Opinión

Distintos informes presentados recientemente confirman a Canarias, una vez más, como una comunidad con elevados niveles de pobreza y exclusión social. Mostrando, asimismo, una sociedad en que la riqueza se concentra en un porcentaje pequeño de su población y en el que apenas se produce movilidad social, es decir, en la que resulta muy difícil mejorar la posición socioeconómica personal o familiar. Apuntando, además, al significativo impacto de los gastos en vivienda en un mayor empobrecimiento de los sectores más vulnerables. Una realidad ante la que se hace preciso actuar.

Una nueva fobia está recorriendo la isla. Afecta muy especialmente a aquellos que temen perder su posición de poder si el pueblo despierta y se deja de vender por tres saboreas y un concierto y exige que se mande a parar. Se trata de un temor incontrolado a que la gente de esta isla gane en calidad de vida. Si oyen decir que hay que proteger nuestro frágil territorio insular, fuente de inspiración y atracción de propios y extraños, ya empiezan a manifestar malestar general. Si les hablas de la necesidad de implantar un transporte público colectivo, que atienda las necesidades de movilidad de forma sostenible, les da un ataque de amiguismo tan entrañable como sospechoso e insoportable.

En Canarias seguimos perplejos y completamente consternados ante el suceso que sobrecogió los corazones de la ciudadanía canaria, tras el naufragio de una patera en El Hierro en la que viajaban 60 personas. De hecho, el relato es aún más desolador, pues volcó la barcaza, al parecer, tras ponerse en pie para hacer señales a Salvamento Marítimo.

Ante el fenómeno global de la movilidad de seres humanos, existente desde siempre; la actualidad migratoria de Canarias; la información sesgada que pone interesadamente el foco en aspectos negativos para réditos políticos; y la catarata de noticias y mensajes descontextualizados que lanzan partidos de derecha y derecha ultra, y también alguno que otro nacionalismo simplón, y medios de comunicación afines; pues me interesé mucho más en la séptima edición del Congreso de Periodismo de Migraciones promovido por la Fundación porCausa, que aunque tuvo lugar esta semana en Mérida (Extremadura), los días 9 y 10 de octubre, la organización facilitó su seguimiento virtual, hecho que se agradece, porque una cosa es generar contenidos y otra bien distinta hacer periodismo.

Quien me conoce lo sabe. Y lo llevo bien. Soy polemista por naturaleza. Y por eso no soporto a la gente falsa, como ese adulón que se te aposenta en el trasero y te deja las hemorroides como los chorros del oro. Y tampoco sé disimularlo. Me saca de quicio esa gente que sabes que te pone por los cielos en tu presencia con tanto fervor y pasión como te pone a caer de un burro en tus ausencias. De esos, hay un montón. Podría dar una lista muy larga donde destacarían compañeros de profesión y correrías. Precisamente por eso valoro más a los que me cuestionan con sinceridad. No el tocapelotas que provoca situaciones desagradables por divertimento ni el envidioso que quiere convertir tus victorias en fracasos porque no soporta tu éxito. No, hablo del que no te deja que te crezcas en lo que él considera una ensoñación tuya. Y acepta pleitear contigo. Y está dispuesto, al final, a darte la razón. Aunque lo importante es que ya te ha dado la oportunidad de conocer su opinión, de poder rebatírsela y de poder singularizarle, para sus dudas, tu planteamiento.

El reciente comunicado de la policía local de San Bartolomé, en el que se solicita la dimisión del concejal de personal Antonio Rocío, ha sacudido aún más el ya agitado panorama político del municipio. A simple vista, podría parecer un conflicto más entre el cuerpo de seguridad y la administración local, pero lo que subyace es una crisis de liderazgo que señala directamente a Isidro Pérez. Y es que, aunque Pérez trate de mantener una imagen de control, lo cierto es que este último episodio demuestra que quien realmente maneja los hilos es Rocío, mientras Isidro, aunque lo intente, no puede imponer su autoridad ni resolver el conflicto.

Rayco y Ángel García son dos hermanos, dos deportistas que practican lucha canaria. Rayco empezó a luchar cuando era un adolescente, lleva unos veinte años descalzándose para saltar al terrero y medirse con otros luchadores. Ha militado en tres equipos, el de su pueblo, Tías, donde aprendió a luchar; El Unión Norte, donde estuvo los últimos siete años y, ahora, en San Bartolomé, con el que inicia nueva aventura y temporada. Ángel apenas lleva seis años luchando. Se inició en el Unión Norte, aunque es natural de Tías y vive en este pueblo, porque allí luchaba su hermano y allí quería experimentar con él, después de acabar su carrera de economista. Al año siguiente, después de conseguir su clasificación de destacado C, quiere probar en la máxima categoría de la lucha canaria y ficha un año por el Unión Norte de Fuerteventura, otro por el Saladar de Jandía y pasa un tercer año majorero en Tetir, donde se lesiona y queda un año retirado de los terreros. El año pasado volvió al Unión Norte, con su hermano Rayco, y allí sigue.

En el acuerdo para la reforma de las pensiones del pasado mes de julio, el Gobierno incluyó un apartado que perseguían las patronales y que firmaron CC OO y UGT: impulsar a que las Mutuas gestionen las bajas laborales comunes de origen traumático con el objetivo de “evitar la prolongación innecesaria de los procesos”. Es decir, alentar a los trabajadores a que vuelvan a trabajar incluso cuando no están bien.

"Esa sobreabundancia de turismos no debe ocultar la existencia de un número no pequeño de hogares en los que no se cuenta con ningún tipo de vehículo motorizado, cifrado en un 16,4% del total". "También es llamativa la proporción de la población de Lanzarote que no puede conducir automóviles, que asciende al 46% del total o al 30% si no se tiene en cuenta a los menores de 19 años. Si se contemplan otras circunstancias como la renta, la disponibilidad de automóvil, la condición física, la elección personal u otras razones, se puede afirmar que más de la mitad de la población lanzaroteña no tiene acceso autónomo al uso del automóvil".

El pasado 1 de octubre se cumplió un hito importante en la política de compensación a los sobrecostes territoriales en Canarias. Han pasado seis meses desde que el Gobierno de Canarias aplicó una rebaja de 20 céntimos en las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro). Esta medida, reivindicada de forma persistente por los habitantes de El Hierro, responde a una demanda histórica de justicia territorial y de igualdad para aquellas islas no capitalinas donde el coste de la vida, en especial del combustible, es significativamente más alto.