para nuestra democracia. 

En el actual contexto político de polarización, donde parece cobrar mayor valor el disenso frente al acuerdo, la búsqueda de consensos se convierte en un anacronismo, un arte en peligro de extinción. Sin embargo, hay ocasiones en las que, frente al ruido y la división, el consenso no es solo deseable, sino imprescindible, y la futura revisión de nuestro Régimen Económico y Fiscal es una de ellas.

El  apagón en La Gomera en agosto de 2023 provocó una serie de decisiones del Gobierno de Canarias que perpetúan un modelo energético obsoleto.

El Gobierno de Canarias declaró la Emergencia Energética y convocó un concurso exprés para nuevas plantas de refuerzo energético en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Dos años más tarde, se han publicado las ocho plantas propuestas que, aunque están diseñadas como soluciones temporales y funcionarían solo en caso de fallos energéticos, lo harían quemando diésel o propano, combustibles fósiles y contaminantes.